Por Annabell Guerrero Pita
En el reciente referéndum convocado por el presidente Guillermo Lasso, la respuesta del pueblo ecuatoriano a las ocho preguntas de enmienda constitucional, referidas a temas de seguridad, institucionalidad democrática y medioambiente fue contundente y la gran mayoría le dijo «No».
El régimen de Guillermo Lasso ha llevado adelante una agenda que ha favorecido a las clases altas en detrimento del resto de la población y ha profundizado la desinversión en áreas como salud y educación; en lo que guarda relación con el empleo y la seguridad, a pesar de ser sus grandes promesas de campaña, no adoptó políticas públicas concretas que permitieran mejorar la situación del país en estos ámbitos y actualmente el país enfrenta altísimos niveles de criminalidad; el año 2022 ha sido uno de los más violentos en la historia del Ecuador con 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, según información oficial.
Sin duda, el rechazo a la ineficiente gestión del presidente Guillermo Lasso jugó un papel muy importante en los resultados del referéndum, pero este, no fue el único factor para la derrota del actual régimen, no nos olvidemos que previo al referéndum, se hizo público un escándalo de corrupción que involucra a Danilo Carrera, su cuñado, como cabeza de una trama de corrupción ligada a las empresas públicas.
El Gobierno nacional utilizó toda la estructura y recursos estatales para hacer campaña por el “si”, buscando posicionar en el imaginario de las y los ecuatorianos que, con estos cambios, se daría una solución inmediata a las necesidades del país, nada más alejado de la realidad, el fondo de este referéndum era incrementar sus poderes fácticos.
Es claro que el actual régimen buscaba, a través de los resultados de las preguntas 5 y 6, mayor concentración de poder. En el anexo de la pregunta número 5, por ejemplo, se establecía que las autoridades de Contraloría General del Estado, Fiscalía, Defensoría Pública, las y los miembros del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, muchas de ellas funcionales a Lasso, serían prorrogadas en funciones:
“Disposiciones Transitorias.
(…) Segunda. – Todas las autoridades cuya designación le compete actualmente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que no han sido legalmente reemplazadas, debiendo serlo, se entenderán prorrogadas en sus funciones hasta que sean reemplazadas previo cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera y culminación del proceso de designación previsto en la Constitución.”[1]
La continuidad de las actuales autoridades significaba una garantía de impunidad a favor del presidente Lasso y de su entorno más cercano; hoy, luego de la derrota electoral, enfrenta un fuerte debate respecto de su permanencia en el poder.
Por todo esto, los resultados del referéndum nos demuestran que las y los ecuatorianos entendieron el trasfondo de la propuesta de enmienda constitucional y rechazaron, no solo la mala gestión de este gobierno, sino también la clara intención de manipulación que había detrás.
Las consultas populares o referéndums deben ser convocados con el fin de que las y los ciudadanos ejerzan su soberanía y no como un mecanismo de manipulación; la democracia directa debe estar encaminada a mejorar las condiciones de vida de la población y consolidar nuestro sistema democrático.
[1] Decreto Ejecutivo 607 de fecha 29 de noviembre de 2022.