Por Remo Cornejo Luque
La estabilidad democrática en Ecuador enfrenta un grave retroceso histórico. En medio de altos niveles de inseguridad, de una severa crisis energética y del evidente deterioro de los servicios públicos, la administración de Daniel Noboa viene utilizando a las instituciones del Estado como herramientas de persecución política. Los acontecimientos registrados este 22 de octubre revelan una estrategia integral orientada a perseguir a las fuerzas de oposición y desmovilizar al tejido social mediante acciones judiciales y administrativas concurrentes.
El hecho de mayor impacto nacional ha sido la detención de la excandidata presidencial Luisa González, vinculada por la Fiscalía al denominado caso Laberinto por presunto lavado de activos. De manera simultánea, se ratificó la prisión preventiva contra Guido Perugachi, presidente de la FENOCIN, en un proceso derivado de las movilizaciones de años 2025. A estos eventos se añade la denuncia penal contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz. Este conjunto de medidas judiciales evidencia una preocupante tendencia a criminalizar la política no oficialista en vísperas de las elecciones seccionales de noviembre.
Por su parte, el sindicato más grande del país, de los trabajadores de la educación, también experimenta este esquema de hostigamiento. La Unión Nacional de Educadores (UNE) enfrenta un requerimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), que bajo el Oficio Nro. CNE-CNTPP-2026-0045-OF exige certificar la vigencia de su directiva en un plazo de ocho días. Esta fiscalización invoca el artículo 211 del Código de la Democracia sobre recursos de campaña, lo cual ha sido calificado como una represalia directa por la victoria del «No» impulsada por el magisterio en el Referéndum de 2025, sumándose a previas sanciones económicas impuestas al gremio por el monto de 18 mil dólares.
Ante este escenario, diversas organizaciones populares y defensoras de los Derechos Humanos han emitido alertas dirigidas a la comunidad internacional. Se denuncia que la utilización del aparato judicial y electoral busca neutralizar y eliminar las organizaciones populares del país. La coyuntura actual exige una respuesta unificada del campo popular y de izquierda para frenar las prácticas autoritarias y salvaguardar el derecho constitucional a la resistencia, indispensable para garantizar la vigencia de las libertades públicas en territorio ecuatoriano.