Por Enver Orna
A propósito de las medidas anunciadas por Richard Martínez.
Bajo el mentiroso título de “Ecuador solidario”, en la noche del domingo 12 de abril, el ministro de economía Richard Martínez, mediante una cadena nacional y posterior entrevista, anunció una serie de medidas económicas y laborales para supuestamente enfrentar el duro escenario económico que vivimos por el impacto de la pandemia del COVID-19.
Bajo un discurso disfrazado de solidaridad y con la palabrería de que “juntos podemos salir”, el ministro se refirió a un conjunto de medidas que en lo esencial benefician a los empresarios y le meten la mano al bolsillo de los trabajadores y los pueblos junto a una inminente vulneración de derechos.
Mientras por un lado se anunció el diferimiento y la exoneración de impuestos a las empresas, por otro lado se habló de reducciones y descuentos al salario de los trabajadores bajo la figura de “contribuciones solidarias”, así como también continuar con la denominada “optimización del Estado” que en la realidad es mantener la política de despidos en el sector público y el interés de en el futuro eliminar los subsidios a los combustibles, escudándose en el discurso de que los mismos benefician a los contrabandistas y a los ricos.
Martínez en distintos momentos de la cadena nacional y la entrevista señaló dos aspectos importantes a ser analizados, hizo referencia a que la realidad superó la legalidad y la necesidad de entablar como norma general el “acuerdo entre las partes” para enfrentar la actual situación y salvar los empleos.
Martínez señalaba una supuesta realidad económica pero la que omitió fue la que todos los ecuatorianos conocemos, aquella en la que cientos de personas no han podido garantizar su derecho a la salud y han fallecido víctimas no solo de la agresividad del COVID 19 sino también por la falta de atención en las instituciones de salud, por la ausencia de medicinas y de insumos médicos como camas hospitalarias y respiradores, fruto de la ausencia, desde hace varios años, de una política gubernamental para atender al sector de la salud.
O la que salió a flote en estos días en la que miles de ecuatorianos no pueden permanecer en cuarentena y cumplir con el aislamiento social para frenar al virus, no por la falta de voluntad sino por la falta de empleo, por el aumento de la pobreza en los últimos años, por no contar con una vivienda digna con todos los servicios básicos o no tener un salario fijo que permita atender sus necesidades materiales y alimenticias.
Realidad que por cierto es el resultado de la política aplicada por diez años en el gobierno de Rafael Correa, régimen en el que campeó la corrupción, la prebenda para determinadas élites económicas y que no solucionó los problemas estructurales de la población, contexto que fue agudizado por el gobierno neoliberal de Lenin Moreno.
Martínez cuando dice que la realidad superó la legalidad parecía un llamado al legislativo para inobservar la actual normativa y dar paso al proyecto de ley mediante el cual se plasmen las medidas anunciadas y se violen derechos de los trabajadores y los pueblos, sin embargo, es necesario recordar a Martínez, y al gobierno de Moreno que vivimos en un Estado constitucional de derechos y justicia y que existe una normativa constitucional que debe ser respetada y es la norma suprema.
La Constitución de la República es clara al referirse al ejercicio de los derechos, el numeral 4 de su artículo 11 señala: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales”, el numeral 6 del mismo artículo indica: “Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía” y el numeral 8 del referido artículo prescribe: “El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas”. (…)
He rescatado estos preceptos constitucionales pues pareciera que bajo la supuesta superación de la realidad se pretende a través del proyecto de ley vulnerar derechos de los trabajadores del país y aplicar una política regresiva en derechos, derechos que tanto la Constitución y el Código del Trabajo los contemplan y que la misma Corte Constitucional los ha desarrollado.
El Artículo 33 de la Constitución señala que “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.
Mas adelante, en el artículo 326 en los numerales 2 y 4 se indica: “Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles (..)” y “A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración” respectivamente.
Es decir no cabe por ningun motivo las reducciones salariales, pues el salario es un derecho inembargable que tiene el trabajador, es el reconocimiento y retribución a su trabajo desarrollado, como también no se puede renunciar al mismo ni a una parte de éste pues no existiría un reconocimiento a su labor.
Además, el artículo 328 de la Constitución menciona que “La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos (…)
El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley (…)”
Respecto a este artículo la Corte Constitucional a través de la sentencia Nº 017-15-SIN-CC pronuncia: “el derecho al trabajo se articula con el efectivo goce de otros derechos reconocidos en la Constitución de la República, como el derecho a la remuneración justa, contemplado en el artículo 328 ibídem. Es necesario recordar que estos derechos, conforme a la propia Constitución, son irrenunciables e intangibles”, más adelante señala: “la remuneración justa constituye un elemento del derecho al trabajo que valora económicamente el esfuerzo físico e intelectual de las personas «para producir bienes y servicios que contribuyen al bienestar de la sociedad; es así que una afectación a esta, acarrea automáticamente una transgresión al derecho constitucional al trabajo”.
Adicionalmente el artículo 91 del Código del Trabajo prescribe que “la remuneración del trabajador será inembargable, (…)”
Junto al discurso de que la realidad superó la legalidad, Richard Martínez dijo que el gobierno incluirá en el proyecto de ley de emergencia humanitaria, un régimen en el que el acuerdo entre las partes será la norma y de esta manera pretender salvar las fuentes de trabajo e incluso acordar aspectos como la jornada laboral y la remuneración. En la entrevista que complementó a la cadena nacional del 12 de abril, Martínez ejemplificó la propuesta mediante el acuerdo al que pueden llegar empleadores y trabajadores para percibir una remuneración inferior a la que inicialmente se pactó en el contrato y diferir por varios meses su pago total.
Si bien tanto nuestra Constitución como la legislación laboral contempla el acuerdo entre las partes, esta se menciona en el marco de la solución de conflictos, pero en estos mismos instrumentos normativos se indica que dicho acuerdo no puede implicar la renuncia de derechos constitucionales y laborales como el salario justo y digno, la jornada laboral o las vacaciones.
Históricamente el famoso “acuerdo entre las partes” ha sido condicionamientos a los trabajadores de parte de los empleadores, nuevas situaciones impuestas a las que los trabajadores se ven obligados aceptar para sostener su puesto de trabajo, lo que abrirá el camino a despidos masivos, precarización laboral y a renuncia de derechos laborales.
Por lo tanto, el real objetivo de las medidas propuestas por el gobierno de Moreno no es la solidaridad para enfrentar al COVID 19, sino buscar resolver sus problemas fiscales, continuar con una política que otorga mayores beneficios a la burguesía y los empresarios y descargar el peso de la crisis en las espaldas de los trabajadores, es decir son políticas solidarias con los de arriba y mezquinas con los de abajo.
Los trabajadores y los pueblos del Ecuador somos solidarios y humanos, en distintos momentos de nuestra historia hemos levantado con fuerza estos valores para salir adelante, para superar momentos dificiles, enfrentar las injusticias y luchar por mejores condiciones de vida, sin embargo no podemos asumir las consecuencias de una política neoliberal que pone por delante el capital y no la vida.
Martínez empezó su declaración señalando que estamos en la etapa de la resistencia de la nación durante el confinamiento, recogiendo esas palabras los trabajadores y los pueblos del Ecuador debemos resistir a las medidas anti populares y anti laborales anunciadas por este representante del gobierno, de los empresarios y del Fondo Monetario Internacional.
Debemos resistir en la defensa de nuestros derechos y levantar con fuerzas la consigna de que la crisis la deben pagar los ricos y no los trabajadores y los pueblos, ¿quieren mas recursos para enfrentar la crisis? Es hora de declarar la moratoria de la deuda externa, renegociar los contratos con las telefónicas internacionales y exigir que los grandes empresarios y banqueros aporten con el país que les ha permitido enriquecerse.