Por Lic. Alonzo Cueva Rojas*
El último informe PISA desnuda una verdad incómoda: el sistema educativo ecuatoriano sufre un desmantelamiento estructural. Que apenas el 14,2% de nuestros estudiantes demuestre ser competente con sus conocimientos entendiendo lo aprendido y sabiendo aplicarlo en la vida real, no es un accidente, sino el resultado directo del abandono fiscal crónico y la precarización sistemática de quienes sostenemos las aulas.
Los profesionales de las Ciencias de la Educación formados para guiar desde la primera infancia hasta la enseñanza media, sabemos que esta crisis nace del desacato legal. Mientras la Constitución ordena destinar el 6% del PIB a la educación, el Estado programó en su proforma apenas USD 5.984 millones (4,3% de un PIB de USD 139.046 millones), abriendo una brecha ilegal de más de USD 2.350 millones que se agrava con una ejecución real que apenas roza el 3,8% del PIB.
Las consecuencias de este torniquete financiero destruyen el entorno escolar. PISA revela que el 51% de los estudiantes asiste a colegios con carencias de material educativo (textos, laboratorios e insumos) y el 47% sufre el deterioro de la infraestructura física (edificios, luz, sonido). Además, el 60,1% carece de recursos digitales adecuados; si el 52% de los jóvenes recurre a chatbots de IA, es por la resiliencia de una juventud que busca conectarse al mundo a pesar de la desconexión de sus escuelas. Esta asfixia económica profundiza la desigualdad: el 79,4% de los alumnos del estrato socioeconómico más bajo obtiene un rendimiento deficiente en ciencias (debajo del nivel 2), frente al 31,3% de los sectores más favorecidos, mientras que por género la brecha es del 61,5% en niñas y 59% en niños. El Ineval añade que apenas 2 de cada 10 alcanzan la competencia mínima en matemáticas.
El síntoma más grave se vive en la dignidad del magisterio. El Estado arrastra un déficit crónico superior a los 64.000 docentes, pero el sistema perdió 21.103 profesionales con nombramiento en el último quinquenio. Ese vacío fue parchado con contratos provisionales y de servicios ocasionales que estallaron de cifras marginales a más de 15.300 maestros (el 28,5% del magisterio fiscal). Estos profesionales de la enseñanza llevan muchísimos años bajo la zozobra de la renovación contractual, sin estabilidad, excluidos de los ascensos del escalafón de la LOEI y con salarios congelados.
Un maestro precarizado difícilmente puede contener el quiebre escolar. No es coincidencia que PISA reporte que el 53% de los alumnos llega tarde (frente al 20% en 2018), el 31% registre ausentismo (frente al 24% en 2018), el 21% declare que la indisciplina impide trabajar en el aula y el 27% que sus compañeros no escuchan, mientras 1 de cada 3 sufre privación social. Pese a esto, nuestros estudiantes superan el promedio de la OCDE en resiliencia, adaptabilidad y curiosidad (el 80% mantiene el deseo de aprender frente al 73% de la OCDE). Hay una juventud que quiere avanzar, pero un Estado que la empuja al rezago. Exigir el cumplimiento del 6% del PIB y la estabilidad docente es la última oportunidad antes de que las aulas se terminen de apagar.
*Licenciado en Ciencias de la Educación, Profesor de Segunda Enseñanza y Profesor de Educación Infantil (UTPL)