Por Remo Cornejo Luque
El presidente Daniel Noboa ha publicado una carta dirigida «al país», quizás es el preludio del informe a la nación que dará el 24 de mayo, y donde pretende, mediante justificaciones y ataques a la oposición, dibujar un Ecuador de fantasía, con el consabido maquillaje de cifras.
Sin embargo, desde la óptica de los sectores populares, los trabajadores, el magisterio y la juventud, la realidad se vive de una manera radicalmente distinta. El papel lo aguanta todo, pero el bolsillo y el estómago del pueblo no.
En primer lugar, el mandatario dedica espacio a defender el título de su entorno familiar y sus vehículos de lujo, tildando las críticas de «linchamiento». Mientras Carondelet se victimiza por sus privilegios, el verdadero drama educativo lo sufren los miles de jóvenes de los barrios populares que se quedan sin cupo en las universidades públicas y los que logran acceder a la educación superior se esfuerzan para obtener un título de licenciatura en comunicación en 4 años y no en 8 meses, o las escuelas fiscales que se caen a pedazos por falta de presupuesto. Defender la educación pública y declararla en emergencia es una necesidad urgente.
Por otro lado, la carta presidencial minimiza el colapso de los servicios básicos. Afirmar con ligereza que «hoy no existe un problema de generación eléctrica» es un insulto, igual que pretender ocultar el desabastecimiento de los hospitales públicos. En esta crisis energética, el bullado caso PROGEN y la fallida compra de generadores no es un problema aislado de Luque, Manzano y Wong; es la muestra clara de la inoperancia, la falta de transparencia y las malas decisiones políticas que nacen desde la cabeza del propio régimen y que terminan pagando los sectores populares con apagones y pérdidas económicas.
Quizás el punto de mayor desconexión es la justificación de los privilegios tributarios del Grupo Noboa. Decir que la remisión de intereses de las grandes empresas es lícita porque «gobiernos anteriores también lo hicieron» demuestra que este régimen sigue la misma línea neoliberal del pasado. Al gran capital se le perdonan millones, mientras que al pequeño comerciante, al artesano y al trabajador se les asfixia con impuestos, multas y clausuras inmediatas por parte del SRI.
El «Nuevo Ecuador» no existe en la realidad, solo en su imaginación. La juventud está sin perspectivas de progreso, está huyendo del país por la falta de empleo y el terror de la inseguridad, las vacunas y el crimen organizado que azotan a los barrios populares sin una respuesta contundente del Estado. Los trabajadores y pobladores en general exigen menos retórica en redes sociales y más presupuesto para la salud, la educación, el empleo digno y la seguridad del pueblo soberano.
Por todo esto, el desencanto y descontento social crece de forma acelerada en las calles y la credibilidad de su Gobierno se ha desplomado por el peso de sus propios incumplimientos y mentiras. Ante un régimen sordo a las demandas populares, el pueblo no puede cruzarse de brazos; por ello, se vuelve una necesidad urgente e histórica activar los mecanismos constitucionales de la REVOCATORIA DEL MANDATO.
¡Si el gobernante no cumple con el mandato soberano de dar bienestar, seguridad y dignidad, es el pueblo el que tiene el derecho y el deber de retirarlo del poder!