Por Francisco Escandón Guevara
La emergencia sanitaria por el COVID-19 mutó, al punto que Ecuador vive una verdadera crisis humanitaria más allá de los miles de contagiados sin atención médica y a los muertos desaparecidos.
Un mes después de que se decretara la cuarentena, las acciones del gobierno de Moreno y Otto aún están rebasadas por los hechos. Dicen que entregan alimentos, pero son recurrentes las imágenes de personas buscando comida entre los basureros; aseguran que el Estado tiene el control sobre la emergencia, sin embargo faltan insumos de bioseguridad en los hospitales; sostienen que son humanitarios, aunque facultan a empresarios para despedir trabajadores, no pagan salarios a funcionarios públicos y hasta permiten la especulación de varios medicamentos.
Como si no fuera poco esta terrible realidad, a nombre de la solidaridad, el régimen anunció un Plan de Emergencia Económica con el que pretende cristalizar el paquetazo que fue derrotado por el Levantamiento de octubre pasado.
Moreno quiere imponer un paquetazo tributario, llamado contribuciones, de hasta el 10% al sueldo de empleados públicos y privados, por un año, mientras las recaudaciones que se lograrán de los millonarios empresarios no llegan ni a la mitad de lo que confiscarán a los trabajadores. Incluso se anunció que no se descarta elevar el IVA.
El Paquetazo también es laboral, pues las presiones de las Cámaras de Producción que son amas y señoras de Carondelet, exigen la precarización de la contratación, trabajo, despido y jubilación. Con la justificación de que “la realidad ha superado el marco jurídico”, los empresarios al menos por los próximos dos años, ahora podrán reducir salarios, extender o reducir arbitrariamente jornadas de trabajo, violar la estabilidad laboral, impagar los décimos y las utilidades, etc.
Otras de las cartas bajo la manga del gobierno es continuar con los despidos en el sector público, las privatizaciones y eliminar el subsidio de los combustibles. Este paquetazo económico es apoyado por Nebot y Lasso, bajo el argumento de que el país necesita $7000 millones para salir de la emergencia sanitaria.
Vaya solidaridad a la que apelan las élites, quiere exprimir los bolsillos del pueblo, mientras sigue pagando deuda externa a los chulqueros y privilegiando los intereses de los ricos.
El Levantamiento indígena y popular resucitará.