Reformas al IESS castiga a los afiliados y jubilados

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Por Ramiro Beltrán

Hace escasos días, la “Comisión de la privatización del Seguro de pensiones” del IESS, ordenada por Lasso, ha presentado a la nación varias líneas para castigar a afiliados y jubilados, estableciendo el camino de la privatización, por ahora del Seguro de Pensiones, expropiando la obligación que tiene el Estado de Bienestar, para proteger y garantizar un sistema de seguridad social, que ampare a los ciudadanos, con la intervención del Estado, evitando desequilibrios sociales.

La primera reforma, la deuda del Estado: Este es el cuento del gallo pelón, hasta el momento los gobiernos han esquilmado la economía y patrimonio del Instituto, niegan el total real de la deuda, de 24 mil 500 millones de dólares del Estado como la de los empresarios privados de $ 1. 800 millones, deudas a la que se debe sumar la última, de 1. 500 millones de dólares en bonos del Estado, concretada a inicios de marzo y la nueva compra de bonos soberanos, por varios miles de millones, anunciada el día 28 de marzo, violentando la autonomía institucional y demostrando lo inservible del grupo directivo del BIESS y del IESS. Dice además que se pondrán de acuerdo en el total de la deuda, luego de la reforma, es decir, posterior de que exista la decisión de la Asamblea, de aprobación de la separación de este Seguro, en ese momento certificarán cualquier monto y luego de ello licuarán o desaparecerán las deudas.

En el segundo ítem, eliminan la solidaridad, estableciendo la separación de todos los seguros, imponiendo nuevas tasas de cotización para los afiliados si desearen ser cubiertos, a la que se adita el seguro de salud con costosas tasas de cobertura, impidiendo que los aportantes tengan protección total y sobre todo perjudican a los jubilados, porque ellos tendrían que pagar nuevas imposiciones económicas si desearán tener abrigo en salud. 

Quitarían la obligación del Estado del 40% de aportes definida en la ley de contribución de pensiones, dinero que está claramente tipificada en la Ley, sobre la obligación estatal de repartir la riqueza nacional creada por los trabajadores, desprotegiendo intencionalmente a toda la población de la seguridad social.

Cabe afirmar que, en el imaginario perverso de los privatizadores y banqueros, está liquidar las “pensiones vitalicias” que es un derecho, establecido por los aportes anuales que entregan los trabajadores afilados, cuya intencionalidad de este grupo siniestro, es volver a establecer nuevas y más altas tazas de aportación y más años de aporte, con menores porcentajes de pensiones jubilares; en el objetivo de encaminar a los adultos mayores al despeñadero y la muerte segura, como sucedió en Chile, cuando aplicaron las administradoras de fondos de pensiones; con esta medida, de ser ejecutada, estarían cumpliendo con fidelidad la propuesta del Banco Mundial, del cual es funcionario Augusto de la Torre, terminar con la vida de los ancianos por ser considerados inservibles para la economía de mercado del sistema capitalista y apropiarse de los recursos económicos frescos que vengan de los trabajadores a quienes les llegue esta reforma perversa y del patrimonio del IESS, creado en varias décadas de aportaciones. Liquidan la solidaridad de los jóvenes para los adultos mayores y ese destino de inservibles también les llegará a los jóvenes. A este grupo no les interesa la vida, les importa la plata y el poder para sostener la miseria y que los trabajadores sigan siendo mercadería de uso.

Esta propuesta pícara establece tres tipos de ecuatorianos: Para aquellos que tienen la capacidad económica de comprar seguros con cobertura de alta gama, ciudadanos que compren un seguro con algún grado de protección, pero que irá disminuyendo en el tiempo de vida que tenga esta persona y un tercer nivel, ciudadanos que los proteja el Estado, éste sin ninguna garantía como sucede en la actualidad, estableciendo un mayor circulo de pobreza, de pauperización, de dolor y angustia humana.

En imperativo un cambio en la administración y gobernanza del IESS, en su autonomía, en su gobernabilidad con independencia de los morosos y responsables de la crisis institucional, un IESS moderno al servicio de sus dueños, donde exista honestidad e integridad de los administradores.

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