Por Jaime Chuchuca Serrano
La posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez como presidente y vicepresidenta, abre una nueva era política en Colombia. Las alianzas del conservadurismo y liberalismo que se repartieron la tierra durante generaciones, también lo hicieron con el poder político y económico. La historia política de asesinatos de los candidatos de la izquierda a la presidencia y a otras dignidades es aterradora. Por ejemplo, para inicios de los noventa, cuando la izquierda pudo haber ganado, se asesinaron a 4 candidatos: Carlos Pizarro Leongómez (M-19), Bernardo Jaramillo Ossa (Partido Comunista de Colombia), Luis Carlos Galán Sarmiento (Unión Patriótica-FARC) y José Antequera (Nuevo Liberalismo). En la posesión de Petro, la hija de Carlos Pizarro, María José Pizarro, puso la banda presidencial al mandatario, como un reflejo anímico de la superación de este bache histórico.
Solo entre 1985-2018, sin contar masacres anteriores, la guerra interna de Colombia ha alcanzado medio millón de víctimas, 8 millones de desplazados, 50 770 secuestros. El principal actor de este mar de sangre ha sido el mismo Estado oligárquico con sus ejércitos, policías, bases militares de Estados Unidos, el Plan Colombia y las líneas de persecución a toda oposición. El Estado también ha propiciado la organización de grupos paramilitares, para seguridad terrateniente y narcotraficante. Las múltiples conexiones entre el narcotráfico y el poder estatal son parte de un eje oculto por la historia oficial, que ha causado miles de víctimas. Por último, las guerrillas políticas en todas sus formas, divisiones, degeneraciones y enfrentamientos contra el Estado, paramilitares, narcotraficantes, son un actor insoslayable. Animar a buscar la paz en Colombia, país que ha vivido en permanentemente guerra, es construir una verdadera república democrática, como lo sostiene el Pacto Histórico.
La expresión política de esta guerra ha estado marcada fuertemente por la composición del bloque oligárquico terrateniente, empresarial y narcotraficante en el poder estatal. Entre 1970-1982 (Pastrana Borrero, López Milchesen, Turbay y otros), hubo una descomposición total de la política, con fraudes electorales, presidentes dictadores, el predominio de oligarcas, terratenientes y el surgimiento de castas árabes libanesas (aspecto similar a Ecuador). Entre 1982-1990 (Betancourt, Barco Vargas) se realizó una fuerte constitución de las élites colombianas alrededor del narcotráfico y la disputa con las guerrillas, con breves diálogos por la paz. Entre 1990-2000 hubo intentos de pacificación, la reforma constitucional, modernización empresarial con Gaviria Trujillo y Samper; pero así también el aparecimiento del paramilitarismo para combatir la paz con las guerrillas y el reposicionamiento de las oligarquías y el Plan Colombia con Pastrana Arango. Entre 2002-2022, dos décadas en las que se rearma el poder de la oligarquía terrateniente y los empresarios, pero con el concubinato entre política estatal y paramilitarismo, o la parapolítica de Uribe Vélez (2002-2010); un breve período de intentos de paz con Santos Calderón en 2018; y el retorno del uribismo con el presidente Iván Duque (2018-2022), época de grandes movilizaciones latinoamericanas, la /crisis pandémica y económica.
En este trayecto político emerge el Pacto Histórico de Petro y Márquez, como una contrahegemonía que une a fuerzas sociales de trabajadores, campesinos, estudiantes, jóvenes, mujeres, indígenas, pueblos afrocolombianos; fuerzas políticas socialdemócratas, de izquierdas, feministas, ecologistas, democráticas, guerrillas desmovilizadas; fuerzas económicas de agricultores, pequeños empresarios y comerciantes, sindicatos, asociaciones y cooperativas. Petro y Márquez ganan desde una nueva plataforma política que recoge las demandas populares de las voces de las movilizaciones por décadas: gratuidad en la Educación, en la Salud; inequidad económica y desigualdad social; derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos; derechos de las mujeres; derechos de la naturaleza; reforma agraria; lucha por la paz y la justicia; precarización laboral.
De esta misma unidad, son lógicas las gestiones de Petro-Márquez en la primera semana al mando de la presidencia: control de nóminas paralelas públicas, de contratistas privados, así como de gastos innecesarios para disfrazar los actos de corrupción; condonación de deuda del ICETEX (créditos educativos); regreso del pago de horas extras y trabajo nocturno; parar la extracción petrolera por fracking; e iniciar una reforma tributaria en la que contribuyan las clases más poseedoras, lo que implica una redistribución de los ingresos, lo que dependerá del juego de fuerzas del legislativo, que por el momento están con el gobierno. La apertura del Palacio de Nariño y la plazoleta Nuñez -antes militarizados- es un acto simbólico de empezar el gobierno con las puertas abiertas. Asimismo, en la primera semana de gobierno, ha gestionado diversos diálogos por la paz y el desarrollo económico de lugares como el pacífico colombiano. Sin embargo, el gobierno de Petro enfrentará una de las oposiciones más fuertes de todos los países de América Latina, por la cantidad de poder político y económico que concentra la derecha y el conservadurismo en una sociedad altamente polarizada.
La configuración del gabinete de Petro-Márquez es el resultado de estas fuerzas heterogéneas, en los que hay procesos de debate y problemas de difícil solución. De aquí se puede anticipar que es una composición bastante moderada, en su mayoría de centro, y con representantes de derechas e izquierdas; en la mayoría de los casos con experiencia en el Estado. Aunque Petro ha sido acusado de querer el socialismo, ha sido enfático en decir que desarrollará el capitalismo con diálogo nacional, y su gabinete tiende a eso, con un fuerte núcleo académico.
Algunos representantes de regímenes que tranzaron la paz (Betancourt, Gaviria, Samper y Santos) en Colombia: Álvaro Leyva Durán, Ministro de Relaciones Exteriores, ex Ministro de Minas y Energía con Belisario Betancourt; José Antonio Ocampo, Ministro de Hacienda, antes Ministro de Agricultura de Cesar Gaviria; Iván Velázquez Gómez, Ministro de Defensa, ex magistrado en época de Ernesto Samper y ex procurador con César Gaviria; Cecilia López Montaño, Ministra de Agricultura, ex Ministra de Ambiente con Ernesto Samper; Alfonso Prada Gil, Ministro del Interior, ex secretario general de la presidencia de Santos.
Otros académicos y cercanos a la derecha: Alejandro Gaviria Uribe, ministro de Educación, académico, Rector de la Universidad de los Andes, ex ministro de Salud con Santos; Diana Corcho Mejía, ministra de Salud, académica; Irene Vélez Torres, ministra de Energía y Minas, académica; Martha Velasco Campuzano, ministra de Vivienda, académica, cercana al Partido Liberal; Guillermo Reyes González, ministro de Transporte, ex viceministro y presidente del Consejo Electoral con Uribe.
E igualmente un grupo de militantes de izquierda: Gloria Ramírez Ríos, Ministra de Trabajo, del Partido Comunista Colombiano, ex senadora; Germán Umaña Mendoza, Ministro de Comercio, militante de izquierda, de Unión Patriótica; Susana Muhammad, Ministra de Ambiente, militante en varias fuerzas con Petro; Patricia Alicia Flores, Ministra de Cultura, artista y militante de la Unión Patriótica; María Isabel Urrutia, Ministra de Deporte, militante afro de varias organizaciones y coaliciones de izquierda.
Petro anticipó que las ideologías no son un filtro contra la corrupción, y que las miradas de toda la oposición estarán en su gobierno, esperando equivocaciones. El simbolismo de las luchas históricas ha cambiado las formas discursivas de Colombia que alientan voces de transición y cambio. Las movilizaciones de varios años han cosechado sus propias formas de expresión. En el discurso de Petro se siente un fuerte bolivaniarismo y algunos dicen de populismo; la primera decisión, antes de la toma de juramento de Francia, el traer la espada de Bolívar, que décadas antes un grupo de jóvenes del M-19 la habían sacado a buscar justicia fuera del museo, en los combates del presente; ahora expuesta ante el público en el Palacio de Nariño por orden presidencial. El tejido de las luchas del pasado guerrillero, de las organizaciones opositoras a las dictaduras, de las movilizaciones en las que se reclaman vida digna, derechos, paz y trabajo. Hay una fuerte reconstrucción cultural de Colombia toda, que va marcando el paso de un cambio de las mentalidades en el poder político. Un apego afectivo por la no impunidad de las masacres y sobre todo de la no continuación de la violencia. ¿Será posible el “vivir sabroso” de Francia Márquez, los sueños de justicia y libertad de tantos jóvenes que entregaron su vida, la soberanía alimentaria para millones de desplazados por el hambre? El Pacto Histórico apunta a que sí. Los hechos los juzgarán.