Por Francisco Escandón Guevara
Luego del revés que el régimen cosechó con los resultados del Referendum es evidente que se redujo su legitimidad en el ejercicio del poder. Ese intento de impulsar la segunda parte del gobierno de la banca provocó un mayoritario rechazo, pues el pueblo convirtió a la consulta en un plebiscito que desaprobó la gestión de Lasso y precipitó la crisis política.
A estos días, las alternativas de solución a esta tensa situación provocan incertidumbres. El descrédito de las diversas instituciones está dosificado por el juicio político, con el cual se podría destituir al presidente, que previamente espera el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional.
Desde el oficialismo tratan de desnaturalizar el juicio político como si se tratase de uno penal y desempolvan el viejo libreto de la propaganda maniquea, como otrora lo hizo el correísmo, para acusar indistintamente a adversarios e inconformes como golpistas, antipatriotas, narcotraficantes o criminales.
Como la palabra presidencial y de sus ministros está desvalorizada, un grupo de adeptos al banquero, autocalificados como sociedad civil, trinan sobre los logros de Lasso e imploran rectificaciones en bien de una ficticia democracia y una prostituida gobernabilidad. Esos peones, preñados de fanatismo obsceno, tratan de convencer al pueblo que es preferible aguantar a un bodoque electo en las urnas a de usar un mecanismo constitucional para destituirlo.
¡Vaya juicio reduccionista de democracia y gobernabilidad! El gobierno carece de sentido autocrítico, su solipsismo neoliberal, idolatrado por unos cuantos zombis, terminó por dinamitar su escuálido poder al que se aferra con uñas y dientes.
Lasso está acorralado, si la Corte Constitucional admite el trámite de juicio político y llega a ser censurado en la Asamblea Nacional no será resultado tan solo de las pugnas interburguesas, sino esencialmente de un creciente descontento popular motivado por el incumplimiento de las ofertas electorales, por la desinversión social y productiva, por el sometimiento al ajuste fiscal fondomonetarista, por los vínculos con la corrupción y el narcotráfico, etc.
El juicio político, incluso la eventual destitución, no es sinónimo de golpe de Estado o dictadura. En tanto, la continuación del gobierno de la banca es una arbitrariedad que debe ser derrotada nuevamente en las calles.