Por Remo Cornejo Luque
La decisión de la Corte Constitucional de habilitar el referéndum de Daniel Noboa sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) nos obliga a mirar más allá de la superficie institucional.
El Gobierno insiste en este camino apoyándose hábilmente en las encuestas que reflejan una altísima desaprobación popular hacia el Consejo, utilizando ese legítimo hartazgo como una plataforma para impulsar una reforma que, en el fondo, busca repetir viejos esquemas. No se trata de una intención aislada; desde el correísmo hasta la actual administración, pasando por Moreno y Lasso, todos los gobiernos han pretendido —y logrado en muchos casos— meter la mano en los procesos de selección y designación de las autoridades de control. El CPCCS ha servido históricamente como una herramienta de turno para el control político, y la propuesta de trasladar estas facultades a la Asamblea Nacional no garantiza independencia, sino que simplemente cambia el escenario del reparto.
La urgencia del Ejecutivo por este cambio se explica también por sus propios fracasos en el sistema actual, como quedó evidenciado en la reciente y desastrosa designación del presidente de la Judicatura, quien terminó vinculado con carteles de la mafia en un escándalo que avergüenza al país. Este episodio demuestra que el problema no es solo la institución, sino la penetración de intereses oscuros en los procesos de selección que el Gobierno no ha podido, o no ha querido, blindar.
Resulta contradictorio que se nos pida nuevamente confiar en una reforma institucional cuando el propio Noboa ya sufrió un rechazo contundente en noviembre de 2025, donde más del 60% de los ecuatorianos dijo «No» a sus propuestas clave. Insistir en un referéndum que el pueblo ya clausuró en 2023 con Lasso, bajo el pretexto de una crisis que los mismos gobiernos han alimentado, es ignorar que la verdadera demanda popular no es solo un cambio de manos en el poder, sino transparencia real, justicia independiente y la garantía de derechos básicos como seguridad ciudadana, salud y educación que siguen siendo sacrificados en el altar de la disputa política.