Redacción Opción
Claramente el golpe realizado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tiene la mano del gobierno y de la derecha con el objetivo de nombrar con la “nueva mayoría”, a las principales autoridades de control como el contralor general y otras importantes autoridades de control.
Lo sucedido en la mañana del día 9 de febrero, cuando cuatro consejeros: Hernán Ulloa, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira. convocaron a una reunión en la que destituyeron a la presidenta Sofía Almeida y al vicepresidente, David Rosero.
Sincronizado y panificado el ingreso a las instalaciones del Consejo estuvo acompañada de la policía, de inmediato instalaron la reunión, la consejera Rivadeneira planteó la moción para que el consejero Hernán Ulloa asuma la presidencia, que se aprobó con cuatro votos; sin más el consejero Bravo le tomó juramento y en ahorro de tiempo el mismo consejero mocionó que asuma la vicepresidencia María Fernanda Rivadeneira, lo que se aprobó con el voto de los cuatro vocales presentes.
La jugada política se produce cuando estaba en vigencia una acción de protección que impedía tratar en esta sesión permanente, la remoción la remoción de la presidenta y el vicepresidente. Rosero, señaló que esa reunión de amigos es ilegal; que él no había convocado a la reinstalación de esta plenaria porque hay acciones judiciales que deben resolverse”; en referencia a acciones de protección referida.
Voceros del gobierno justifican la accione señalando que está en el “marco de la ley”
Mientras tanto, sectores políticos parlamentarios de UNES, Partido Socialcristiano, Pachakutik han conseguido 80 firmas para llevar adelante un juicio político a los cuatro consejeros del golpe. A su vez organizaciones sociales como el Frente Popular han hecho público su rechazo a esta maniobra gubernamental.
La consejera Almeida en rueda de prensa califico estas preatenciones de “golpistas y mercenarios” a los cuatro consejeros, que buscan “implosionar” el Consejo y darle un golpe de Estado por sus presuntos intereses de designar autoridades. Esto podría entenderse como una injerencia de otro poder del Estado en las funciones del Consejo de Participación Ciudadana”, denunció y añadió que presentará acciones legales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que denunciará a los cuatro consejeros por haber afectado bienes públicos al haberse roto, supuestamente, la seguridad del edificio del Consejo para sesionar.
Por su parte, David Rosero, remitió una convocatoria para reinstalar esta plenaria el próximo 15 de febrero.
Vale recordar que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es una entidad autónoma que forma parte y lidera la Función de Transparencia y Control Social de la República de Ecuador, tiene la responsabilidad en la designación de autoridades de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las Superintendencias, además de también tener influencia en la designación de ciertas autoridades de la función electoral y judicial. Hay mucho en juego