Por Alonzo Cueva Rojas
Nacer en Palanda y Chinchipe es, sin duda, un privilegio, pero también una prueba constante de coraje; pues, implica enfrentarse al lodo, los derrumbes, el aislamiento y cargar con el peso de una promesa incumplida que persiste desde hace casi 28 años.
Para quienes hemos tenido ese privilegio de nacer o crecer en esta parte geográfica de Zamora Chinchipe, el tramo Bellavista-Zumba-La Balsa representa mucho más que una simple carretera; simboliza una deuda histórica derivada del centralismo y la indiferencia burocrática. Hoy, tenemos frente a nosotros una oportunidad crucial, pero la experiencia nos obliga a demandar una fiscalización estricta e integrada.
La retórica oficial ya no puede escudarse en la falta de presupuesto. BID mantiene etiquetado un crédito de 150 millones de dólares exclusivamente para estos 54 kilómetros estratégicos. Sin embargo, mientras el dinero está seguro, la obra sigue atrapada en el laberinto de los trámites en Quito.
Revisando el historial de esta licitación internacional (Proceso EC-L1295-P00001), las fases se han cumplido. Tras el lanzamiento de pliegos y las visitas técnicas de 2025, el hito más crítico ocurrió el 12 de enero de 2026 con la apertura pública de las ofertas físicas.
Desde entonces, el proceso entró en un preocupante hermetismo. El concurso aún no ha sido adjudicado y ninguna empresa ha ganado todavía. Las propuestas siguen bajo la evaluación reservada del Ministerio de Infraestructura y Transporte y el BID. Para Palanda y Chinchipe, cada semana de retraso se traduce en pérdidas agrícolas y vías intransitables.
Es aquí donde los Asambleístas de Zamora Chinchipe deben justificar su curul de manera urgente. Los legisladores locales no pueden ser espectadores en Quito; su rol exige tres acciones inmediatas:
Fiscalizar a los evaluadores: Auditar la calificación para evitar que la obra se entregue a consorcios con historial de abandono.
Blindar los recursos: Presionar al Ministerio de Finanzas para que los fondos del BID no se desvíen a otros gastos estatales.
Exigir empleo local: Garantizar que el contrato obligue a priorizar a los transportistas y trabajadores de nuestra provincia.
Los datos que hoy hago conocer a la opinión pública son reales y constan en los portales del BID y las gacetas del MIT. Lo único que queda en duda es la voluntad del Gobierno para firmar el contrato. Ya es hora de exigir con firmeza que se rompa el letargo burocrático. El sur amazónico ya no quiere discursos; exige maquinaria trabajando en la vía.