Por Jaime Chuchuca Serrano
Recordemos la salida de Mario Godoy del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) en febrero de 2026. Enfrentaba un juicio político, denuncias por vínculos con el narcotráfico, y de los de su esposa, Dolores Vintimilla. Godoy era un funcionario a las órdenes de Daniel Noboa. La bancada legislativa de ADN hizo todo lo posible para que se quede en el cargo. Cuando Godoy renunció, tenía que asumir la presidencia de la Judicatura la suplente Alexandra Villacís. El Ministerio del Trabajo, dirigido por Harold Burbano, le inventó un impedimento laboral a Villacís, por una ficticia deuda tributaria en el SRI. Mientras tanto, asumió la presidencia Damian Larco, hombre de confianza de Noboa, y que había desaparecido la deuda de los Noboa en el SRI.
Aunque Alexandra Villacís ganó un recurso judicial que levantaba el impedimento, el Consejo de Participación Ciudadana, la Corte Nacional y el Ejecutivo se confabularon para designar ilegalmente a Mercedes Caicedo. Como jueza, las sentencias de Caicedo siempre estuvieron del lado de los gobiernos de turno. En abril, la Asamblea posesionó a Caicedo en el CNJ. En consecuencia, no extraña a nadie que las resoluciones de la Judicatura, cuando se trata del poder, den la razón al régimen.
El Consejo de la Judicatura encabezado por Caicedo empezó intimidando a varios jueces que habían sacado decisiones que no favorecían al Gobierno. De este modo, se convirtió en un órgano persecutor de magistrados. En julio, en su sesión 095-2026, el CNJ declaró la emergencia para llenar el déficit de jueces; dejó de lado los concursos que ya venían en proceso y aprovechó una “selección y designación temporal de jueces”. Con el pretexto de la emergencia, el noboísmo se integra en la función con sus propios jueces.
La creación ilegal de avatares por el CNJ es una formación de jueces sin rostro para las causas. La reciente decisión de eliminar la Unidad Anticorrupción es otra ilegalidad, para deshacerse de jueces incómodos al régimen. La Judicatura aprovecha la jerarquía para reubicar a decenas de jueces en los lugares más remotos, como una práctica disciplinaria. De a poco, la Judicatura reconstituye las direcciones provinciales. El nombramiento de Carlos Falconí Lindao como Director del Guayas, explica bien como el noboísmo continúa su expansión. Falconí fue asambleísta suplente de Sade Fritschi y abogado personal de Noboa. Este asalto del noboísmo a la función judicial, vulnera la Constitución y toda ley, limita la justicia y solo encumbra los intereses de la oligarquía.