En Marcha / Suplemento segunda semana de Paro
Los dirigentes del movimiento indígena han dicho que no se retirarán si no es con la aceptación del gobierno de los diez puntos de la plataforma de lucha, esa voluntad —que es la decisión de las bases— debe mantenerse si se inician las conversaciones.
Ayer, jueves, el movimiento indígena se tomó el Ágora de la Casa de la Cultura, en Quito, que, en el curso de años de luchas, se ha convertido en un símbolo de resistencia y combate de los pueblos. El gobierno, al controlarla militarmente los días pasados, intentó impedir que el movimiento cuente con un sitio de acogida y paz y, a su vez, evidenciar ante el país que estaba dispuesto a impedir que la protesta se mantenga. La Policía debió abandonar toda la zona, la lucha indígena y popular ha conquistado una victoria. asfixiado
El retiro de las fuerzas represivas, dicen, es una señal de la voluntad del gobierno para dialogar. Mucho ha jugado Lasso en estos días con el discurso de sentarse a conversar, mientras, al mismo tiempo, la Policía y el Ejército han llenado de gases las calles y carreteras y hasta han cobrado la vida de cuatro luchadores populares en medio de centenares de heridos y golpeados. El gobierno nunca ha tenido una disposición seria para discutir con las organizaciones populares y escuchar sus planteamientos; así como los gobernantes que le antecedieron, Lasso cree que dialogar es convocar a los dirigentes de las organizaciones populares para que en un monólogo le escuchen y suscriban lo que él tiene pensado hacer.
En varias ocasiones, los dirigentes de las centrales sindicales, del movimiento indígena y de otras organizaciones populares, han señalado que no le corren al diálogo con el gobierno, pero tampoco están dispuestos a ser utilizados para su propaganda. Si nos sentamos a conversar —han dicho— es para que se recojan las propuestas que las organizaciones populares tienen sobre el manejo económico y político del país, y no para hablar con las paredes. El diálogo puede ser valedero en tanto y en cuanto de él salgan resultados positivos, es decir, que se atiendan los requerimientos populares.
En las actuales circunstancias, si el gobierno dice tener voluntad para dialogar, debe dar señales positivas, lo que implica levantar el estado de excepción y anunciar su acuerdo con al menos una parte de la plataforma planteada y el resto debatir cómo ejecutarlo. El movimiento indígena y popular que protesta debe mantener su acción en las calles en Quito y en las provincias, porque es el único mecanismo que obliga al gobierno a atender las demandas; además, debe incorporarse a este proceso la investigación de los responsables de la muerte de los cuatro luchadores populares y su sanción. Los dirigentes del movimiento indígena han dicho que no se retirarán si no es con la aceptación del gobierno de los diez puntos de la plataforma de lucha, esa voluntad —que es la decisión de las bases— debe mantenerse si se inician las conversaciones