Por Remo Cornejo Luque
La máxima popular de que «todo se paga en esta vida» ha cobrado plena vigencia en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Tras casi ocho años de una gestión marcada por el entreguismo ante el poder de turno, Diana Atamaint fue finalmente removida de la presidencia del organismo de control electoral.
No se trata de un simple cambio administrativo; es el colapso de una opaca hegemonía que operó sistemáticamente violando la ley, conculcando los derechos de participación de las organizaciones sociales y dándole la espalda a la voluntad soberana. La historia y la memoria colectiva no olvidarán su vergonzoso papel como operadora política al servicio del poder, un rol que comparte en el repudio popular junto a figuras como José Merino Abad.
Este remezón institucional ocurre a pocos meses de las elecciones seccionales de noviembre de 2026. Se da, además, bajo la vergonzosa realidad de un cuerpo de consejeros prorrogados en funciones debido a la inoperancia de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) incapaz de renovar el organismo. La paradoja de la jornada se selló cuando la propia Atamaint, en una maniobra de sobrevivencia política para conservar su vocalía, votó a favor de su propio relevo, entregando la posta al consejero José Cabrera.
En este escenario, la trayectoria de Unidad Popular, listas 2, destaca con luz propia. Este partido político jamás bajó la cabeza y ha mantenido siempre en alto la defensa intransigente de los derechos de los trabajadores y pueblos, por el derecho a la participación política. Es un ejemplo para la izquierda ecuatoriana de luchar hasta las últimas consecuencias y la victoria. No es una postura discursiva, sino una realidad palpable en las urnas y en las calles: Unidad Popular se consolida como el único partido político que le ha asestado derrotas contundentes al gobierno de Daniel Noboa. Lo demostró en las urnas en las dos consultas populares, al plantear la inconstitucionalidad de sus leyes retrógradas de urgencia económica en la Asamblea, al defender con firmeza la personería y vigencia de la organización, y al combatir de frente las políticas neoliberales y la corrupción del régimen de ADN. Con ello, ha frenado las pretensiones de un gobierno autoritario que busca someter la institucionalidad democrática a sus intereses particulares.
Por ello, la lucha por la democracia y contra el fraude electoral no se detiene. Los trabajadores y pueblos exigen que la nueva conducción del organismo electoral asuma de una vez por todas una postura de estricta independencia, imparcialidad y absoluta transparencia. El arbitraje electoral no puede seguir siendo el patio trasero de los pactos oligárquicos; el respeto al derecho de participación y la vigencia de una verdadera democracia serán defendidos con la vigilancia y la movilización permanente del pueblo organizado.