Por Alonzo Cueva Rojas
Zamora Chinchipe se desangra en una guerra sin cuartel contra la minería, pero el enemigo no solo viste de camuflaje en la selva; también opera desde las oficinas del Estado. La ola de operativos del gobierno de Daniel Noboa, que destruye de forma sistemática la maquinaria pesada en cantones como Palanda, Yacuambi, El Pangui, Centinela del Cóndor y Nangaritza, no frena la ilegalidad. Al contrario, al aplicarse la misma estrategia destructiva de manera generalizada, la falta de alternativas y de consensos mínimos empuja a toda la provincia hacia una peligrosa escala de violencia con un pronóstico social totalmente impredecible.
La muestra más fehaciente y alarmante de este peligro generalizado ocurrió el día miércoles 19 de agosto en Nangaritza. Un violento operativo en Guayzimi desató el caos absoluto: pobladores y mineros, cansados de ver quemadas las herramientas que sustentan la economía de la zona, se enfrentaron directamente al Ejército. Hubo retención de uniformados, ataques a blindados y gases lacrimógenos en medio del pueblo. Esta respuesta netamente punitiva y desprovista de diálogo rompió la paz social, arrastrando a los ciudadanos a una rebelión desesperada que amenaza con replicarse en los cantones vecinos donde la situación es idéntica.
Este escenario caótico golpea la tranquilidad de las comunidades ribereñas, vulnerables ante recurrentes inundaciones. Si existiera una regularización real para transicionar de la informalidad a la formalidad, la realidad sería otra. Al legalizarse, los operadores locales pagarían tributos reinvertibles en sus zonas y serían sujetos de control para una adecuada remediación ambiental. Además, se protegería el rostro más vulnerable de la actividad: la clase trabajadora. Hoy, miles de obreros laboran sin seguridad social ni medidas de protección; muchos, de hecho, han muerto en el olvido absoluto por el simple hecho de ser catalogados como «ilegales». Al preferir la vía del desorden y el fuego, el Estado arriesga a la provincia a una preocupante anarquía total.
En medio de esto, salta a la vista una paradoja indignante: el Estado otorga un trato privilegiado y «garantista» al gran capital transnacional con contratos blindados y resguardo militar. En contraste, para el minero nativo la única respuesta es la criminalización. Esta flagrante asimetría moral destruye el tejido social y demuestra que las leyes se usan para desplazar al productor local en favor de intereses extranjeros.
¿Con qué legitimidad se quema la herramienta local cuando las agencias de control actúan como extorsionadores? Al audio filtrado del exdirector de ARCOM exigiendo coimas semanales, se suman hechos vergonzosos en el territorio: policías con miles de dólares injustificados en Chinapintza, denuncias de uniformados que liquidan el oro antes de quemar los campamentos, y el insólito robo de 2.5 kilos de oro que, tras ser interceptado en la pista de Cumbaratza, desapareció misteriosamente de las bodegas de la Policía Judicial en Zamora. Cuando las instituciones del orden extorsionan y roban, el Estado pierde toda validez.
Una salida pacífica será imposible si el Gobierno insiste en mirar este conflicto solo a través de la mira de un fusil. La solución no es el fuego, sino la limpieza profunda de la corrupción en ARCOM, la Policía y el Ejército. Zamora Chinchipe exige una tregua, diálogo inmediato y una regularización honesta. De lo contrario, los hechos de Guayzimi serán apenas el inicio de una lamentable rebelión civil que nadie sabrá cómo detener.