Por Remo Cornejo Luque
“La crisis económica es inherente al sistema capitalista vigente, tiene que ver con el proceso de acumulación y concentración de la producción y de la riqueza en pocas manos, donde los dueños de las grandes empresas, bancos y financieras actúan con fin de lucro, se apropian del trabajo asalariado, a través de la plusvalía, para amasar fortunas, sin importar las condiciones de vida y de progreso de los trabajadores de la ciudad y del campo”.
El 27 de noviembre el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, aseguró que el gobierno de Noboa recibe un país en crisis económica, un país empobrecido, pero, no se atreve a decir que recibe un país donde la riqueza que se genera está mal distribuida y fomenta desigualdad e inequidad social.
Sostuvo que solo existen USD 184 millones en la Cuenta Única del Tesoro, pero no dice que el 22 de noviembre ingresaron desembolsos de créditos de exterior que sirvieron para pagar USD 408 millones de amortización de deuda; no dice que los atrasos de pagos que deja Lasso es de USD 1800 millones con instituciones del sector público y privado, y éstos se agravan porque se necesita para el mes de diciembre USD 1966 millones para pagar: USD 1320 millones de sueldo y bono navideño a los servidores públicos, USD 196 millones de aporte estatal del 40% para las pensiones de los jubilados del IESS, USD 250 millones de transferencias a los gobiernos locales por Modelo de Equidad Territorial, USD 200 millones de intereses de Deuda pública.
Además, señala, que encuentra un déficit fiscal que superará los USD 5 mil millones, es decir el 5% del PIB; USD 63 mil millones de deuda externa e interna; hay un 9% de caída en el ingreso per cápita en los últimos 10 años por el escaso crecimiento en términos reales; el riesgo país se aproxima a los 2 mil puntos básicos, lo que implica que el Ecuador sea excluido del acceso a mercados normales de deuda y complica la atracción de inversiones.
Y la verdad es que este anuncio no puede extrañarnos, puesto que todos los gobiernos, hablemos solo para efecto de graficar, desde la constituyente del 2008, han dirigido los destinos del país a favor de los grandes grupos económicos y financieros. Ninguno ha gobernado al servicio de los trabajadores y pueblos del ecuador.
Veamos algunos datos: En los últimos 8 años del correísmo, según fuente de la Superintendencia de Bancos, en promedio, los bancos obtuvieron USD 395 millones anuales por cobro de servicios a usuarios, sumado a los USD 281,5 millones de utilidad nominal… solo en el último año del gobierno de Correa la banca tuvo utilidades por USD 191 millones. De igual manera el sector empresarial obtuvo ingentes ganancias en el período de la década del correísmo.
La periodista Janet ,sostiene que una expresión de la crisis económica que vivimos es porque el correísmo se tomó USD 9 mil millones de las Reservas Internacionales, se endeudó, se compró bonos del Estado (papel basura, imposible de vender), se dio préstamo al Banco del Estado y a la CFN que brindaron créditos para el sector productivo y hasta ahora se recupera esa cartera vencida, se despilfarró ese dinero, y hoy, entre 2021 y 2023 se empezaron a pagar USD 2496 millones (28% de la deuda total), en el 2024 toca devolver USD 700 millones y USD 2675 millones en los siguientes dos años.
En el año 2022, los Bancos Pichincha y Guayaquil fueron los más beneficiados pues se ahorraron USD 112 millones en impuestos y todos los bancos privados tuvieron un aumento del 48% en sus utilidades. El Banco de Guayaquil está tercer lugar en las entidades financieras con más ganancias, recibieron utilidades de más de USD 95 millones, en comparación con el 2021 que recibieron USD 58 millones. El primer lugar lo ocupa el Banco del Pichincha con ganancias de más de USD 137 millones.
Frente a esta triste realidad económica, se envía, como solución, el Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, con el carácter de económico urgente, donde se plantea una nueva amnistía tributaria, es decir condonación de intereses, multas y recargos a deudores tributarios; es decir, grandes empresas, entre ellos las empresas de la familia Noboa que adeudan USD 88 millones al SRI. Vale recordar que los tres gobiernos anteriores implementaron amnistías tributarias de este tipo, varias fueron durante la década de Correa, otra se dio en el 2020 en el gobierno de Lenin Moreno con la Ley de Simplificación y progresividad Tributaria, y luego en el 2021 en el gobierno de Guillermo Lasso con la Ley de Desarrollo Económico, donde se condonó el 50% de los intereses, multas y recargos, y la situación no mejoró para el país, solo benefició a los grandes empresarios evasores y deudores.
Ese Proyecto del gobierno de Noboa aspira recaudar USD 832 millones por concepto de Reforma Tributaria (léase condonación o remisión), y, además, busca la inversión productiva con capitales base de USD 150 mil; un nuevo régimen de Zonas Francas; exoneración por 10 años de impuesto a la renta para nuevas inversiones en energía renovable; deducción adicional para efectos del pago del IR por el incremento de nuevas plazas de trabajo para jóvenes de 18 a 29 años y para personas que hayan sido sancionadas con penas privativas de libertad, entre otros aspectos. Esto entraría en vigencia a partir del 1 de enero del 2024, pero no se dice cómo resolver el grave problema que se viene en el mes de diciembre, como anotamos en líneas anteriores, ya que por el riesgo país el gobierno no puede emitir bonos ni tampoco adquirir un “préstamo puente” para paliar la difícil situación económica.
Desde el campo popular, venimos levantando propuestas alternativas a la crisis. No es dable que la crisis económica se descargue sobre los hombros de los trabajadores y pueblos. Es necesario implementar medidas inmediatas y a mediano plazo para enfrentar y resolver la grave crisis que vive nuestro país, que la crisis la paguen los ricos, a saber:
• Cobro de la evasión tributaria a los grandes grupos de poder económico por un monto de USD 2552 millones, según informe del SRI.
• Renegociación y Mora de los intereses y amortización de la Deuda Externa por USD 5 mil millones para el año 2024.
• Revisión de los contratos petroleros de prestación de servicios para ahorrar al Estado USD 3000 millones.
• Nacionalización de la telefonía celular para que ingresen al país USD 2500 millones anuales.
• Auditoría y revisión a todos los contratos del sector público con sobreprecios por USD 6 mil millones anuales.
• Derogatoria de la exoneración del pago de impuestos y servicios a 1400 empresas nacionales y extranjeras.
• Redistribución de la riqueza: que se cree una contribución del 1% sobre los activos de los 270 grupos económicos más grandes; así como una contribución del 2 % sobre el patrimonio individual superior al millón de dólares.
• Crear urgente una Ley de Impuesto sobre las grandes fortunas en manos de los grupos hegemónicos, incrementar el impuesto a la renta a las empresas con utilidades mayores al millón de dólares; tasas impositivas máximas a los grandes grupos económicos, así como a las ganancias extraordinarias (de empresas con utilidades que superen el 20% anual sobre el patrimonio); aumentar en 2 puntos porcentuales el impuesto a la renta a las empresas y personas que tengan depósitos en paraísos fiscales.
• Aliviar la economía del sector pequeño y microempresario y así lograr equidad de oportunidades, por ello, la propuesta incluye eliminar el impuesto a la renta para micro y pequeñas empresas, asegurar y reducir el IVA al 10%.