Por Remo Cornejo Luque
La emisión del Decreto Ejecutivo 503 marca un punto de inflexión en la administración de los sectores estratégicos en el Ecuador. Al asumir personalmente la presidencia de los directorios de Petroecuador, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) y la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), el presidente Daniel Noboa ha centralizado el mando sobre los recursos más valiosos del país.
Esta decisión, amparada en reformas legales recientes, elimina las delegaciones políticas y coloca la responsabilidad de la política energética e hidrocarburífera directamente en el despacho de Carondelet. Sin embargo, tras la narrativa oficial de transparencia y lucha contra la corrupción, se trasluce una estrategia que parece orientada a viabilizar la transferencia de activos estatales al sector privado mediante un proceso de asfixia operativa.
El argumento de la ineficiencia estatal, utilizado frecuentemente para justificar procesos de concesión, encuentra su raíz en un manejo financiero que limita sistemáticamente la capacidad de respuesta de las empresas públicas. Mientras el discurso gubernamental señala la falta de resultados, el Ministerio de Finanzas mantiene una deuda con estas entidades que supera los 1.000 millones de dólares, producto de mecanismos de extracción de liquidez para cubrir el déficit del Gobierno Central. Esta privación de recursos impide que las empresas realicen mantenimientos preventivos o expandan su infraestructura, generando un deterioro visible que luego es presentado ante la opinión pública como una prueba irrefutable del fracaso del modelo público.
A esta limitación económica se suma una alarmante parálisis administrativa. Los niveles de ejecución presupuestaria en inversión muestran cifras que resultan difíciles de explicar únicamente por razones técnicas. El hecho de que entidades estratégicas dejen sin utilizar gran parte de los fondos destinados a mejoras estructurales sugiere una subejecución dirigida que profundiza la crisis. Al no fortalecer la generación propia ni modernizar las redes de distribución, se crea un escenario de «emergencia» que legitima la contratación directa de soluciones privadas temporales, como el arrendamiento de barcazas o la compra de energía externa, trasladando la rentabilidad hacia intereses particulares mientras el Estado asume los costos operativos y sociales.
Finalmente, las recientes intervenciones y denuncias sobre redes de corrupción en las empresas eléctricas sirven para consolidar en el imaginario colectivo la idea de que lo público es intrínsecamente inviable. No obstante, el saneamiento de las instituciones no parece ser el objetivo final, sino más bien la preparación de las mismas para una futura gestión privada.
Al concentrar el control total de los directorios bajo la figura presidencial, se facilita el camino hacia modelos de gestión delegada y alianzas público-privadas. En este escenario, el debilitamiento de las empresas estratégicas no aparece como una consecuencia accidental, sino como el guion necesario para justificar el desmantelamiento de la soberanía estatal sobre el petróleo y la electricidad.