Por David Andrade
Luego del fracaso electoral de la consulta popular, la crisis política de gobernabilidad del presidente Lasso tambalea, tras la debelación de un informe policial de Antinarcóticos, que permaneció oculto, pone en evidencia posibles vínculos del círculo presidencial, amigos, socios y hasta su propio cuñado en actos de corrupción ligados al narco tráfico.
La gobernabilidad del presidente Lasso se ha visto debilitado en estos últimos meses. Luego de la derrota de la consulta popular el mensaje es claro, un rechazo total a las políticas empleadas por el mandatario, que parece no codificar ese resultado en su entendimiento e insiste sostener un gobierno insostenible.
Recapitulemos los hechos. La gran propaganda gobiernista sobre la consulta popular, se centraba básicamente en dos grandes anhelos ciudadanos, la primera, la extradición, bajo el argumento de que quienes apoyaban el “si”, daban esperanzas de combatir el narco tráfico y la delincuencia que azota a nuestra sociedad y la golpea cada vez más duro, al punto de ver involucrado a nuestros niños en las bandas delincuenciales, y la segunda, la reducción del número de asambleístas, un anhelo popular desde la pandemia. Estas dos propuestas, en teoría fueron el anzuelo que utilizaron quienes estaban a favor del “ocho veces Sí”, mientras que los que promovían el “No”, su análisis se basaba en los anexos y señalaban que la consulta era mañosa, pues sus verdaderas intenciones era concentrar el poder.
El tres de febrero se llevó a cabo las elecciones que como todos sabemos, se elegían; alcaldes, prefectos, concejales rurales, concejales urbanos, CPCCS y la consulta popular. Al dar las 17:00 las juntas receptoras de votos se cerraron, de manera inmediata las encuestadoras; EXIt POLl, CEDATOS e incluso figuras políticas, celebraban anticipadamente el triunfo del “SI” con un abrumador 60% en todas las preguntas, sin embargo, con el transcurso del conteo, el resultado de los datos oficiales fue otro, el “NO” se imponía y cada hora que transcurría marcaba una tendencia de ventaja que se mantuvo hasta el conteo final.
Para el gobierno esto representó un golpe duro, quien tuvo que reconocer los resultados al día siguiente de las elecciones, pero el resultado de la consulta no fue lo único, a nivel nacional, las filas de CREO y sus alianzas no lograron consolidarse en las dignidades sufragadas, demostrando así un debilitamiento en su estructura política, por el otro lado de la moneda, quedó evidenciado el re surgimiento del correísmo quien logró acaparar las prefecturas de las provincias más pobladas como es Guayas y Pichincha, lo mismo ocurrió con las capitales, Guayaquil y Quito, cabe aclarar, no por mérito propio, si no, por la pésima gestión y desaprobación popular del gobierno nacional, ubicándose apenas con el 18 % de aceptación.
La crisis de gobernabilidad tras el traspié electoral se evidenciaba, pero esto no sería lo único, las cosas empeorarían, luego de que un medio digital, que meses atrás habría hecho público su investigación sobre hechos de corrupción en el gobierno de Lasso, con el caso “DANUBIO” (venta de puestos públicos en las ADUANAS y la estatal PETRO AMAZONAS), a renglón seguido con el caso del “EL GRAN PADRINO” en el cual involucraría a altos funcionarios del estado, ministros, concejeros, e incluso el mismo cuñado del presidente, Danilo Carrera, quien sería el que patrocinaba, recibía currículos para ponerlos en cargos estratégicos, a esto se lo conoce como tráfico de influencia, hoy algunos de esos funcionarios se encuentran prófugos de la justicia, solo para citar el señor Hernán Luque, mano derecha de Lasso en el directorio del Banco de Guayaquil y en su gobierno ocupaba la cartera de EMCO (Empresa Coordinadora de Empresas Públicas) , pero el caso no quedaría ahí, luego de que el mismo medio develara en su programa, algo que ellos denominaron el “GRAN INFORME”, el mismo que muestra una investigación policial de Antinarcóticos de 144 hojas en el cual los progresivos (escritos textuales de más de 10 000 llamadas telefónicas y conversaciones realizados a los involucrados) y muchas fotografías revelan no solo los actos de corrupción, sino, que también muestran vínculos con la mafia e incluso se habla de un aporte económico de un millón y medio a la campaña presidencial del binomio Lasso – Borrero, para ser más directos, señala a Cherres secretario y amigo personal de Danilo Carrea, el cuñado del presidente, en vínculos con Dritan Gjika ciudadano de origen albanés que en papeles aparece como empresario, pero según informes policiales, este tendría un historial narco delictivo.
Hoy el caso se encuentra en proceso de investigación por la Comisión verdad justicia y lucha contra la corrupción “El gran padrino”, por su parte, las comparecencias por parte del gobierno están en negarlo todo, otros como el mismo presidente, en no asistir, desde la Asamblea Nacional, sobre todo el ala Correista pugna por encontrar indicios para recomendar el juicio político, ya que, desde el gobierno, parece no dar su brazo a torcer para invocar a la muerte cruzada.
En conclusión, nos queda la siguiente reflexión, las personas del círculo cercano al presidente eran quienes tomaban todas las decisiones, con la aprobación de Lasso, claro está. Todo parece tener sentido, el llamado a una consulta popular por parte del gobierno, tenía intenciones oscuras, como lo dijo el ex funcionario de gobierno Pipo Laso: “el mentalizador de las preguntas fue el concejero Aparicio Caicedo” el mismo que señaló que las preguntas sobre el CPCCS y la facultada sancionatoria de la Fiscalía eran claves.
El círculo íntimo del presidente, incluido su cuñado, estaban más que interesado en que gane el “SI”, algunos se preguntarán, ¿Cómo es que la extradición les iba a beneficiar?, recordemos que en el país no opera una sola mafia, hay muchas, algunas identificadas con los carteles de Colombia y otros con los mexicanos, esta era la oportunidad que tenía la mafia Albanesa para deshacerse de su competencia, de paso utilizar a la fuerza pública, el sistema de su lado y recibir el favor de extraditar a sus adversarios para controlar todo el territorio y de paso en micro tráfico local, por si alguien recuerda el radar de Montecristi para detectar narco avionetas que luego de 24 horas se dañó y que hoy más de un año no hay ningún responsable, creo que la intención es clara y a que apunta.
Con respeto a la forma de elegir el CPCCS, la consulta proponía que ya no se lo haga por votación popular, sino, por medio de un Concejo técnico de selección, el mismo que estaría conformado por un representante del ejecutivo, ósea el gobierno, el Legislativo, que probablemente sería otro aliado al gobierno, uno de la función judicial y un representante de las Universidades, es decir otro posible aliado del gobierno. Su intención era tomar el control de este organismo, con el propósito de designar a 77 autoridades de control, y por si algo sale mal, se aseguraría con la otra pregunta sobre quitarle la capacidad de designar a estas autoridades, y hacerlo mediante ternas (tres sujetos que gozan de la confianza del presidente) o, ósea, Lasso enviaría a la Asamblea Nacional para que esta se encargue de elegir a uno. Si analizamos lo trascendental de esta pregunta para el gobierno y su círculo, sería lo siguiente; necesitaba funcionarios “obsecuentes, es decir, alineados y corruptos”, en la Contraloría General del Estado para desvanecer glosas, en la Fiscalía para que los fiscales sigan manteniendo en secreto sus operaciones ilegales anexas a la corrupción y el narco tráfico y que estos nunca salgan a la luz o no sean investigados, el Concejo de la Judicatura, para obtener el beneficio de los jueces en uno que otro asunto legal que tengan con alguna organización o gremio que le incomode al gobierno, el CNE para futuras elecciones y obtener el favor por si no se llega a ganar en las urnas.
Para concluir, se estaba orquestando toda una estructura delincuencial legalizada por el voto popular para la concentración del poder, quienes promovimos el “No” no nos equivocamos en nuestro análisis, de haber ganado el “si”, le habríamos entregado un cheque en blanco constitucional, a quienes pretendían gobernarnos por décadas bajo la sombra del narco terrorismo.