Por Ab. Juan Pablo Sansur Ode.
El discurso en contra de la corrupción forma parte de la retórica protagonizada por parte del gobierno nacional, porque en la realidad lo que ha hecho el gobierno en el marco de la declaratoria de emergencia de la función judicial es reestructurar el modelo de juzgamiento especializado en corrupción y delincuencia organizada suprimiendo a la unidad porque tenía muy poco trabajo, mientras otros juzgados están atiborrados de casos,
Ahora resulta que las competencias pasaron a la Unidad Penal; sin embargo, para la eliminación de la Unidad Anticorrupción o para que se cambien las competencias de esto jueces especializados hacía falta que la Asamblea Nacional reforme el Código Orgánico de la Función Judicial, previo a que la judicatura tome cualquier decisión, por consiguiente tras las tracaladas de bascosidades e inmundicias, la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, se comprometió públicamente a reformar las leyes para adaptarlas a lo que decidió la judicatura; ahora, se quiere reformar el Código de la Función Judicial para de alguna manera: “legalizar o legitimar lo que ha hecho el pleno del Concejo de la Judicatura”.
La actuación del pleno de la judicatura puede ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad pues se colocó por encima de la ley a una resolución infringiendo el principio de jerarquía normativa, la Contraloría debe investigar este caso pues en la conformación de dicha unidad especializada el país invirtió 1,6 millones de dólares, el gobierno se rasga las vestiduras, se ufana, pregonando a los 4 vientos lo imprescindible que resulta la cooperación internacional y por lo tanto, esta unidad especializada se dio como producto de la cooperación internacional.
Para ello, se gastaron millones de dólares en maestrías de criminalidad compleja, pasantías en la Corte Federal de Puerto Rico, diplomados multilaterales y equipos de seguridad de última generación, todo esto terminó en la basura, toda esa inversión de la cooperación internacional para especializar a los jueces anticorrupción se borró de un plumazo.
En la sesión del pleno del Concejo de la Judicatura del 7 de septiembre el organismo supeditado, subordinado y direccionado por el gobierno, echó por tierra años de financiamiento de las Embajadas de los EEUU e Italia, la OEA, la Unión Europea, la ONU y otras organizaciones de la sociedad civil, la paradoja financiera e institucional se evidencia en los expedientes de los propios magistrados despojados de sus cargos, suspendidos o relegados a despachos civiles, por eso el discurso anticorrupción del gobierno ha sido manipulado, trocado, solamente para perseguir a sus opositores, mientras muchos casos de corrupción no son solventados por parte de una mayoría oficialista del parlamento.
Llueven los casos de corrupción, los cuales no han sido escudriñados: Progen, ATM, el Caso Porche, la corrupción hospitalaria, Dedalus, la falta de ejecución presupuestaria por parte del ejecutivo.
El procedimiento es complejo y grave porque a través de una resolución del Concejo de la Judicatura ,se reformó al menos tres leyes: la Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Lavado de Activos y el Código Orgánico de la Función Judicial, me parece oportuno de que la asambleísta correísta Viviana Veloz, se encuentre reuniendo los argumentos necesarios para iniciar el proceso de juicio político en contra de Mercedes Caicedo y todos los vocales del Concejo de la Judicatura que votaron a favor de la eliminación de la Unidad Anticorrupción, la supresión de esta Unidad, no está apegada a la ley, ni a la Constitución.
El jurista quiteño Ramiro García, se pregunta lo siguiente: ¿se justifica la eliminación de las Unidades Anticorrupción en base a una supuesta baja carga procesal? el mismo se responde: está claro de que esta señora no tiene idea de donde está parada en materia de administración de justicia (Mercedes Caicedo) el problema más bien es al revés, era necesario crear más judicaturas
Y por otro lado, el ex juez Carlos Serrano, señala “la justicia en contra del crimen organizado ha sido tomada como una etiqueta”, el ex juez advierte además que trasladar estas causas hacia Unidades Penales Ordinarias podría generar problemas de carga procesal, seguridad y cuestionamientos sobre la competencia de los nuevos juzgadores y por ultimo cito la expresiones del politólogo Mauro Andino: “¡en vez de suprimir una Unidad Judicial Especializada para poner y sacar jueces en las causas que les interesa políticamente, deberían enfocarse en garantizar y proteger la vida de los operadores de justicia¡”