Por Abg. Vladimir Andocilla R.
La creación de una nueva empresa pública para gestionar el abastecimiento, la infraestructura y la logística del sistema sanitario aparece, en principio, como una medida orientada a resolver algunos de los problemas más persistentes del sector salud: desabastecimiento de medicamentos, deficiencias en el equipamiento hospitalario, retrasos en el mantenimiento de establecimientos y dificultades en la gestión de compras. Sin embargo, detrás de la reorganización institucional dispuesta mediante el Decreto Ejecutivo No. 393 surgen interrogantes relevantes sobre el futuro de la política pública en salud y la capacidad del Estado para conducirla de manera integral.
El decreto crea la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud (AIL E.P.), otorgándole amplias competencias relacionadas con la adquisición y distribución de medicamentos, la administración de equipamiento, la construcción y mantenimiento de infraestructura sanitaria y el desarrollo de sistemas informáticos para la gestión del sector. Se trata de funciones que, sin duda, son necesarias para mejorar la capacidad operativa del sistema público de salud.
No obstante, una de las discusiones más relevantes está en una disposición transitoria que pasa casi desapercibida: la eliminación del Viceministerio de Atención Integral en Salud y la consolidación del Ministerio de Salud Pública en una estructura con un solo viceministerio.
Durante años, el Viceministerio de Atención Integral en Salud constituyó el espacio técnico encargado de coordinar la prestación de servicios, implementar programas sanitarios, articular la atención primaria, desarrollar estrategias de prevención y promoción de la salud y dar seguimiento a múltiples políticas nacionales. Desde esta instancia se articulaban programas relacionados con salud materno-infantil, vacunación, salud mental, enfermedades crónicas, salud sexual y reproductiva, discapacidad y atención integral de grupos prioritarios.
La desaparición de esta estructura genera un problema que trasciende la reorganización administrativa: la posible debilitación de la capacidad estatal para diseñar, coordinar y evaluar políticas públicas sanitarias.
La preocupación adquiere relevancia si se considera que la Constitución reconoce a la salud como un derecho cuya garantía exige políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales articuladas. La atención sanitaria no se reduce a la provisión de medicamentos o a la construcción de infraestructura; requiere planificación permanente, análisis epidemiológico, coordinación interinstitucional y mecanismos de seguimiento que permitan corregir problemas y evaluar impactos.
La experiencia internacional muestra que los sistemas de salud requieren fortalecer simultáneamente dos dimensiones: la capacidad de gestión y la capacidad de rectoría. Cuando una de ellas se desarrolla en detrimento de la otra, suelen aparecer problemas de coordinación, fragmentación institucional y dificultades para responder a las necesidades reales de la población.
En un contexto marcado por desafíos crecientes en salud mental, enfermedades crónicas, atención a persona con discapacidad, envejecimiento poblacional y brechas territoriales en el acceso a los servicios, el país requiere fortalecer la capacidad técnica del Estado para conducir el sistema de salud. La eficiencia administrativa es importante, pero no puede sustituir la función estratégica de planificar, implementar y evaluar las políticas que hacen efectivo el derecho a la salud.