Por Lizbeth Cumbal C.

El informe de rendición de cuentas presentado por Daniel Noboa, correspondiente a dos años y medio de gestión terminó confirmando la profunda desconexión entre el discurso gubernamental y la realidad que vive el pueblo ecuatoriano.

Lejos de representar un ejercicio serio y transparente de evaluación política, el país observó una puesta en escena construida sobre propaganda, videos institucionales, cifras maquilladas y discursos triunfalistas destinados a posicionar la idea de un supuesto “Nuevo Ecuador” que únicamente existe dentro de las cadenas nacionales y de los espacios del poder económico.

Mientras el gobierno intenta vender estabilidad, recuperación y progreso, millones de ecuatorianos continúan enfrentando desempleo, pobreza, informalidad, inseguridad, abandono estatal y deterioro de sus condiciones de vida.

El discurso de apertura del presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, estuvo cargado de loas al “liderazgo”, el “servicio al país” y la “nueva política”. Sin embargo, ese discurso contrasta con las propias prácticas de Olsen dentro del Legislativo, donde ha sido cuestionado por ejercer violencia política de género mediante expresiones despectivas y discriminatorias contra la asambleísta afroecuatoriana Paola Cabezas.

Noboa hizo un discurso marcado por frases prefabricadas, de autocomplacencia y constantes intentos de proyectar una imagen de éxito, inexistente para millones de ecuatorianos. Mientras el presidente hablaba apenas unos cortos minutos, gran parte del evento fue ocupado por extensos videos propagandísticos de aproximadamente cuatro minutos cada uno, mostrando supuestas obras, recorridos y actos políticos cuidadosamente editados para fabricar una percepción artificial de respaldo popular y gestión eficiente.

Muchas de las imágenes presentadas respondían a eventos con la asistencia mayoritaria de funcionarios públicos, que sabemos es obligatoria, y pocos simpatizantes, demostrando nuevamente que el aparato comunicacional del gobierno prioriza el marketing político antes que la transparencia.

A lo largo de toda la jornada predominó el populismo mediático y el tono confrontativo. Frases como “no les tengo miedo” fueron repetidas constantemente ante el aplauso automático de ministros, funcionarios y seguidores, intentando construir una imagen de fortaleza mientras el país vive sumido en miedo, incertidumbre y abandono.

El discurso del gobierno recuerda inevitablemente aquella frase atribuida a Joseph Goebbels: “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. El gobierno parece apostar precisamente a eso: repetir constantemente cifras optimistas y discursos triunfalistas para intentar convencer al país de una realidad inexistente fuera de la propaganda oficial.

El indicador internacional “Riesgo país, no garantiza empleo, alimentación, salud y educación para el pueblo

Uno de los principales argumentos utilizados por el gobierno para sostener su narrativa de éxito fue la reducción del riesgo país a alrededor de 400 puntos. El Ejecutivo presentó este indicador como una demostración de estabilidad económica, asegurando que Ecuador ahora es un país “seguro” para la inversión extranjera y para acceder a préstamos internacionales.

Sin embargo, el gobierno ocultó deliberadamente que la reducción del riesgo país no garantiza automáticamente bienestar social, empleo digno ni mejora en las condiciones de vida de la población.

El riesgo país refleja principalmente la confianza de inversionistas internacionales y organismos financieros sobre la capacidad del Estado para pagar deuda externa. Es decir, representa tranquilidad para los mercados y para el capital financiero internacional, no para el pueblo trabajador.

Mientras el gobierno celebra estos indicadores económicos, Ecuador continúa enfrentando desempleo, precarización laboral, deterioro institucional y ausencia de inversión social.

En estos dos años y medio se produjo además el perdón de aproximadamente USD 98 millones en obligaciones tributarias vinculadas a la Corporación Noboa, uno de los hechos más cuestionados del actual gobierno.

Es decir, mientras hospitales públicos carecen de medicinas, escuelas continúan deteriorándose y universidades públicas colapsan por falta de presupuesto, el Estado favorece económicamente a sectores históricamente privilegiados.

Aunque el gobierno aseguró haber reducido la pobreza del 26% en 2024 al 22% en 2026 y haber incrementado el empleo adecuado, las propias cifras oficiales contradicen ese discurso. El INEC informó que el empleo adecuado apenas alcanza el 32,1%, lo que significa que apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo estable y con derechos laborales. El resto sobrevive entre informalidad, subempleo y precarización laboral.

La juventud, víctima de la crisis e incapacidad del gobierno

La situación golpea especialmente a la juventud. Datos del Banco Mundial señalaron que el 86% de los jóvenes ecuatorianos trabaja en condiciones de informalidad, reflejando el fracaso de las políticas económicas y sociales del gobierno.

El crecimiento acelerado del comercio ambulante y de las economías de subsistencia demuestra que miles de familias sobreviven como pueden porque los ingresos existentes ya ni siquiera alcanzan para cubrir una canasta básica familiar que supera los USD 800 mensuales.

Pero las consecuencias de esta crisis van más allá de lo económico.

La falta de empleo, educación y oportunidades ha provocado que miles de jóvenes terminen siendo reclutados por grupos de delincuencia organizada, renovando constantemente las filas del crimen organizado. Mientras unos jóvenes son asesinados o encarcelados, otros son incorporados como nueva mano de obra criminal producto del abandono estatal.

El gobierno habla de combatir la violencia, pero omite reconocer que el crecimiento del crimen organizado también es consecuencia directa de la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades.

El mercado de Calceta y otras obras del gobierno

A esto se suma el intento del Ejecutivo de presentar como “grandes logros nacionales” obras menores o proyectos inconclusos de infraestructura.

Durante la rendición de cuentas se anunciaron supuestas inversiones millonarias en rehabilitación vial e infraestructura pública. Sin embargo, muchas de estas obras no representan transformaciones estructurales reales y en algunos casos ni siquiera reflejan la situación que vive la ciudadanía.

Uno de los ejemplos más evidentes es la vía Quito–Baeza, cuya rehabilitación fue presentada como logro gubernamental pese a que transportistas y habitantes continúan denunciando abandono, deterioro y falta de intervención efectiva.

De igual manera, el gobierno destacó obras como la construcción de un mercado municipal en el cantón Calceta, intentando posicionarlas como grandes logros nacionales, cuando en realidad responden más a competencias municipales que a una verdadera planificación estratégica del Estado.

Mientras el discurso oficial habla de modernización e infraestructura, amplias zonas del país continúan enfrentando carreteras destruidas, abandono vial, hospitales colapsados, escuelas deterioradas y ausencia de inversión pública sostenible.

La desastrosa gestión de Noboa en educación y la salud, que reclama declaratoria de emergencia

En educación, el gobierno aseguró haber contratado 9.913 docentes y reincorporado a 47.132 niños y jóvenes al sistema educativo. Sin embargo, la realidad educativa del país continúa marcada por precarización laboral, deterioro institucional y abandono estatal.

Programas como Educa Empleo funcionan bajo una lógica profundamente precaria: docentes son contratados por periodos cortos y posteriormente desvinculados para volver a abrir convocatorias, maquillando artificialmente las cifras de empleo y fortalecimiento educativo.

Mientras tanto, aproximadamente 450.000 niños, niñas y adolescentes permanecen fuera del sistema educativo debido a pobreza, migración y falta de recursos económicos.

A esto se suma que alrededor de 260.000 bachilleres no logran ingresar cada año a la universidad pública por falta de cupos y presupuesto suficiente, demostrando que la promesa del libre ingreso universitario terminó siendo otra mentira electoral.

La situación de salud pública tampoco refleja el supuesto éxito gubernamental.

Persisten denuncias permanentes por falta de medicinas, escasez de insumos médicos y despidos de profesionales de la salud disfrazados burocráticamente bajo términos como “desvinculaciones”.

Mientras el gobierno habla de modernización y eficiencia, hospitales públicos continúan colapsados y miles de ecuatorianos enfrentan enormes dificultades para acceder a atención médica digna y oportuna.

Crisis energética, corrupción y eliminación de programas sociales

A esto se suman graves casos de corrupción vinculados a contratación pública durante este gobierno.

Durante la crisis energética, contratos relacionados con las empresas PROGEN y AUSTRAL provocaron pérdidas superiores a USD 198 millones en generadores eléctricos cuestionados e incluso inservibles, mientras millones de ecuatorianos sufrían apagones y pérdidas económicas.

El país terminó pagando millones de dólares por equipos que no solucionaron la crisis energética mientras ciertos sectores privados obtuvieron enormes beneficios económicos.

De igual manera, el intento de entregar USD 37,7 millones a la empresa HealthBird para administrar el sistema de citas médicas del MSP y el IESS profundizó las sospechas sobre posibles negociados y beneficios a intereses privados bajo el discurso de modernización estatal.

Resulta aún más alarmante que, pese a estos antecedentes, el gobierno anunciara nuevos acuerdos internacionales para compra de medicamentos, generando preocupación legítima sobre futuros negociados y corrupción en contratación pública.

En el área social, el gobierno destacó la entrega de 510.841 ayudas económicas mediante programas como “Jóvenes en Acción”. Sin embargo, múltiples denuncias señalaron que numerosos beneficiarios recibían pagos de USD 400 realizando actividades mínimas o incluso inexistentes.

Lejos de resolver estructuralmente el desempleo juvenil, estos programas terminaron funcionando como mecanismos clientelares para construir respaldo político temporal.

Algo similar ocurre con los 8.176 créditos “Emprende Violeta”, promocionados como apoyo a mujeres emprendedoras mientras miles de mujeres continúan sobreviviendo desde la informalidad, las ventas ambulantes y trabajos precarios producto de la falta de empleo digno.

Respecto a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), el gobierno anunció la repotenciación de 25 centros y la construcción de apenas 2 nuevos CDI en todo el país durante 2 años y medio de gestión, una cifra absolutamente insuficiente frente a las enormes necesidades sociales existentes.

Además, el gobierno omitió mencionar que decenas de CDI han cerrado debido a las reformas al COOTAD que redujeron recursos económicos a municipios y limitaron gravemente la inversión social.

En cuanto a vivienda, el gobierno habló de créditos hipotecarios y entrega de soluciones habitacionales, aunque evitó explicar cuántos de esos beneficios llegaron realmente a sectores vulnerables y cómo piensa enfrentar el déficit habitacional que afecta aproximadamente a 2,7 millones de hogares ecuatorianos.

Mas inseguridad, más crímenes desbaratan el relato del gobierno

En seguridad, el gobierno aseguró que el denominado “Plan Fénix” permitió reducir homicidios intencionales en 13% y delitos comunes en 23%.

También destacó la realización de más de 1 millón de operativos desde la declaratoria de conflicto armado interno.

Sin embargo, el propio Ejecutivo reconoció la captura de apenas 17 “objetivos de alto valor” vinculados a estructuras criminales.

Es decir, después de más de 1 millón de operativos, el impacto real sobre las organizaciones criminales sigue siendo mínimo y no se refleja en la vida cotidiana de la población.

Mientras el gobierno insiste en una narrativa de recuperación de seguridad, la ciudadanía continúa viviendo con miedo permanente frente a extorsiones, secuestros, asesinatos y expansión del crimen organizado.

Los estados de excepción y toques de queda terminaron convirtiéndose en espectáculos mediáticos utilizados para producir fotografías, videos y cadenas nacionales mientras la violencia continúa creciendo en barrios y comunidades enteras.

La delincuencia sigue expandiéndose y el temor de miles de madres ecuatorianas de que sus hijos sean reclutados por bandas criminales aumenta cada día.

Resulta contradictorio escuchar frases como “no les tengo miedo” pronunciadas desde un poder político protegido por escoltas, caravanas militares, francotiradores y vehículos blindados, mientras el ciudadano común enfrenta diariamente la inseguridad sin ningún tipo de protección real.

A esto se suma la creciente intervención de Estados Unidos en la política de seguridad ecuatoriana bajo el discurso de cooperación internacional para combatir el crimen organizado.

En la práctica, esta cooperación ha servido más para profundizar la dependencia militar y geopolítica del Ecuador respecto a intereses estadounidenses que para resolver las causas estructurales de la violencia.

El gobierno intentó posicionar este periodo como “el año de la vivienda, el trabajo, la salud y la educación”. Sin embargo, la realidad nacional demuestra exactamente lo contrario.

Estos 2 años y medio han estado marcados por crecimiento de la informalidad, precarización laboral, deterioro de la educación pública, colapso de la salud, abandono de infraestructura estratégica, corrupción en contratación pública, expansión de la violencia y profundización de las desigualdades sociales.

Más allá de los discursos, los videos propagandísticos y las cadenas nacionales, la verdadera evaluación de cualquier gobierno se refleja en las condiciones de vida del pueblo.

Y es precisamente ahí donde el relato oficial del gobierno de Daniel Noboa se derrumba frente a la realidad que vive diariamente el Ecuador.