Por Jaime Chuchuca Serrano
Aunque el libreto no les funciona, Daniel Noboa y el Fiscal Alarcón recurren a la farsa de las supuestas denuncias político-penales. El Fiscal dice que gracias a 1800-Delito suspendieron al sujeto electoral AMIGO. Retrocedamos un poco. En abril montaron el show de Alias Pablo: un supuesto señor que llama a 1800-Delito para que allane algunas oficinas de CELEC-EP y CNEL. La Secretaría de Comunicación invitó a periodistas a los allanamientos, ¡un día antes de la denuncia! A donde llegó el presidente, los ministros y el Fiscal. Sin pruebas y sin presos, el asunto quedó en la gaveta de las vergüenzas.
El regreso del 1800-Delito
Ahora, en una entrevista, el Fiscal Alarcón explica que gracias a una denuncia al 1800-Delito se supo que AMIGO estaba lavando activos. La denuncia fue recogida por la Unidad Antilavados de la Fiscalía a través de una llamada telefónica.
El 16 de julio, Alarcón hizo una solicitud de 01 foja, sin mayor detalle, y la envío al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Al siguiente día, este último, suspendió a AMIGO por 9 meses, a puertas del proceso electoral. La Fiscalía no notificó a AMIGO y declaró en reserva la investigación. El Consejo Nacional Electoral (CNE) admitió la suspensión casi sin debate. ¿Qué tal la eficacia de 1800-Delito? Pero cuando llama la gente común y corriente, ni contestan.
Sin embargo, el mismo CNE, a través de su presidente Cabrera, ya había presentado el 15 de julio en el TCE una denuncia por una infracción electoral contra AMIGO, por no presentar su informe de cuentas (108-2026), pero no caviló en ningún lavado de activos.
Las Cuentas de AMIGO
AMIGO es un movimiento con escaso porcentaje electoral, sin mayor movimiento económico, como se puede ver en sus cuentas y declaraciones del SRI. Lo mismo revela la lista que Fiscalía envió a través de un correo electrónico. AMIGO a veces ha salido con aliados de izquierda, otras con la derecha.
La entrevista de Noboa y Neira con Carlos Vera, en Radio Centro, deja en claro que el presidente-dictador tuvo la decisión final. En la entrevista, asumió el proceso como si el mismo hubiera ordenado todo al Fiscal, al TCE y al CNE. Este proceso contra AMIGO es similar al que se hizo con la Revolución Ciudadana, aunque de modo directo en el TCE. La razón de todo fue que los correístas iban a participar por AMIGO y los candidatos de Noboa tiene escasas posibilidades electorales.
Los orígenes inciertos de los recursos de ADN
El problema primigenio para Noboa fue que la Alianza Acción Democrática Nacional (ADN) de 2023, con la que ganó el primer período presidencial, no presentó los balances presupuestarios ante el CNE, por lo que este se vio obligado a demandarlo ante el TCE, en la causa 617-2025 y que acabó de sentenciarse.
Las pruebas son de lo más graves y contundentes. ADN no presentó el certificado de apertura del Registro Único de Contribuyentes (RUC); tampoco estados de cuenta, ni datos de los contribuyentes a la campaña; no presentó documentos sobre los orígenes de los dineros para la campaña; y la lista continúa. El CNE no pidió la cancelación de ADN, aunque de acuerdo al Art. 281 del Código de la Democracia, debía hacerlo. Solo solicitó la suspensión de los derechos políticos y la multa.
Este proceso está registrado en los documentos del CNE y el expediente del TCE, pero a la Fiscalía no se le ha ocurrido abrir ninguna investigación por lavado de activos contra ADN. ¿Será que ahora no funciona el 1800-Delito?
Es más, en la propia Sentencia de segunda instancia del TCE, a pesar de toda la ayuda que prestó el juez Ángel Torres Maldonado a ADN, para hacerse de la vista gorda, se determinó que no se puede probar el origen de los recursos de la campaña presidencial de Noboa y sus asambleístas de 2023. No obstante, de toda la prueba del proceso, el juez solo multó al contador de ADN, Adrián Basilio Franco, con 9 mil dólares, ni siquiera a la representante legal, la famosa María Beatriz Moreno Heredia (investigada por narcotráfico y secuestro extorsivo), por supuestamente no habérsele notificado.
El CNE como cómplice de unos y verdugo de otros
El CNE tiene la obligación de verificar el origen de los dineros de la campaña de todos los sujetos electorales, pero ahora se ha vuelto cómplice de estas infracciones y de los delitos, ya no publica en su Web los balances financieros de las organizaciones políticas. No lo hizo en 2023, y tampoco en 2025.
El Art. 359 del Código de la Democracia dice que las cuentas de campaña deben publicarse en las webs de las organizaciones o del CNE. El Reglamento para el Control y Fiscalización del Gasto Electoral indica que los ingresos y gastos deben ser reportados cada 15 días en el CNE y publicados en la Web institucional (Art. 27).
El CNE ha dejado de cumplir con la normativa, con la transparencia, y esto resulta perjudicial incluso para las organizaciones que tiene las cuentas claras. No hay duda que el CNE, el TCE y la Fiscalía se ha ensañado contra las organizaciones políticas de la oposición, mientras ha mantenido los privilegios de ADN. El CNE actuó por la cancelación de Construye e intento lo mismo sobre Unidad Popular. Este tipo de procesos aclaran como funciona la dictadura sobre la democracia.
