Por Jaime Chuchuca Serrano
El gobierno de Noboa ha hecho ajustes recurrentes: dijo que no le dejaron fondos y endeudó al país por otros 4 mil millones de dólares con el FMI; espetó que incrementaría el presupuesto para la educación y salud, y al contrario, disminuyó y no se les ha cancelado ni lo comprometido; sobreactuó indicando que no habrían más apagones y estos continuaron; habló de mejorar la economía del país y lo que ha hecho es enriquecer más a su familia; manifestó que no quitaría los subsidios y, al revés, miles de personas han dejado de recibir el bono de desarrollo, y ahora encareció el precio de los combustibles Extra y Ecopaís; decía que no subiría los impuestos, y los subió. Ante la mentira, la mayoría de la población ha optado por no creerle: mediciones serias detallan que el 62% de los ecuatorianos desaprueban la gestión de Noboa. La crisis está unida a la demagogia noboísta, que nada más piensa en sus objetivos electorales de 2025.
En un año, la canasta básica ha incrementado su precio entre 15 y 32 dólares: en junio, la canasta básica de Guayaquil se ubicó en 804,68 dólares, la de Quito en 814,66 y la de Cuenca en 834,95 dólares. La espiral inflacionaria continúa y la pobreza crece. A la crisis económica inducida por el régimen, le sigue la crisis del sector energético, por la erosión de la cuenca del Río Coca y la no previsión en la construcción de obras: se paralizaron 55 pozos petroleros durante 11 días, y se dejaron de percibir más de 241 mil barriles de petróleo diarios, los que representan unos 190 millones de dólares perdidos; en esta semana, se han recuperado 50 mil barriles, y la producción alcanzó 325 mil barriles, muy por debajo de los 485 mil barriles que se extraían. También corren peligro el poliducto de gas licuado y la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
Al marcado autoritarismo de Noboa (como los casos Chatarra Rusa, Olón, la invasión de la embajada de México, las pugnas con Abad, el informe Human Rights Watch, el cierre del programa Los Irreverentes, el caso Alondra, el caso Chanduy), se incorporan varios casos de corrupción que han sido menospreciados por la corporaciones comunicativas que defienden al régimen: el pago ilegal de 22 millones de dólares en el caso Bucaram Aivas; los contratos mineros con empresas cercanas al Grupo Noboa; el tráfico de influencias en el caso Olón; los contratos de Desayuno Escolar y alimentación de las cárceles, con el grupo El Ordeño-Corpabe, dirigido por los mismos Noboas; o el caso de peculado del Banco del Pacífico. que involucra a los abogados Francisco Fierro, Ricardo Noboa, Esteban Noboa, Leonardo Toledo (abogado de Mayra Salazar) y otros personajes.
En este ambiente, se desenvuelven las marchas de las organizaciones sociales contra el paquetazo de Noboa. Las razones para la movilización, sobran.