Por: Andrés Quishpe
Lo suscitado con Johanna Balladares, estudiante de un prestigioso colegio de Quito, quien se habría suicidado debido al ‘bullying´ del cual era victima, es una expresión de las diversas dificultades que atraviesan nuestros estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los problemas de carácter psicológico y de salud, no datan de estos últimos días, al contrario, tomaron fuerza durante y después de la pandemia de la COVID- 19 y, ahora, se desarrollan en medio de una sociedad llena de violencia, donde el Gobierno y el Estado no hacen nada.
Un elemento presente en este y otros casos es la falta de tratamiento adecuado a los tipos de violencia y amenazas que se presentan en los espacios educativos, los cuales siguen siendo abordados con una mirada reducida y aplicaciones dispersas y limitadas; donde siguen primando “políticas públicas” emitidas por Ministerio de Educación, Mineduc, bajo una visión tecnócrata e improvisada, alejadas de los estudios y análisis de organismos internacionales que expresan su preocupación sobre la situación del Ecuador, que es uno de los países más violentos de la región; donde enfrentamos violencia delincuencial, intrafamiliar, suicidios; violencia en espacios públicos y educativos, tráfico de armas, vacunas, masacres… constituyéndose en escenarios complejos y difíciles que nuestros niños, niñas y jóvenes no los vivían tiempo atrás.
Es evidente que para enfrentar esta realidad, no es suficiente solo protocolos, una asignatura o algunos cuidados puntuales, que por supuesto tienen su valor y se deben seguir. Sin embargo, como docentes, demandamos una vez más miradas y soluciones integrales frente al desarrollo y complejidad en varios temas. Nuestros planteles, no soportan más el seguir siendo atendidos por uno o dos profesionales en los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), como lo determina el Modelo de Gestión del Departamento de Consejería Estudiantil, aprobado en marzo del 2023, ya que, incluso, existen profesionales de los DECE que están enlazados con otras instituciones educativas, generando una sobrecarga de casos y siendo imposible dar atención individualizada y seguimiento permanente a cada caso.
El Ecuador y la opinión pública, deben conocer que no existe el número necesario de profesionales al interior de los DECE para enfrentar las diferentes dificultades y contextos al interior de los espacios educativos. Esta afirmación se sostiene en el documento SDPE-DNCPE-2022-007 de Mineduc, donde se señala que: “con fecha 9 de diciembre de 2021 la Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir generó un reporte sobre la nómina actualizada de las y los profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil. Se recopiló y validó la información a través de las Coordinaciones Zonales y la Dirección Nacional de Talento Humano, con corte 31 de octubre de 2021. A través del reporte se pudo evidenciar que, el déficit de los y las profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil, a nivel nacional y conforme a los parámetros establecidos en la normativa vigente, es del 65%”. (el énfasis me corresponde).
Tampoco existe la infraestructura y equipamiento adecuado, varios profesionales de los DECE, deben turnarse desde los escritorios con los docentes y otros materiales de trabajo. Pero, sobre todo, es menester entender que el trabajo del psicólogo educativo y del docente deben ir de la mano del médico escolar, psicólogo clínico, trabajador social, profesionales que dejaron de trabajar de manera conjunta desde la época correista (2011) y que demandamos retornen a los planteles para poder atender de manera adecuada y a tiempo a nuestros estudiantes, junto al desarrollo y ejecución de políticas públicas de prevención y del desarrollo de infraestructura productiva y de espacios necesarios para el uso provechoso y recreativo del tiempo libre de nuestra juventud estudiosa.
Es menester señalar que, para este momento, se debió haber incorporado aproximadamente a 1.300 profesionales en los DECE, situación que no existe ya que la Ministra de Educación – María Brown no ha cumplido con la disposición transitoria, Vigésima Primera, que señala: “El ente rector de las finanzas públicas por requerimiento de la Autoridad Educativa Nacional, creará y asignará anualmente, de forma sostenida y proporcional en los próximos cinco años, el financiamiento de las partidas presupuestarias necesarias para incrementar el número de profesionales DECE que garantice su funcionamiento en las entidades educativas conforme los lineamientos dispuestos en la presente Ley”. La Disposición señalada fue publicada en Registro Oficial Suplemento 434 el 19 de abril del 2021. Como parte de las reformas a Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), y hasta ahora no se ha hecho nada al igual que con la transitoria Novena que señala: El Estado garantizará (…) formación continua, profesionalización, categorización, ascenso, escalafón, atención psicosocial, garantías para el desempeño adecuado de sus funciones, así como proveerá de las herramientas técnicas, tecnológicas y plataformas virtuales que les permita cumplir con sus atribuciones, sea accediendo a información, derivando casos, coordinando acciones con los sistemas de protección y cualquier gestión que le permita cumplir con sus funciones (…)
El acompañamiento en los planteles educativos de otros profesionales es una necesidad urgente y es ahí donde se condena que, existiendo recursos para invertir en educación, el Gobierno no destine lo necesario, un ejemplo es el plan de inversiones del Ministerio de Educación, donde apenas se ha efectuado el 1.87%, mientras la crisis educativa y las diversas problemáticas tienden a agudizarse. El país debe conocer que Johanna Balladares no es la única víctima, pues, solo en el 2023 se presentaron algunos casos: adolescentes apuñalados en gresca por otros estudiantes. (Colegio Primicias, 2023); en Quito MinEduc debe investigar tres presuntos suicidios de estudiantes por bullying de los que se tienen registrados; mientras en mayo del 2022, un estudiante murió por un golpe con una piedra en su cabeza en una riña con otro estudiante. Un estudio desarrollado por el mismo Ministerio de Educación, con el apoyo de Visión Mundial y Unicef (2017), señala que, al menos uno de cada cinco estudiantes ha sido víctima de ´bullying´ o acoso escolar en Ecuador.
El bullying´ o acoso escolar, según varios expertos y la literatura analizada, señalan que es un problema que permanece oculto y al cual se le resta importancia, porque se sigue pensando que no tiene repercusiones y que se resuelve por sí mismo. Se recomienda que, al identificar entre pares (estudiantes) casos de bullying´ o acoso escolar, la intervención debe de ser inmediata, junto a un trabajo profundo y sistemático con las víctimas como con los agresores. ¿Un profesional del DECE o un docente que tiene a cargo a cientos de estudiantes de varios planteles y que no tiene el acompañamiento de otros profesionales e insumos necesarios, podrá realizar este trabajo?, a eso habría que sumar la realidad de cada familia que, de seguro, tampoco logra identificar estas dificultades.
Ahí es donde nos preguntamos: ¿Cuántas vidas más tienen que apagarse para entender y enfrentar de manera global esta dura realidad?
Varios sectores han expresado su solidaridad con la familia de Johanna Balladares a la cual nos sumamos, junto a la preocupación de todo padre y madre respecto del incierto presente y futuro que estamos dejando a nuestros hijos. Pero también, exigimos desarrollar la debida investigación y la adopción de las medidas necesarias, así como el atender a esta realidad ubicando a la educación y salud como un derecho humano. Solo de esta manera podremos tratar de dar respuesta, de manera integral a los fenómenos que se vienen presentado. Resulta fácil condenar al docente, padre o madre de familia en estos casos, al decir que no siguen a tiempo los protocolos definidos o que no dieron respuesta a las denuncias presentadas. Este señalamiento no busca descargar responsabilidad alguna de existir. Pero debemos advertir que, al ver solo desde esa lógica, se está dejando de lado las obligaciones que tiene el Estado y Gobierno y que las señalamos líneas arriba en el presente artículo, o como lo reafirma el comunicado de la Sociedad de Egresados del I.N Mejía: (…) El Sistema Educativo Nacional abraza el colapso, sin políticas educativas claras, sin autoridades y liderazgo meritorios, sin presupuesto, superado por la masificación, la burocracia y el tradicionalismo.
“Al interno de nuestra institución educativa se vive el mismo estado de indefensión que en las calles del país. Johana es otra víctima del sistema, de la violencia instaurada por la inoperancia del Estado, del quemeimportismo de autoridades, y de mal concebidas estructuras que se ensalzan el costumbrismo antes que el vanguardismo” (el énfasis me corresponde).
¿Qué podemos hacer?
Debemos aportar y exigir desde todos los sectores de la sociedad alcanzar «aulas seguras», como lo demanda la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), esto significa entre otras cosas:
Una educación que rebase aquella concepción de un sistema de vigilancia y control en los establecimientos educativos, y ubique atención en políticas y medidas de prevención, apoyándose en el trabajo de profesionales de la salud. Esto demanda entender que la educación potencia la salud y, a su vez, salud potencia la educación; relación que lleva a posicionar estos dos derechos humanos como inseparables y prioritarios. Esto sin olvidar que el Estado es el responsable de garantizar el pleno ejercicio de los derechos, que debe orientarlos desde la manera de realizar la producción, pasando por la asignación equitativa y buen uso de los presupuestos públicos.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2000) para el Derecho de la salud y la Educación, señala en el numeral 3 de la Observación General 14 de los CESCR: “El derecho a la salud está estrechamente interconectado con numerosos otros derechos humanos, incluidos los derechos a la alimentación, el agua, la vivienda, el trabajo, la educación, la vida, la no discriminación, la privacidad, el acceso a la información y la prohibición de la tortura, entre otros” (ONU, 2000, numeral 3).
Considerar a la salud en las escuelas y colegios es más que fundamental. No se trata solo de realizar exámenes clínicos y mediciones, que sin duda son importantes, sino de tener una visión social que coloque a la escuela en un nivel prioritario de la política pública e inversión. Para lo cual es necesario analizar la determinación social entre salud y educación.
La salud mental de estudiantes y docentes es otra condición necesaria para lograr un buen clima escolar; es decir, un relacionamiento que sustente el proceso de enseñanza y aprendizaje, más aún en época de postpandemia y de un país sumergido en varios tipos de violencia.
Pero también es necesario una pedagogía centrada en el ser humano, en el diálogo y la convivencia, que esté conectada con el contexto social y natural. De igual manera, es fundamental contar con docentes con un fuerte sentido de empatía y que reciban formación permanente en resolución de conflictos y actividades para facilitar momentos de relajamiento y de tranquilidad, incluso anteponiéndolos a los procesos administrativos que lo único que provocan es sobrecarga de actividades.
Por otra parte, es urgente trabajar en la llamada “inteligencia emocional”, con el propósito de mantener el equilibrio psíquico ante condiciones como las actuales; fortalecer las condiciones para que cada quién tenga bases para levantarse frente a casa golpe de la vida posibilitando la resiliencia de la sociedad y no solo de la economía. La debilitada interacción social es también un nuevo reto que tiene que ver con la salud y la educación. Es hora de entender que el padre o madre de familia no son inspectores del maestro o la maestra, que esa actitud lo único que ha provocado es afectar la relación social entre los actores educativos.
Hay que replantear las políticas educativas y la organización institucional para garantizar atención a la salud física y psicológica en las instituciones educativas, condiciones laborales y de aprendizaje que reflejen el interés por el bienestar y la seguridad de los actores educativos.
El debate con la comunidad es imprescindible para promover lo que se puede hacer para lograr que dentro y fuera de la escuela se elimine cualquier forma de maltrato infantil o violencia y, por el contrario, se impulse la solidaridad y el afecto, el respeto entre pares.
Desarrollar planes de acción para enfrentar e impedir cualquier forma de acoso o de violencia sexual. Tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud Pública pueden articular un proyecto de prevención de todo tipo violencia y acoso, donde la recreación sea parte de los derechos y de las vías de crecer como personas.
Convencimiento y compromiso de las familias de contribuir a los aspectos de una buena salud. La mejor manera de lograrlo es involucrando a las familias. Solo así lograremos mejora las relaciones intrafamiliares y la corresponsabilidad de la familia en los procesos educativos de sus hijos/as.
Realizar, al menos una vez al año, controles médicos, odontológicos y sicológicos a los estudiantes de escuelas y colegios, con el respectivo seguimiento de casos y el personal profesional necesario.
Poseer instalaciones para servicios de salud en la escuela o cercanas, con la posibilidad de poder emplearlos ágilmente. Hay que establecer alianzas con los centros de salud y otras entidades.
Levantar o actualizar las investigaciones de enfermedades, amenazas, tipos de violencia y estado de salud de docentes, estudiantes destacando las causas y atención de casos.