Por Sonia Romero
Lo ocurrido en el CNE, particularmente en las intervenciones de los consejeros Merino y de la presidenta, no solo es jurídicamente débil: es inaceptable y profundamente irresponsable desde cualquier estándar mínimo de legalidad. El nivel de argumentación expuesto es francamente deplorable, no por una diferencia interpretativa legítima, sino por la omisión deliberada de elementos básicos del derecho administrativo que cualquier autoridad en su posición está obligada a conocer y respetar.
Aquí no estamos frente a un debate complejo. Estamos frente a algo mucho más grave: la ignorancia de la competencia en razón del tiempo, un elemento estructural del acto administrativo. El artículo 327 del Código de la Democracia es claro: la potestad de cancelar organizaciones políticas tiene un límite temporal expreso. Actuar fuera de ese plazo no es discutible, no es opinable, no es interpretable: es actuar sin competencia. Y actuar sin competencia implica, jurídicamente, la nulidad de pleno derecho de cualquier decisión que se adopte
Pretender ignorar este límite no es un error técnico: es una actuación arbitraria. Más aún cuando el propio desarrollo del procedimiento evidencia que, para el momento en que se pretende resolver, la competencia temporal ya no existe, configurándose una imposibilidad jurídica sobrevenida para continuar el trámite. Seguir adelante en estas condiciones no es solo ilegal: es un abuso del poder público.
A esto se suma un hecho aún más grave: la construcción forzada de la presencia de cuatro consejeros para sostener una decisión jurídicamente insostenible, en ausencia de un quinto consejero o consejera que ha advertido públicamente la ilegalidad de lo que se está cometiendo. Esto no es un detalle político, es un indicador claro de que se están moviendo las fichas institucionales para fabricar una decisión, no para adoptarla conforme a derecho.
Pero la ilegalidad no termina ahí. El procedimiento entero está viciado desde su origen: no existen presupuestos fácticos válidos que sustenten la causal invocada; no se ha probado una disminución real de afiliados conforme a las formas legales; se pretende sustituir hechos jurídicos por simples datos administrativos no verificados; y, aun así, se pretende construir sobre esa base una decisión de la máxima gravedad. Esto no es una falla menor de motivación: es un vaciamiento total del deber de motivar, que convierte la decisión en arbitraria.
Además, el propio CNE contradice sus actos previos, pasando en cuestión de días de reconocer la vigencia de una organización política a intentar cancelarla, sin hechos nuevos, sin explicación técnica y sin motivación suficiente. Esto vulnera de manera directa la seguridad jurídica, la buena fe y la confianza legítima, pilares básicos de cualquier actuación administrativa seria.
Y cuando todo esto se proyecta sobre derechos políticos, la gravedad se multiplica. No se puede restringir la participación política con decisiones improvisadas, mal motivadas y adoptadas fuera de los límites legales. La cancelación de una organización política exige el máximo rigor jurídico; lo que aquí se observa es exactamente lo contrario: una actuación precaria, forzada y jurídicamente indefendible.
Lo que han hecho no es interpretar la ley. Es torcerla. Y eso, en un órgano electoral, no solo es deplorable: es peligroso para la democracia.
Hoy ya no es momento de guardar silencio ni de asumir posiciones tibias. Cuando las instituciones se desvían de la ley de forma tan evidente, lo mínimo exigible es asumir posturas claras, firmes y públicas, sumar voces y también acciones. Desde una posición objetiva y jurídica, corresponde señalar lo que es: una actuación ilegal. Expreso mi solidaridad con Unidad Popular, como una posición coherente frente a la vulneración de derechos y al debilitamiento del Estado de derecho.
Pero esto no termina aquí. Corresponde seguir exigiendo, activar todos los mecanismos jurídicos disponibles y sostener la defensa en todas las vías posibles, porque el respeto al ordenamiento jurídico y a los derechos políticos no es negociable ni se agota en una decisión administrativa. Aquí lo que está en juego es la vigencia misma del Estado de derecho, y eso se defiende hasta las últimas consecuencias.