Por Ramiro Beltrán
Resulta difícil discernir si las decisiones que afectan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) responden a la incompetencia administrativa o a una lógica deliberada de deterioro institucional. En ambos casos, el resultado es el mismo: el debilitamiento progresivo de una de las principales garantías de protección social del país.
La gestión pública reciente evidencia una preocupante tendencia hacia la deshumanización de la política, donde la búsqueda de beneficios inmediatos —individuales o corporativos— se impone sobre el interés colectivo. Este comportamiento se traduce en prácticas administrativas marcadas por la improvisación, la opacidad y la erosión de principios fundamentales como la ética pública y la responsabilidad estatal.
En este contexto, el Gobierno ha impulsado, a través del Banco del IESS (BIESS), el programa hipotecario “Credicasa” con una tasa de interés del 2,99 %, presentada como la más baja en la historia del sistema financiero ecuatoriano. Si bien la medida busca facilitar el acceso a vivienda y dinamizar la economía, también ha generado serias preocupaciones en sectores técnicos y académicos.
Diversos especialistas advierten que esta tasa resulta antitécnica y podría comprometer la sostenibilidad de los fondos de pensiones y cesantía, al no garantizar niveles adecuados de rentabilidad frente al riesgo asumido. En efecto, la ampliación de plazos hasta 30 años y el financiamiento de hasta el 100 % del valor de la vivienda incrementan la exposición financiera del sistema.
Más allá del beneficio inmediato para ciertos sectores, la medida plantea un dilema estructural: ¿puede una política pública orientada al acceso social sacrificar la estabilidad financiera de una institución que sostiene a millones de afiliados y jubilados? La respuesta exige un análisis técnico riguroso y una conducción política responsable, elementos que parecen ausentes en la actual toma de decisiones.