Por: Mateo Rodríguez
Muy suelto de huesos, el gobierno de Moreno objetó totalmente el Código Orgánico de la Salud (COS). El ministro Zevallos, como un trapecista circense, trató de justificar la decisión con una verborrea tecnócrata que pretendía esconder que las dos ministras antecesoras fueron parte de los equipos de promoción y construcción de esta norma.
¿Qué hay detrás de este veto total? Esta es una decisión política que muestra la disposición del Ejecutivo de no permitir se apruebe esa norma pues, no está de acuerdo con su contenido. En otras palabras, el veto total no es un instrumento técnico para mejorar la Ley, sino una herramienta política para impedir su promulgación.
Si bien es cierto, el tema principal en debate fue el de la emergencia obstétrica, no debe haber duda de que existieron intereses oscuros de la industria farmacéutica y de la medicina privada que estaba manejando los hilos de los cuestionamientos al COS. Aunque con algunos límites por la conformación política de la Comisión de Salud de la Asamblea, la norma intentaba regular a las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada y a las de seguros que oferten cobertura de asistencia médica. De la misma manera la disposición general vigésima primera señalaba que “los establecimientos farmacéuticos o sus accionistas no podrán ser propietarios total o parcialmente de prestadores de servicios de salud o de servicios farmacéuticos del Sistema Nacional de Salud”. Pese a lo ambiguo de la normativa de control a las operadoras de salud privada, los empresarios pusieron el grito en el cielo. Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), señaló al respecto que era un documento “super garantista” que “recogió la visión excesivamente burocrática del Ministerio de Salud (MSP), antes que las necesidades del mercado y del desarrollo del sector salud.
Esta decisión política del gobierno significa, un retroceso en la prevención y promoción del derecho a las Salud, se deja en el actual estado de cosas los derechos sexuales y reproductivos; se tolera la criminalización de la mujer que aborta y las clínicas de “deshomosexualización”; se mantiene la ausencia de responsabilidad de las clínicas y hospitales en la mala práctica médica; Se deja a un lado la incorporación de un capítulo sobre el cáncer, mismo que fue producto de la presión social de las organizaciones de personas con esta enfermedad. Por otro lado, se deja el camino pavimentado para que el próximo gobierno desarrolle una normativa de salud, tema al que apuesta Zevallos y su combo, pues son del sector cercano al Borrero, candidato vicepresidencial de Lasso y quien fuera gerente del Hospital Metropolitano.
No cabe duda que la derecha y el empresariado generó un revuelo mediático, utilizó a sus aliados, los grupos religiosos y conservadores, para que desarrollen una campaña de estigmatización al Código para de esta forma pavimentar el camino de su veto. Esta estrategia se cumplió y evidencia que el gobierno de Moreno, pese a la presencia de ciertas figuras que se han auto calificado de “feministas”, nunca le importó los derechos de las mujeres, las niñas y adolescentes.
El veto al COS, más allá de los discursos de la ministra Romo y su séquito, se convierte en una expresión de los intereses de los sectores ultraconservadores y empresariales que gobiernan en Carondelet.