Por Alonzo Cueva Rojas /Zamora Ch.
El análisis prospectivo de seguridad y desarrollo en el Ecuador contemporáneo exige una revisión urgente sobre el estado de nuestra soberanía nacional. Asistimos hoy a una flagrante fractura del estado de derecho, donde la planificación estratégica del país ha quedado subordinada a intereses externos. Al amparo de convenios bilaterales ratificados de espaldas al espíritu constitucional, se ha configurado un escenario donde la llamada «cooperación» internacional opera de forma asimétrica, al margen de nuestras leyes y fuera del mando natural de nuestras propias Fuerzas Armadas.
Esta subordinación política y militar ha escalado a niveles alarmantes bajo la mirada cómplice y el auspicio del régimen de turno. Otorgar inmunidad jurisdiccional y privilegios diplomáticos a tropas y contratistas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos implica, en la práctica, que cualquier exceso o delito cometido en suelo patrio será juzgado por cortes foráneas y no por los tribunales de la República. Esta delegación fáctica de la soberanía legal pisotea las normas internas, fractura la institucionalidad judicial y desmantela el principio básico de igualdad ante la ley.
Vivimos una dolorosa paradoja: a pesar de que el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado de forma categórica en las urnas en defensa de su autodeterminación y en abierto rechazo a las intromisiones o bases extranjeras, la realidad fáctica muestra una ocupación tácita. El sobrevuelo y aterrizaje continuo de aviones militares norteamericanos en aeropuertos nacionales, sumado a la persecución, hostigamiento y hundimiento de embarcaciones de pescadores artesanales en nuestras propias aguas jurisdiccionales, configuran un atropello que desborda cualquier marco de cooperación técnica legítima. Cuando fuerzas extranjeras operan sin rendir cuentas a la institucionalidad local ni respetar las libertades civiles de nuestros ciudadanos bajo el pretexto del control antinarcóticos, no se protege a la nación; se debilita su estructura democrática y se precariza la vida en las comunidades del perfil costanero y marítimo.
Frente a esta capitulación institucional, el gran desafío de la planificación contemporánea ya no radica únicamente en la denuncia de la sumisión y el tutelaje imperial, sino en ejecutar una propuesta de transición inmediata hacia la Seguridad Humana Integral.
La solución de fondo exige activar cuatro ejes de acción soberana: en primer lugar, una auditoría jurídica inmediata de los convenios internacionales y la reactivación de mecanismos legislativos para derogar todo acuerdo que vulnere la soberanía legal, restableciendo el principio de que ninguna fuerza armada extranjera puede operar en territorio ecuatoriano con inmunidad penal. En segundo lugar, se requiere el fortalecimiento operativo, tecnológico y ético de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional bajo un modelo técnico de defensa autónoma, dotándolas de recursos para patrullar el mar y el espacio aéreo sin depender de directrices foráneas. En tercer lugar, el Estado debe saldar la deuda histórica con las zonas de frontera, la Amazonía y el litoral, inyectando inversión pública prioritaria en escuelas, hospitales y desarrollo productivo para sustituir la militarización por justicia social territorial. Finalmente, esta defensa republicana debe sostenerse desde las aulas y la organización comunitaria, fomentando una educación emancipadora que movilice al tejido social. La soberanía no se mendiga ni se terceriza; se planifica, se financia y se ejerce democráticamente a través del robustecimiento de nuestras propias instituciones y el respeto irrestricto al mandato popular.