Por: Remo Cornejo Luque
Quevedo cuenta con 83 años de vida cantonal, pero sus habitantes siguen mendigando un derecho humano básico: agua potable.
La ciudad depende aún en un 60% de una planta construida hace tres décadas para una población tres veces menor a la actual. Sin embargo, esta crisis no es solo técnica; es el resultado de una herencia de corrupción y un sistema administrativo que hoy pretende castigar al pueblo con cobros ilegales por un servicio que no recibe.
Ubicándonos en contexto, la historia reciente de los pozos de agua en las parroquias es el ejemplo más crudo del abuso. Denuncias de los pobladores señalan que en administraciones anteriores, ligadas al exalcalde John Salcedo, se construyeron pozos con sobreprecios y materiales de ínfima calidad. En lugar de acero galvanizado, se utilizó material que se oxidó rápidamente bajo tierra. Esta «agua de óxido», enviada sin tratamiento previo, ha puesto en riesgo la salud de miles de seres humanos y ha colapsado la red de distribución con metales pesados, dejando a sectores enteros sin presión ni servicio.
Frente a esta catástrofe, Quevedo no ha guardado silencio. La Federación de Barrios de Quevedo, el Comité de Usuarios del Agua, el Frente de Personas Adultas Mayores y con Discapacidad, y el Frente de la Salud de los Pueblos han encabezado una lucha histórica en las calles. A través de movilizaciones, plantones y asambleas permanentes, los pobladores han denunciado el atropello de recibir facturas de consumo mientras sus llaves permanecen secas. Esta justa lucha barrial ha encontrado una voz y postura consecuente en el concejal de Unidad Popular, Leo Jiménez, quien ha llevado la propuesta y clamor de los olvidados al seno del Concejo Cantonal.
La labor de fiscalización de Leo ha sido contundente al señalar que la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Quevedo (EPMAPAQ) está operando al margen de la ley. Los argumentos jurídicos que sustentan la exigencia de los barrios son irrefutables:
Prescripción legal: La normativa tributaria es clara y sostiene que las deudas de más de cinco años ya se han prescrito. La empresa no puede pretender recaudar «deudas muertas» para cubrir su ineficiencia financiera.
Inexistencia de la obligación: Jurídicamente, no hay obligación de pago por un servicio no prestado o entregado en condiciones de insalubridad probada.
Gracias a la presión popular de los plantones y la gestión de Unidad Popular, recientemente se anunció una medida de prescripción masiva de deudas. Aunque es un paso importante, los barrios y el concejal Leo advierten que no descansarán hasta que la nulidad de las coactivas sea total para todos los afectados y se garantice una inversión real, ya sea para la clorificación del sistema de agua y/o para una infraestructura altamente técnica y sofisticada que dé agua verdadera a Quevedo.
Una lección que deja esta lucha barrial es que se requiere una persona auténticamente del pueblo, con alto contenido humano; que sepa conducir los destinos de los quevedeños con participación e inclusión ciudadana; que ponga en primer plano la defensa de la vida de sus pobladores; que sepa administrar el GAD, entre otras cosas, en el sistema de los servicios básicos, que tenga capacidad de gestionar cobros (desde el 2011 hay déficit en cuanto al cobro del servicio de agua), que se instalen los medidores y que se actualice los catastros donde se construyen los pozos; que gobierne con una clara orientación: «NO MÁS IMPUESTOS CONTRA EL PUEBLO».
La lucha de los barrios, liderada por la Federación, el Comité y los Frentes de Defensa, demuestra que el agua en Quevedo ha dejado de ser un negocio de unos pocos para convertirse en una bandera de organización y lucha por dignidad y por la vida. Como sostiene Leo Jiménez: «El acceso al agua es un derecho humano, no un mecanismo de persecución administrativa».
¡Otra política SÍ es posible!
¡La lucha continúa!