Por Guido Proaño Andrade
Sebastián Piñera ha expresado con absoluta claridad el pensamiento de la burguesía internacional: el pueblo es su enemigo y viven en guerra con él. Fue enfático y en correspondencia con ello puso a las fuerzas del orden en las calles para que acaben con sus antagonistas.
La declaración del presidente chileno, por desembozada y cínica, recorrió el mundo provocando repudio; presidentes o mandatarios de otros países no han llegado a expresarse en el mismo sentido –al menos en público-, pero actúan de la misma forma. El número de personas asesinadas en el mes de octubre en varios países (Irak, Haití, Ecuador, Chile, Líbano) por protestar en las calles superan los doscientos.
Las protestas desarrolladas en estas semanas son la respuesta al proceso de pauperización de las masas y de concentración de la riqueza en pocas manos, fenómeno intrínseco a la naturaleza del sistema capitalista. La ejecución de políticas neoliberales, establecidas en acuerdo entre los gobiernos y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, aceleran ese proceso y han sido detonantes para que las calles sean tomadas, develando que el descontento popular está presente, a flor de piel. Por eso la masiva participación en estas luchas, el rápido contagio social y los altos niveles de combatividad. Hay otro elemento disparador de estas acciones: el repudio a la corrupción, generalizada también en los países.
El período en el que alto precio de los commodities permitió a los países sudamericanos obtener ingresos superiores a los que antes obtenían pasó, haciéndose más evidentes los graves problemas resultantes de economías dependientes y con menor desarrollo. En varios casos la crisis se hizo presente.
Para salir del hoyo, la derecha liberal profundizó las políticas de ajuste que desde hace años se han mostrado negativas: temporalmente mejoran las cifras económicas oficiales, benefician a los dueños del capital, siempre agudizan los problemas sociales y, luego, desembocan en nuevos y más graves conflictos económicos. El caso emblemático, Chile, promovido internacionalmente como ejemplo de «modelo exitoso», en realidad es prototipo de hacia donde lleva la ortodoxia neoliberal. Los jóvenes chilenos no podían resumir mejor lo que allí ocurre al acuñar el grito «no es por 30 centavos, es por los 30 años».
Aun así, los economistas neoliberales continúan hablando de la necesidad de medidas restrictivas, de políticas «liberales» para el crecimiento de la economía, reformas laborales para incrementar la productividad, etc. y todo cuanto les permita mostrar «índices económicos positivos» que al fin de cuentas para los pueblos no implican que las cosas vayan bien.
América Latina es el continente más inequitativo del mundo; de los diez países más desiguales del planeta solo dos, Sudáfrica y Ruanda no son de esta región. Pocos grupos monopólicos concentran más riqueza que millones de personas, pero para la burguesía esto no solo es natural, sino insuficiente. Alberto Acosta Burneo, conocido economista ecuatoriano vinculado a la gran banca del país, con desfachatez tuiteó diciendo que «nadie se ha muerto de desigualdad…» y que «la pobreza se combate con acumulación de capital… y más producción», es decir, con mayor concentración de la riqueza en los dueños del capital y con índices más altos de extracción de plusvalía.
Esto y las declaraciones formuladas por funcionarios del gobierno advierten que la burguesía ecuatoriana no se moverá de su programa económico neoliberal, que harán todo lo posible para sortear el momento político abierto tras el levantamiento popular de octubre e insistirán en sus compromisos con el FMI. Desde el lado de los actores sociales y políticos del país significa que la lucha popular tendrá nuevos capítulos por similares motivos.
La perspectiva económica y social para los países y los pueblos no es halagadora. Las estimaciones de crecimiento de la economía latinoamericana apenas llegan al 0,6% hasta finalizar este año, en el marco de un crecimiento mundial que se estima sería del 3.0%, el más bajo desde el 2008-2009. Visto así, los problemas económicos no son regionales, sino mundiales; no son circunstanciales, son estructurales.
El mundo asiste a una oleada de lucha de los pueblos y octubre se convirtió en el pico más alto de estas acciones de protesta. El pueblo en las calles, particularmente la juventud, ha arrinconado a los gobiernos, ha denunciado y repudiado las políticas fondomonetaristas, ha desafiado la institucionalidad burguesa y, en varios sitios, ha provocado un remezón ideológico-político en dicha institucionalidad.
Países como Ecuador y Chile no son, no serán lo mismo luego de los levantamientos populares. El movimiento social y popular ha dado grandes pasos, cumpliéndose aquello que en pocos días de lucha abierta, los trabajadores y los pueblos aprenden mucho más que en meses y años de relativa paz social. Luego de estas jornadas de protesta una nueva correlación de fuerzas sociales y políticas han surgido, en la que la presencia e incidencia el movimiento popular es mayor y la derecha política sale afectada.
En los sectores oligárquicos y sus fuerzas políticas de nuestro país se han prendido las alarmas y han puesto a rodar un discurso reaccionario que busca: desfigurar y descalificar la naturaleza del levantamiento de octubre, echar lodo sobre las organizaciones sociales, populares y políticas actuantes en esa lucha, y criminalizar la imagen de algunos dirigentes populares. Se habla –como lo han hecho en ocasiones anteriores- de «grupos radicalizados» y «terroristas» como responsables de la «violencia en la protesta».
En la reciente reunión mantenida en Quito, entre el secretario General de la OEA, Luis Almagro, el presidente Lenín Moreno y la ministra del Interior, María Paula Romo, se dijo que «la región está en peligro» y que en las protestas “se infiltraron grupos armados” que quieren desestabilizar a los gobiernos legalmente constituidos (Romo), ante lo cual Almagro llamó a «defender la democracia en la región». Es decir, los reclamos, las protestas de los trabajadores, de la juventud, de los pueblos indígenas que se producen en más de una decena de países de esta región no tienen razón alguna, pues, habría fuerzas extrañas, «enemigas de la democracia», que estarían conspirando.
Con esa misma trama, los jefes militares –encabezados por el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín- e inclusive militares en servicio pasivo pronuncian afiebrados discursos que describen la situación del país como un escenario de guerra y piden la adopción urgente de medidas y políticas «contra insurgentes».
En la ceremonia por los 63 años del Día del Paracaidista Ecuatoriano, en referencia a los recientes sucesos producidos en el país, el director de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fabián Fuel, fue muy explícito al decir: «Necesitamos que se revisen las leyes. Necesitamos equipamiento.(…) Este es el Ejército y la Brigada que cumplirá nuevamente con la defensa de la soberanía e integridad territorial ante esta nueva amenaza de delincuentes, de terroristas, donde nuestra misión será identificarles, aislarles, neutralizarles para ser entregados a las autoridades competentes».
Dos días después, Fausto Cobo, parlamentario Andino y militar en servicio pasivo, luego de señalar que en el levantamiento popular hubo una «guerra cibernética», que se «organizaron programas de insurgencia urbana y rural» y que es indispensable que el Estado desarrolle «operaciones psicológicas» sobre los ciudadanos, también manifestó que en su discurso, al general Fabián Fuel, le faltó decir una cosa que él si lo señala: «Hay que eliminar a las amenazas».
No cabe duda, han declarado la guerra al pueblo.