Por Isabel Vargas Torres
El Gobierno está utilizando el terrorismo como arma de desmovilización de la lucha social. Por su parte la delincuencia organizada ha desatado una serie de atentados con la perspectiva de disputarse el mercado, rutas y abastecimiento para la droga.
Los maestros denunciamos que el gobierno quiere combatir la violencia, con más violencia; para ello, pretende que las Fuerzas Armadas tengan el control de la seguridad interna del país, pero nada propone sobre cómo combatir, las causas estructurales que determinan la pobreza, que significa invertir en el sector social.
Denunciamos que, en educación regular, en tres años se recortaron alrededor de 2700 millones de dólares, 1,3 millones de jóvenes ni estudian ni trabajan, 7 de cada diez ecuatorianos no tienen un empleo pleno, 251 000 estudiantes no retornaron a las escuelas, crece el trabajo infantil, los índices de violencia a octubre del 2022 se ha duplicado. Hasta la fecha se registran 3.538 en relación a octubre del 2021. Desde el ministerio de educación se posterga un año la construcción del plan escuelas seguras
El gobierno de Guillermo Lasso demuestra la incapacidad para solucionar los problemas sociales del país, y culpa a los DDHH y justifica su inacción frente al combate de la delincuencia común, de las bandas organizadas, a los ladrones de cuello blanco, son ellos quienes nos quitan la vida, la salud, la educación y el trabajo solamente en evasión y elusión de impuestos nos perjudican 7.600 millones de dólares cada año.
Recordemos que, entre los investigados, en el caso Pandora Papers, está el nombre del propio presidente de la República. Esa es la realidad que vive nuestro país. La alternativa del pueblo es cuidarnos a nosotros mismo pues solo el pueblo salva al pueblo.
Desde el gremio de los educadores proponemos la pedagogía para la emancipación basada integralmente en los principios de libertad.
Desde los Gads se debe impulsar políticas públicas sobre rehabilitación social para el caso de los PPL, pero es necesario que a estos espacios vayan hombres y mujeres consecuentes con el pueblo. La contraloría social debe ser permanente ya que la del Estado desvanece glosas y la justicia desvanece sentencias.