Por Remo Cornejo Luque
El pasado 14 de julio de 2026, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo No. 448, declarando política pública el Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI) 2025-2029. A primera vista, este anuncio responde a una necesidad urgente debido a la violencia delincuencial y el crimen organizado que han capturado al país, convirtiendo a Ecuador en uno de los territorios más peligrosos de América Latina.
Sin embargo, análisis minuciosos del campo popular revelan que este plan trasciende la seguridad ciudadana para configurar un proyecto estatal de carácter autoritario. La lucha contra el crimen funciona como una perfecta cortina de humo para justificar tres ejes alarmantes: la militarización de la vida social y política, la criminalización de la oposición, y la ejecución de un programa económico diseñado para beneficiar abiertamente al gran capital local y transnacional.
Lo que el oficialismo vende como eficiencia táctica muestra ya sus consecuencias más oscuras. No hay disminución de muertes violentas ni se ha frenado el accionar del narcotráfico. Lo más notorio es que detrás del despliegue represivo se esconde una grave crisis de derechos humanos. Organismos internacionales y comités de víctimas denuncian la existencia de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas al crisol de los estados de excepción. La impunidad empieza a institucionalizarse bajo el pretexto del combate al terrorismo.
Al elevar este plan a política pública, el régimen busca un blindaje jurídico para prevenir y perseguir a la oposición, debilitar a las organizaciones sociales y de izquierda, y avanzar en la implementación de su agenda económica neoliberal bajo el manto engañoso de la «seguridad integral».
Ante este escenario, la complacencia no es una opción. Es imperativo levantar la voz en defensa de la democracia y contra la consolidación de un estado policiaco. No podemos permitir que el miedo sea instrumentalizado para arrebatarnos libertades fundamentales, normalizar el terror estatal y silenciar la resistencia popular. La verdadera seguridad no nace de la bota militar ni de la represión; se construye con justicia social, derechos y una democracia auténtica que se defienda con dignidad en las calles y en la conciencia crítica del pueblo.