Por Luis Villacís M.
El Estado ecuatoriano es responsable de la seguridad social, es una disposición constitucional.
El IESS entrega sus prestaciones a afiliados y jubilados financiándolas con aportes de los afiliados y con recursos estatales que el gobierno debe entregarlos por disposiciones legales.
Con el aporte del 40% a cargo de Estado, se cubren las pensiones jubilares, la atención médica de jubilados de los campesinos e hijos de afiliados. Estos deben ser incluidos en el presupuesto estatal cada año, pero la práctica de los diferentes gobiernos ha sido la de recibir la solicitud presupuestaria, pero nunca asignar todos los valores, sino solo una parte, lo que acrecienta la deuda con el IESS. Entre el 2008 y 2020 se han firmado decenas de convenios cuya característica es el anuncio de la firma con un abono inicial en efectivo y el olvido. Se estima que los valores ascienden a unos 7000 millones de dólares.
En el gobierno de Rafael Correa se tomaron dos decisiones que perjudicaron al Seguro de pensiones: la eliminación del 40% de los aportes para pensiones y la resolución 501 que redistribuyó los recursos que llegaban para este seguro al seguro de salud. Ambas medidas ya no están vigentes, la primera porque la Corte Constitucional decidió que era una disposición inconstitucional y la segunda porque el plazo de su vigencia ya terminó. Pero en ambos casos sus perjuicios se mantienen.
Durante el tiempo que estuvo vigente la eliminación del 40% de pensiones el IESS siguió pagando el 100% de la pensión, pero nunca recibió el 40% que le corresponde entregar al Estado. Al respecto un estudio actuarial realizado por el IESS determina que el perjuicio de ambas medidas en contra del IESS asciende a unos 9000 millones de dólares. Ese estudio actuarial fue aprobado por el Consejo Directivo de la época.
El IESS sostiene que al 2022 el Estado le adeuda unos 8500 millones de dólares desglosados en aportes del 40% de los últimos años, deuda en salud, al Seguro Social Campesino, devolución del IVA y otros rubros la deuda del gobierno asciende a 24 000 millones de dólares.
Sin embargo, el propio IESS solo reclama 8500 millones y el ministerio de Finanzas apenas negocia sobre 4 700 millones y, si las negociaciones continúan, estaría dispuesto a reconocer unos mil millones adicionales., Es decir, valores inferiores a los propuestos por el IESS. La deuda que el gobierno reconoce por concepto de aporte apenas es de 500 millones. Adicionalmente existe un rubro de recursos del BIESS entregados al gobierno respaldados con bonos del Estado por unos 8000 millones, que cumplen los pagos de los intereses pactados.
En esas condiciones, se debe exigir el reconocimiento de parte del gobierno del presidente Guillermo Lasso, la deuda por 24 000 millones, no los montos que el ministerio de Finanzas anuncia, ni los que el propio IESS reclama. El siguiente paso es exigir un calendario de pagos que permita al IESS recibir recursos para cubrir sus necesidades de financiamiento y no afectar sus reservas, que el gobierno entregue en los dos años próximos, el doble de las asignaciones
presupuestarias solicitadas por el IESS. Esto sumaría unos 10 000 millones entre el 2022 y 2024, dejando un saldo de 14 000 millones a negociar, encontrando mecanismos que permitan al IESS recuperar sus dineros y al gobierno tener facilidades de pago:
Hasta diciembre de 2022 la cantidad de 2 000 millones que incluye el presupuesto originalmente solicitado y un aporte adicional con cargo a la deuda de salud, Seguro Campesino; el 2024 se duplicara a 4 mil millones de dólares.