Por Abg. Lenin Manobanda Núñez
El poder concentrado y su uso contra los adversarios políticos amenazan el equilibrio entre las instituciones del Estado
¿Qué tan capaces son nuestras instituciones de limitar al poder? Esa es la pregunta que el politólogo Santiago Basabe ha puesto sobre la mesa al analizar el gobierno de Daniel Noboa. Y es una pregunta que debería incomodarnos a todos, más allá de nuestras simpatías políticas.
La democracia no es solo votar. También requiere instituciones independientes, reglas estables y condiciones equitativas para competir. Si el árbitro favorece a un jugador o si las reglas cambian sobre la marcha, las elecciones se convierten en un trámite vacío.
Noboa fue elegido democráticamente. Su legitimidad no está en discusión. El problema comienza cuando cualquier gobernante cree que ganar le da derecho a utilizar las instituciones del Estado en su beneficio. La democracia no fue diseñada para que el presidente gobierne sin límites, sino para que nadie se convierta en dueño del Estado.
Basabe ha advertido sobre la vocación de «capturar más poder» desde el Ejecutivo. Y el ambiente electoral actual, como él mismo señaló en El País, es excepcionalmente opaco: incertidumbre, exclusión de organizaciones y reducción de la competencia.
No se trata de calificar cada decisión como ilegal, sino de mirar el conjunto. Porque la democracia puede morir sin golpes de Estado: las instituciones pierden autonomía, los controles se debilitan y la oposición encuentra cada vez más obstáculos.
El problema no empezó con Noboa ni terminará con él. Ecuador arrastra un sistema de partidos débil. Pero eso no nos exime de mirar lo que ocurre hoy.
Una democracia sana es aquella donde el poder sabe que tiene límites. El presidente debe saber que la Corte puede contradecirlo. La Asamblea, que puede fiscalizarlo. Y los ciudadanos, que pueden criticar sin ser enemigos del Estado.
Un compromiso personal
Permítanme añadir una convicción personal. Yo no votaré por quienes no respetan la voluntad popular. El caso Yasuní fue un ejemplo doloroso: el pueblo ecuatoriano dijo «sí» a la vida y «no» a la extracción petrolera en uno de los lugares más biodiversos del planeta, y sin embargo, esa decisión soberana fue ignorada. Si la palabra del pueblo no vale, ¿qué valor tiene entonces una papeleta?
Este artículo no defiende a ninguna corriente política. Defiende las reglas. Si hoy cuestionamos el uso de las instituciones contra un adversario, mañana debemos cuestionarlo igual cuando el adversario sea otro. La democracia no puede depender de quién sea la víctima.
Al final, la pregunta no es quién tiene el poder. La pregunta es quién controla a quien tiene el poder. Si no sabemos responderla, tenemos razones para indignarnos y para preocuparnos.