Por Isabel Vargas Torres*
Los abusos sexuales en cualquier ámbito son reprochables y constituyen un delito. En Ecuador, la Fiscalía General del Estado, recibe un promedio de 14 denuncias diarias por violación sexual, el 21% son niñas menores de 14 años y de ellas alrededor de 3 000 cada año son niñas madres.
El caso del abuso sexual en contra de una adolescente de 15 años perpetrado al interior de un transporte escolar evidencia la falta de compromiso del Estado para garantizar en el ámbito escolar la protección integral a la niñez y juventud y el debido proceso, para evitar el abuso de poder en el aula o en el contexto de ella.
Existen casos públicos que han sentado un precedente y da la esperanza de seguir luchando contra este sistema y sus manifestaciones de descomposición
Glas Viejó 2014
Es el padre del ex Vicepresidente Jorge Glas, quiebn siendo director de una institución educativa abusó de una estudiante de apenas 13 años; en la denuncia realizada por la madre no se respetó el debido proceso, debido al tráfico de influencias, ya que el hijo del acusado ocupaba el alto cargo de vicepresidente; actualmente sentenciado por actos de corrupción.
Solo la insistencia, persistencia y resistencia de la madre con la ayuda de un grupo de juristas del Colegio de Abogados, impulsaron esta denuncia y varias acciones que llegaron hasta una huelga de hambre y la presión ciudadana. Finalmente el Tribunal Décimo de Garantías Penales del Guayas notificó el 19 de septiembre 2014 la sentencia contra Jorge Glas Viejó a 20 años de prisión por el delito de violación a una menor de edad.
Comisión AAMPETRA 2018
La denominación de la comisión fue en nombre de los 41 estudiantes que fueron agredidos sexualmente en su aula de clases por su profesor quien les amenazaba y torturaba para silenciarlos. El rector de la institución AAMPETRA Luis Naranjo Paredes, interpuso varios recursos legales para evitar el cumplimiento de las acciones de reparación simbólica aduciendo que las medidas “afectan el buen nombre de la institución”. Este fue el detonante para que otros casos de abuso sexual en las instituciones educativas salgan a la luz.
En la memoria de las victimas estará presente el nefasto pasado del correísmo en el cual miles de niñas y niños fueron abusados sexualmente de una manera sistemática; está política fue línea en ese gobierno que, en el afán de destruir a la UNE creó un grupo de docentes para dividir al magisterio y cumplir las órdenes de la patronal; este grupo creado en el correísmo, tenían patente de corso para abusar del poder reflejado en el ,abuso sexual a miles de niños, cuyo responsable político Augusto Espinosa ex ministro de educación, goza de impunidad gracias a su coideario, José Serrano quien logró que no se le llame a juicio político, luego que la Comisión Aampetra entregara su informe final el 15 de marzo del 2018 en el que se establece 10 acciones y omisiones como por ejemplo
•Falta de cobertura de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE)
•Negligencia en la activación de los protocolos de acción.
•No hubo procesos de selección de autoridades inconclusos;
•Acciones de prevención ineficientes.
Esas son cuatro de las 10 observaciones que hizo la Comisión legislativa AAMPETRA sobre la gestión del ministyro de educacion de ese entonces, Augusto Espinosa. La Unión Nacional de Educadores, el Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación de Estudiantes Secundarios presentaron la denuncia en FGE, pero éstas denuncias duermen el sueño de los justos.
Otro de los casos en donde no se respetó el debido proceso, es la agresión sexual por parte del profesor de natación, en una institución educativa privada, a un niño de 4 años a quien para protegerlo se le denominó el Principito. El victimario tenía la protección del Estado a través del respaldo del ex presidente de la República Rafael Correa, su esposa Anne Malherbe y todo el aparataje propagandístico; al igual que en los actuales momentos, trasgrediendo la ley se otorga habeas corpus a los delincuentes, de la misma manera le concedieron a este profesor a quien le sustituyeron la prisión preventiva por la presentación periódica. El colegio no cumplió con la rutas y protocolos como por ejemplo nunca brindó apoyo al niño y su familia, no separaron al profesor, revictimizaron al niño, entre otras.
El caso se hizo mediático y la presión social permitió que se haga justicia y finalmente el agresor José Valdivieso Larco, el 13 de mayo del 2019 fue ingresado a la cárcel a cumplir 22 años de prisión.
Paola Guzman 2020
El 14 de agosto de 2020, Ecuador fue sentenciado por primera vez por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por violencia sexual en instituciones educativas, por el caso Paola Guzmán, violentada por el vicerrector y médico de la Institución educativa; la Comisión concluyó que el “ Estado es responsable, en perjuicio de Paola del Rosario Guzmán Albarracín, por las violaciones de los derechos establecidos en los artículos 4.1, 5.1, 11, 19, 24 y 26 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones de respeto y garantía establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento; del derecho reconocido en el artículo 13 del Protocolo de San Salvador y de las obligaciones indicadas en los artículos 7.a y 7.b de la Convención de Belém do Pará y en el Art. 135 se determina las garantía de no repetición establecidas en el art. 135 de dicha sentencia como son:
a) “Disponer una regulación y mecanismos adecuados de capacitación, detección temprana, fiscalización, supervisión y rendición de cuentas de las entidades educativas públicas y privadas, a fin de prevenir y responder debidamente a situaciones de acoso sexual al interior de dichas instituciones, incluyendo la violencia ejercida mediante los servicios de salud que presenten en las escuelas”;
b) “Diseñar protocolos en los sectores de educación y salud que faciliten la denuncia, confidencialidad y atención de estudiantes víctimas o testigos de actos de violencia sexual;
c) “Incorporar en los materiales de enseñanza obligatoria escolar información adecuada, oportuna y según el nivel de madurez de las niñas y niños orientada a dotarles de herramientas para prevenir y denunciar situaciones de violencia sexual”;
d) “Adoptar campañas educativas y de sensibilización en escuelas públicas y privadas orientadas a enfrentar los esquemas socioculturales que normalizan o trivializan la violencia sexual en este ámbito”.
Como se evidencia hoy una vez más el Estado le da la espalda a la niñez y juventud, lastimosamente se vuelve a repetir la negligencia del Estado comoen los casos antes señalados. La violación perpetrada por parte del conductor de un vehículo de transporte estudiantil, se pudo evitar de aplicarse las reformas a la LOEI por las cuales la Unión Nacional de Educadores lucha y ha planteado, entre otros:
Crear el “Observatorio de Violencia Escolar” a cargo de la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional al Consejo Nacional Cantonal de Protección de Derechos a elaborar informes, estudios y propuestas de políticas públicas para la implementación de los mecanismos de prevención de la violencia en el ámbito escolar.
Implementar y evaluar el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo.
Establecer Mecanismos administrativos de prevención en el contexto educativo.
Establecer hojas de ruta con los organismos del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Sistema Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Sistema de Inclusión Económica y Social, Sistema de Salud, otros sistemas de protección, instancias administrativas, la Defensoría del Pueblo y por igual a los órganos especializados de la administración de justicia.
Incrementar en la malla curricular universidades e institutos que forman docentes, deberán incluir en sus mallas curriculares o programas académicos asignaturas sobre prevención de violencia escolar, violencia sexual, derechos humanos y género
Garantizar el funcionamiento de los departamentos de Consejería Estudiantil de todas las Instituciones educativa pues en la actualidad hay un déficit de profesionales.
Este incumplimiento ratifica lo señalado: los intereses del niño y adolescente son soslayados.
Exigimos a la fiscalía se investigue con celeridad y que «los culpables sean sancionados y se termine esta cadena de impunidad, en la sociedad ecuatoriana»