Redacción Opción
Andrés Quishpe, presidente de la UNE nacional. En visita a la ciudad de Guayaquil evaluó la grave situación en la que se encuentra el sector educativo. Primero en el tema de seguridad hay tres alertas emitidas. Una por el Departamento de Defensa de EEUU, que dice que señala que, Guayas, Pichincha, Santo domingo y otras ciudades no sean visitadas por sus ciudadanos por la inseguridad que se vive allí, ese es un golpe económico para el país y añadió que sumado en todas esas provincias hay mas de dos millones de estudiantes, mas de o mil planteles y mas de 120 mil profesores que están amenazados permanentemente por la violencia y la inseguridad.
A eso se suma la alerta roja emitida por la secretaria de Riesgos, por los efectos del fenómeno del niño, donde en un momento señalo que estaban en riesgo mas 3 800 planteles, ahora dicen que son 800 planteles educativos en alto riesgo de ser afectados, sobre todo en la provincia del Guayas, por donde quiera verse la seguridad debe ser un tema prioritario, que el gobierno no lo esta atendiendo en los hechos.
Hay datos oficiales que tiene la UNE y universidades que dicen que el Ecuador ha perdido en los últimos diez años, 600 mil estudiantes, se han cerrado mas de 7 mil planteles educativos. Solo en primer semestre de este año, mas de 300 menores han sido asesinados, 13 profesores han asesinados entre 2025 y 2026; es decir dijo Quishpe no hay espacios educativos seguros. Por ello la UNE ha demandado que se declare en emergencia a la educación para actuar de raíz y no solo de manera formal.
Declarar en emergencia significa priorizar recursos. La UNE ha planteado que, de la reserva que tiene el Banco Central de mas de 13 mil millones de dólares, se tome unos 2 mil millones para invertir en seguridad, fuentes de trabajo y prevenir y atender los efectos del fenómeno del niño y eso es lo que le gobierno no esta haciendo señaló
Andres Quisgpe señalo que la ministra de Educación, Cultura y Deporte, Gilda Alcívar, anunció este 31 de agosto una inversión de USD 52,1 millones y aseguró que 1.705 instituciones educativas fueron intervenidas. Sin embargo, todavía existen 112 planteles que requieren procesos de repotenciación.
El Gobierno debe transparentar estas cifras: ¿cuáles son las instituciones intervenidas?, ¿dónde están ubicadas?, ¿qué tipo de obras se realizaron y cuánto se invirtió en cada una? Estas preguntas son necesarias porque, hasta abril de 2026, de los USD 53,4 millones codificados para proyectos de infraestructura escolar, apenas se habían ejecutado USD 3,8 millones, cerca del 7%, según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas. Razón por la cual el Gobierno debe explicar cómo se relaciona este nivel de ejecución presupuestaria con las más de 1.700 instituciones que afirma haber intervenido.
Como dice nuestro pueblo: para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado.
La seguridad también genera interrogantes. En septiembre de 2022, el Gobierno puso en marcha el Plan Nacional Escuelas Seguras, que priorizó inicialmente 220 instituciones educativas en nueve provincias. Ahora, el denominado Plan Escudo iniciaría con la atención de 450 planteles únicamente en el régimen Sierra-Amazonía.
Que el número de instituciones priorizadas por razones de seguridad prácticamente se duplique no puede presentarse únicamente como un logro. También evidencia la magnitud del problema y obliga a preguntar: ¿Qué resultados dejó el plan anterior?, ¿por qué aumentaron los planteles que requieren atención prioritaria?, ¿con qué recursos funcionará el nuevo plan y se mantendrá durante los 200 días del año lectivo?
La seguridad educativa no puede reducirse a presencia policial temporal. Ecuador necesita un plan integral y territorial para su Sistema Nacional de Educación, con protocolos diferenciados según los niveles de riesgo, protección de las rutas de acceso a los planteles, coordinación con gobiernos locales y organismos de seguridad, mecanismos para modificar jornadas o modalidades ante amenazas comprobadas y acciones de reinserción escolar para evitar que la violencia expulse a más niñas, niños y adolescentes del sistema educativo.
La educación pública no necesita fotografías de autoridades inaugurando el año lectivo ni anuncios millonarios sin resultados verificables. Necesita presupuesto ejecutado, infraestructura digna, docentes suficientes, atención psicológica, alimentación escolar y seguridad permanente.
Por ello, exigimos al Gobierno y al Ministerio de Educación:
Transparentar las cifras anunciadas y publicar las instituciones intervenidas, los recursos ejecutados y los resultados alcanzados.
Declarar la educación en emergencia.
Frente a todos los problemas de inseguridad, que pasan por infraestructura también por las amenazas del fenómeno de El Niño, buscar los mecanismos jurídicos y económicos que permitan destinar USD 3.000 millones de los USD 12.000 millones disponibles de reservas internacionales.
Cumplir las obligaciones pendientes con el magisterio, entre ellas la equiparación salarial y el escalafón docente, y garantizar condiciones dignas y seguras para el ejercicio de la docencia.
Un retorno seguro no se construye con discursos ni cifras sin verificar. Se construye con presupuesto ejecutado, prevención, seguridad permanente y resultados concretos.