Por Annabell Guerrero Pita
En días recientes, una coalición de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres ha demandado del Estado ecuatoriano tomar acciones urgentes frente al número de femicidios perpetrados durante el primer trimestre del 2023, período en el que se han registrado 56 muertes violentas de mujeres por razones de género.
Las organizaciones también exigen, principalmente del gobierno central, adoptar medidas frente a la precarización de las condiciones de vida derivadas de la inseguridad, el desempleo, la falta de acceso a servicios de salud y educación, es decir, ante la profunda desinversión en el ámbito social.
La violación de los derechos humanos de las mujeres es un fenómeno que se ha ido agudizando en el Ecuador y que requiere de acciones inmediatas, esta escalada de violencia se evidencia con claridad en las cifras de femicidios que, año a año, han ido incrementándose en el país:
Femicidios en el Ecuador
Año No. Femicidios
2022 332
2021 197
2020 118
2019 106
2018 88
2017 153
Fuente: Fundación Aldea.
Otros temas que también son motivo de preocupación, guardan relación con los altos índices de incesto y violencia sexual, la falta de recursos y personal en las Juntas de Protección de Derechos, así como, el escaso apoyo para el funcionamiento de las casas de refugio que son fundamentales al momento de salvaguardar la integridad de las mujeres y de sus hijos e hijas.
A todo esto, hay que sumarle el alto grado de impunidad en torno a los casos de femicidios y, en los que se alcanza a lograr justicia, es gracias a la lucha sin desmayo de los familiares de las víctimas, de las organizaciones de mujeres y de la ciudadanía organizada; frente a la falta de políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, el sistema judicial debería estar en primera línea garantizando nuestros derechos, lamentablemente no es así.
Muestra de aquello fue la liberación, por parte de la autoridad de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Montecristi, de Carlos Flores y Luis Eduardo Cordero, sentenciados a 34 años de prisión por femicidio; medidas que en días posteriores fueron revocadas, pero que, pusieron en evidencia los al grado de indolencia que deben enfrentan los familiares de las víctimas en el sistema de justicia.
Algo similar ocurre en los casos de desapariciones, a menudo son los familiares quienes emprenden un trabajo incansable por encontrar a sus madres, hijas o hermanas, sin el auxilio de las autoridades competentes.
Por todo esto, las organizaciones de mujeres exigen una declaratoria de emergencia social que permita enfrentar la violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres, hasta el momento, estamos en espera de un pronunciamiento del presidente de la República y de la señora ministra de la Mujer y Derechos Humanos quienes deben dar respuestas inmediatas al país.
¡Que ser mujer no nos cueste la vida!
En columna aparte N/E
Foto de Maribel Castillo
Maribel Castillo Quispe, fue asesinada en Cuenca luego de salir de una reunión familiar, el día 21 de febrero. Nunca llegó a su casa, sus familiares pidieron ayuda a las autoridades, pero la respuesta fue que debían esperar 72 horas para iniciar la búsqueda, por lo que hicieron la búsqueda por cuenta propia. El cadáver de Maribel, fue encontrado 4 días después, en un lugar abandonado, donde yacía brutalmente golpeada y abusada. Quien la vio por última vez y se presume es el autor del crimen, dio una versión falsa a la fiscalía y ahora está prófugo. “Las cámaras indican que ella nunca cogió un taxi y nunca fue para ningún lado. La única persona que estaba con ella y la vio con vida es él”, dijo Paola Castillo, hermana de Maribel.
Maribel, de 47 años, tenia una hija y trabajaba como enfermera en la ciudad de Cuenca.