Redacción Opción
Así se pronunció la presidenta nacional de la UNE Isabel Vargas, quien intervino el día viernes 21 de enero en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional; en la que también comparecieron funcionarios del Ministerio de Educación y del IESS, a propósito, analizar y exigir el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional que mandó al gobierno y a la Asamblea a subsanar algunos artículos de la LOEI. Cuyo plazo establecido por la CC se cumple el próximo 11 de febrero. Entre los aspectos importantes está la equiparación salarial del magisterio fiscal.
La presidenta de la UNE informó que «… la cifra enviada por el Ministerio de Finanzas sobre impacto presupuestario, no es de la dimensión que señalan (USD 2.175 millones) y que busca evadir el cumplimiento de la responsabilidad constitucional del Estado… No no podemos caer en el maniqueísmo de confrontar a la educación con otros sectores, pues esto rompe la unidad nacional tan necesaria en estos momentos de pandemia, inseguridad y falta de empleo que son producto de la inexistencia de un proyecto nacional…»
Isabel Vargas, señaló que la proyección realizada por su organización respecto al impacto presupuestario es de USD 560 millones, cifra que coincide con lo señalado por el Dr. Juan Francisco Díaz, delegado del Ministerio de Finanzas, en la mesa técnica realizada por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, el 16 de octubre del 2020. Además señaló que existen las fuentes de financiamiento, pues según el Servicio de Rentas Internas (SRI), hay una recuperación de impuestos y para el 2022, se prevé recaudar un 13% adicional, a esto se suma el excedente por la venta del petróleo presupuestado a $59,00 y vendido a 85,7; estos ingresos deberían reparar la discriminación que sufre el magisterio y no para compensar los ingresos como el impuesto generado por las herencias de los poderosos de este país y peor condonar la deuda de los morosos.
Por último, dijo que la plena vigencia del derecho de la educación está ligada con las condiciones laborales y si «el ministro de Finanzas insiste en no cumplir y acatar normativas debería ser llamado a juicio político, caso contrario el magisterio exigirá en las calles lo que por ley le corresponde.
24 enero 2022