Por Camilo Rengifo Marín
El asesinato esta semana de dos excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la región del Cauca, confirman los denunciados indicios de un plan sistemático para eliminar a los ex guerrilleros que se acogieron a los acuerdos de paz suscritos con el gobierno.
Ya suman 135 los rebeldes que depusieron sus armas y fueron asesinados desde la firma de la paz en noviembre de 2016, 34 de sus familiares también fueron muertos y once excombatientes fueron desaparecidos. Además de los ataques a ex guerrilleros, Colombia enfrenta una campaña de asesinatos selectivos de líderes comunitarios y activistas de derechos humanos, que deja 462 muertos desde el 1° de enero de 2016, según la Defensoría del Pueblo.
Para el partido FARC, «estos asesinatos sistemáticos (…) son responsabilidad del Estado y el Gobierno, que constitucionalmente están en la obligación de garantizar la vida y la seguridad de todos los colombianos». Al contundente reclamo se unió el partido de centro Alianza Verde que sostuvo que «las amenazas, desapariciones y asesinatos contra quienes trabajan en los territorios han puesto en evidencia un Estado fallido».
A juicio de diferentes sectores, las pérdidas humanas se han convertido simplemente en estadísticas para las autoridades, ya que faltan acciones contundentes por parte del presidente colombiano, Iván Duque, para detener el derramamiento de sangre.
El constante riesgo sobre la vida ha causado temor en los excombatientes, porque no encuentran garantías para desarrollar sus proyectos productivos, no pueden ver su participación en política y están viendo truncada la reincorporación. Desde el gobierno no parece haber voluntad para adelantar los procesos necesarios para establecer la autoría material e intelectual de los asesinatos y amenazas.
Este martes fueron asesinados Luis Carlos Yunda y Weimar Galíndez, integrantes de FARC que se acogieron al proceso de paz y llevaban adelante su reincorporación en Cauca. Yunda pertenecía a la cooperativa Ceproded, trabajaba como cultivador de piña, vivía en el Espacio Transitorio de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Monte Redondo en Miranda y Galíndez vivía cerca al municipio de Miranda junto a su familia.
De acuerdo con el senador del partido Farc Julián Gallo, más conocido como Carlos Antonio Lozada, las intenciones no son solamente “continuar con la eliminación física de nuestros militantes, sino escalar esta situación y dirigir estos atentados contra los integrantes de la dirección del partido”.
Luis Enríquez, integrante de la dirección del partido FARC en Cauca señaló que Weimar se encontraba cerca a la vereda donde vivía departiendo con campesinos cuando hombres armados le propinaron tres disparos que acabaron con su vida. En el caso de Carlos Yunda, armados atentaron contra su vida en la vereda El Jagual, en la que se encontraba junto a su hermano, quien está en delicado estado de salud.
En Cauca los integrantes del partido FARC están constantemente sometidos a panfletos, llamadas amenazantes y seguimientos irregulares. “Cuando se han identificado los que amenazan, lo hacen bajo el nombre de Águilas Negras», señaló Enríquez, quien añadió que quienes han visto estas bandas operar, los han identificado como «grupos de corte paramilitar”.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) no está garantizando los desplazamientos para las personas que cuentan con esquemas de protección, y no entregan los viáticos a los escoltas para que puedan desarrollar su trabajo, previstos en el Acuerdo de Paz, así como el impulso de medidas de autoprotección comunitarias.
Mientras, haciendo oídos sordos, el gobierno colombiano reafirmó su postura frente al comunicado conjunto sobre ejecuciones extrajudiciales realizado por la relatora especial Agnes Callamard y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en las Naciones Unidas. En éste se instó al gobierno colombiano a no estimular la violencia hacia los excombatientes de las Farc y se exigió respuestas al gobierno frente a la ejecución extrajudicial del excombatiente Dimar Torres, así como a los incumplimientos del Acuerdo de Paz.
«Instamos a las autoridades colombianas a que investiguen esta supuesta ejecución extrajudicial y otros asesinatos similares de conformidad con las normas internacionales, que exigen independencia e imparcialidad», afirmaron desde Naciones Unidas.
“Lamentamos profundamente el comunicado conjunto de Agnes Callamard y los otros relatores”, declaró Nicolás Ávila Venegas, primer secretario de la Misión Permanente del gobierno de Colombia ante Naciones Unidas; “en el cuál se hacen graves acusaciones profiriendo juicios en contra del Gobierno colombiano sin contar con informaciones provenientes de fuentes oficiales que pudieran contrastar con las que seguramente han recibido de otra parte”.
“No pretendemos desconocer la realidad tal como ha sido o como es; pero la responsabilidad de los agentes humanitarios y de los relatores especiales es de ayudar a los Estados a cumplir con sus obligaciones y a facilitar la realización del derecho a la vida. Esa forma de proceder no corresponde a los criterios establecido para los titulares de mandatos”, añadió.
Unos días después el genocida ex presidente y ahora senador Álvaro Uribe afirmó que “Naciones Unidas está actuando de manera que no hay garantía para la democracia colombiana. ¿Cómo se le ocurre al representante de Naciones Unidas decir que el gobierno está incitando a la violencia contra los desmovilizados?”.
Lo que desconoció Uribe es que, dentro de sus mandatos, los relatores especiales tienen la obligación de investigar, visitar los países, recibir y examinar denuncias de violaciones de derechos humanos, así como de intervenir ante los gobiernos a favor de las víctimas. De igual forma, en algunos casos pueden también recomendar programas de cooperación técnica y hacer ‘llamamientos urgentes’.
Obviamente, Callamard y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, no violaron ningún criterio o forma de proceder, como lo aseguró el funcionario colombiano.
Este escenario es otra muestra de la negligencia con la que el gobierno de Iván Duque ha respondido, no solo a los asesinatos de los excombatientes, sino también al incumplimiento de los puntos del Acuerdo de Paz, principalmente en materia de Reforma rural integral, sustitución de cultivos de uso ilícito y garantías de vida para los integrantes del nuevo partido.
Los expertos de la ONU instaron al gobierno colombiano a que deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las FARC-EP y a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida.
Sin fondos para la pacificación
Por su lado, Patricia Linares, presidenta de la oficial Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denunció la reducción de cerca de un tercio del presupuesto de inversión asignado al sistema creado en los acuerdos de paz para juzgar los crímenes del conflicto armado y reparar a las víctimas, que incluye una comisión de la verdad y una unidad de búsqueda de desaparecidos.
La disminución desde unos 28 millones de dólares presupuestados en 2019 a menos de 21 millones para 2020, “implica un detenimiento muy drástico en el cumplimiento” de sus tareas, advirtió la presidenta de la JEP en una rueda de prensa.
El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), creado por la exguerrilla, ha denunciado con insistencia la falta de garantías de seguridad para sus integrantes tras la firma del pacto que condujo al desarme de unos siete mil combatientes bajo la supervisión de la ONU.
Preocupación europea
El enviado especial para la Paz de la Unión Europea, Eamon Gilmore, llamó en Bogotá a detener los asesinatos de los que son víctimas defensores de derechos humanos y exguerrilleros de las FARC en Colombia, desde que se firmó la paz en 2016.
“El mayor reto que (…) Colombia enfrenta tiene que ver con la continuación de asesinatos perpetrados en contra de excombatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos”, dijo Gilmore tras reunirse con el presidente Iván Duque y el fiscal general Fabio Espitia.
Gilmore expresó su preocupación por la persistencia de esos homicidios y enfatizó la necesidad de “llevar a la justicia” a los responsables de los crímenes. Con el fin de apoyar el esclarecimiento de los asesinatos selectivos, el alto funcionario europeo anunció la entrega de dos millones de euros a la fiscalía, para fortalecer su capacidad de investigación en las regiones más remotas de Colombia, donde se encuentra la mayoría de las víctimas.
“Se lo debemos a sus familias, al futuro del proceso de paz y a la consolidación de la democracia en esos territorios”, agregó.
ALAI