Por Francisco Escandón Guevara
Cuando el presidente Lasso inauguró su mandato, además de posesionar ministros, asesores, directores y secretarios de Estado, anunció a varios personajes trascedentes en su triunfo electoral como consejeros ad honorem del ejecutivo.
Para entonces, el banquero puntualizó que estos colaboradores voluntarios ocuparían un cargo meramente honorífico sin recibir remuneración alguna, por el mero hecho de servir a la Patria. Bajo esta consideración: Carlos Cueva, Roberto Salas, Juan José Pons, Aparicio Caicedo, Rafael Cuesta, Roque Sevilla y Luis Enrique Coloma fueron distinguidos en la posesión presidencial.
Lejos de dar lustre a la nominación nobiliaria, la condición de nombramiento ad honorem de estos sujetos, no sólo prescindió de una relación laboral asalariada, sino permitió que sus acciones queden exentas de ser controladas y fiscalizadas e incluso los facultó a burlar el Código de Ética decretado por Lasso bajo el justificativo de no ser funcionarios públicos.
Instituida esta forma de corrupción, lo siguiente fue el tráfico de influencias o palanqueo, el uso de información privilegiada en beneficio de monopolios, la venta de cargos públicos, la intervención prepotente y violenta en otras funciones del Estado e incluso es posible el vínculo de alguno de ellos con las mafias del narcotráfico.
Lasso se rodeó de un grupo de avivatos ad honorem al que les importa un rábano el país, su apostolado honorífico fue una farsa, su intención real fue el de canalizar contratos millonarios a favor de los grupos económicos que representan, comerciar puestos claves en la administración pública y cooptar las instituciones estatales para subordinarlas bajo su dominio o lucro. Calco y copia del correísmo.
Esa es la radiografía de las élites de hoy y las de ayer. Los ad honorem son la reencarnación de los señores patricios que ostentaban sus títulos nobiliarios coloniales, ellos son los herederos de los comités de excelentísimos oligarcas que siguen enriqueciéndose por intermedio de la explotación y la trinca, esos a los que el poder llama ilustres son los propietarios del Estado.
Un gobierno inepto, entregado al Fondo Monetario Internacional, sin credibilidad, y enlodado en corrupción no tiene viabilidad. Si a las élites les interesa salir de la crisis política, en consulta popular, deberían preguntar al pueblo la posibilidad de adelantar elecciones presidenciales y de asambleístas, pero temen al soberano.