Por Ramiro Beltrán
La afirmación gubernamental de que durante el actual período de gobierno se habrían pagado USD 8.917 millones al IESS, plantea una pregunta trascendental ¿qué significa, haber “pagado” esa cantidad y cuánto de esos recursos ingresó efectivamente al patrimonio disponible de los diferentes seguros sociales?
La respuesta exige revisar las cifras con criterios presupuestarios, contables y financieros, y no únicamente a partir de declaraciones públicas, con sesgo publicitario. El IESS ha reconocido que, un valor devengado por contribuciones del Estado no significa que los recursos hayan ingresado efectivamente.
Para el ejercicio 2026, las cifras que deberán ser contrastadas con el Presupuesto General del Estado, con la documentación oficial del Ministerio de Economía y Finanzas y los registros del IESS, plantean diferencias entre los montos planteados y los asignados para salud, pensiones, Seguro Social Campesino y riesgos del trabajo.
El problema radica en determinar cuánto dinero llegó realmente al IESS, en qué fecha, a qué seguro fue destinado y si el dinero está disponible para atender las obligaciones correspondientes.
En finanzas, es indispensable distinguir cinco momentos: obligación reconocida, valor devengado, pago registrado, acreditación bancaria y disponibilidad efectiva de los recursos. Que una obligación haya sido reconocida o devengada no equivale, a que el dinero se encuentre disponible en las cuentas del IESS; esta singularidad resulta importante cuando se utilizan cifras globales para afirmar que una deuda ha sido “pagada”.
Frente a la afirmación de haber cancelado USD 8.917 millones, la ciudadanía tiene derecho a formular preguntas concretas: 1. ¿Cuál es la obligación reconocida por el Estado?, 2. ¿Cuál fue el valor efectivamente devengado?, 3. ¿Qué monto fue registrado como pagado?, 4. ¿Qué monto fue efectivamente acreditado en las cuentas del IESS?, 5. ¿Qué cantidad quedó realmente disponible y en qué cuentas?
La transparencia exige que estas preguntas puedan responderse mediante documentos oficiales, comprobantes de transferencia, registros contables, certificaciones bancarias y conciliaciones entre el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central, el IESS y el BIESS. El IESS dispone, de un presupuesto consolidado para 2026 aprobado mediante Resolución C.D. 700, lo que permite contrastar las obligaciones y asignaciones con la ejecución financiera correspondiente.
Los aportantes tenemos derecho a conocer qué se reconoció, qué se devengó, qué se pagó, qué se acreditó y qué dinero está realmente disponible para financiar prestaciones y servicios.
La pregunta queda abierta para todos quienes creemos que la seguridad social debe administrarse con transparencia: ¿qué mecanismos de información, control social y comprobación financiera estamos dispuestos a exigir para demostrar, con documentos y no solamente con discursos, que el patrimonio de los trabajadores y jubilados está siendo efectivamente protegido?