Por Annabell Guerrero Pita
La muerte de la ambientalista Mónika Silva, en circunstancias que aún deben ser esclarecidas, ha conmocionado al país; ella se enfrentó a estructuras de poder y denunció presuntos actos de corrupción en defensa de su comunidad, en la provincia de Santa Elena y del Ecuador.
Silva denunció la presencia de maquinaria en la playa de Olón; los presuntos casos de tráfico de tierras en Santa Elena, en los que señaló al exalcalde de dicho cantón y actual asambleísta Otto Vera; el Caso Bellitec, sobre el que advirtió que más de 700 hectáreas de terrenos municipales habrían sido vendidas sin subasta pública a una empresa vinculada a la familia de Niels Olsen.
La ambientalista, además, entregó información a la Embajada de Estados Unidos sobre el Caso Sunshine, en el que denunció un supuesto esquema de tráfico de tierras y lavado de activos que involucraría a empleados de Noboa Trading.
También señaló al contralor Mauricio Torres por, presuntamente, obstaculizar investigaciones relacionadas con irregularidades en Santa Elena.
Por eso llama la atención la diligencia con la que el actual gobierno, a través de su ministro del Interior, John Reimberg, impulsa la tesis del suicidio.
Una extraña actitud la del gobierno. Mucho más si se recuerda que Mónika denunció amenazas en su contra; e incluso, alertó públicamente que temía por su vida al existir el riesgo eminente de un atentado en su contra.
Instalar en la opinión pública la tesis de que la denunciante se suicidó antes de las pericias de ley (también existen posteos en varias redes sociales de una supuesta despedida dirigida a su pareja mediante un mensaje de WhatsApp, versión que fue desmentida por el involucrado), enciende las alertas: ¿qué busca el gobierno al posicionar que la denunciante acabó con su vida?
Los estándares internacionales establecen que, en situaciones que involucran a defensoras y defensores de derechos humanos, las autoridades tienen la obligación de actuar con debida diligencia, independencia y transparencia.
Así, las investigaciones deberían considerar todas las hipótesis posibles y evitar conclusiones anticipadas que puedan comprometer el esclarecimiento de los hechos.
Sus familiares, amigos, amigas, compañeros de lucha y amplios sectores ciudadanos se han pronunciado en redes sociales, y en lugares públicos, exigiendo justicia y verdad.
Un hashtag, en especial, llamó mi atención: “Mónika Vive”. Estas palabras encierran una profunda carga simbólica: su lucha y su legado mantienen una presencia viva en la memoria colectiva.
Basta observar las redes sociales. Los internautas están compartiendo sus denuncias, reflexiones y llamados a la acción.
En efecto, Mónika vive. Como mujer, la admiro profundamente. Estoy convencida de que su valentía, su firmeza y su compromiso con las causas que defendió inspiran a muchas otras mujeres a no renunciar a la búsqueda de justicia. Quizá esta búsqueda es lo que algunos intentan silenciar. Además de la capacidad de una voz crítica para movilizar conciencias.
Tras lo acontecido con Mónika, ¿acaso se pretende desalentar las voces de otros denunciantes, defensores de la vida, del territorio y de los derechos?
¿Se desea transmitir el mensaje de que callar es la mejor opción para quienes denuncian, cuestionan o se enfrentan a intereses poderosos?
Si es así, ese propósito está destinado al fracaso, porque las ideas que impulsó Mónika trascienden a su persona. Su ejemplo permanece y su causa continúa.
Por eso, hoy más que nunca, es indispensable exigir una investigación independiente, y transparente. No puede haber espacio para el encubrimiento o la manipulación. La memoria de Mónika Silva y el derecho de los ecuatorianos a que su muerte se investigue de manera independiente y técnica, así lo demandan.
Porque ¡Mónika vive!