Por Redacción Opción
La alcaldesa de Esmeraldas, Lucia Sosa, el 20 de octubre lideró una asamblea ciudadana que rechazó la ola de violencia y crimen que vive la capital de la provincia verde y cuestionó las medidas del gobierno porque no han tenido ningún efecto práctico. La alcaldesa anunció que unas de las resoluciones de dicha asamblea son demandar al Estado Ecuatoriano con una acción de protección amparado en el artículo 274 de la constitución de la república que señala “Los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo territorio se exploten o industrialicen recursos naturales no renovables tendrán derecho a participar de las rentas que perciba el Estado por esta actividad, de acuerdo con la ley”.
Esta acción legal y constitucional contra el Gobierno Nacional y Petroecuador es para exigir que desarrollen obras prioritarias necesarias y urgentes para Esmeraldas, que es donde se industrializa y de donde se exporta el petróleo y tenemos el pleno derecho de participar de las rentas petroleras, señaló la alcaldesa,
“Aquí nos están matando las balas, pero también la contaminación del aire y del agua de los ríos que provocan la Refinería, Termo 1 y Termo 2 ” por lo que exigimos que haya un plan de remediación, añadió
Lucía Sosa, exigió al gobierno desarrollar un plan integral para enfrentar la ola de inseguridad y violencia, que significa más recursos para obras, para educación para empleo, demandó una mayor atención a una provincia ha sido golpada y postergada por todos los gobiernos. “Nunca llegó la plata de la reconstrucción que le correspondía a la provincia por los daños del terremoto del 2016, el actual gobierno no le devolvió los cinco millones de dólares que le descontaron en la época de la pandemia y ofreció devolver”.
Sin embargo, el Municipio ha puesto su parte, dos millones de dólares en cámaras de seguridad que las maneja el ECU911 y no podemos hacer más. Hemos contribuido en lo que podemos con las fuerzas policiales, pero dar chalecos antibalas, comprar motos, no es posible para un municipio al que le han restado recursos, además, esa es responsabilidad del gobierno central, dijo la alcaldesa.
La provincia de Esmeraldas es la segunda jurisdicción a nivel nacional con más muertes violentas registradas en lo que va del año. Ya son más de 400 asesinatos cometidos en ese territorio, está en segundo lugar luego de la Zona 8 que comprende la ciudad de Guayaquil, Durán y Samborondón, donde este año se contabilizan más de 1.100 asesinatos.
Fue declarada zona especial y el estado de excepción por el gobierno y según se informó se han enviado 2 000 efectivos militares y policiales adicionales; sin embargo, no hay resultados. La ciudadanía vive momentos de temor ante los crímenes y las amenazas de las bandas criminales que llegaron a la osadía de anunciar que cierren las actividades de la ciudad, que tengan las calles despejadas porque iban a celebrar los funerales de uno de sus miembros, esto sucedió el miércoles 20 de otubre. 95% de os negocios cerraron
Una solución integral, de tipo social también la reclamó el jefe de la Policía Nacional en la ciudad de Esmeraldas, coronel William Calle, “si se quiere componer la cosa, esta debe ser integral, debe haber mayor atención del Estado ya que hay sectores en donde «no hay agua, no hay una cancha de fútbol, muchos no tienen luz, no va el Ministerio de Cultura, no hay cámaras», esos grupos delictivos se acercan a la comunidad para darles obsequios y atender algunas necesidades de tipo social dijo al canal Teleamazonas. Y reveló que no se trata de banda pequeñas, en cárcel de Esmeraldas hay 1 500 tiguerones, pero en la calle la cantidad sobrepasa los cuatro mil miembros. Estas declaraciones le valieron que el oficial sea retirado a otras funciones.
La Asamblea ha convocado a una marcha ciudadana para el 10 de noviembre con el objetivo de insistir en sus pedidos. /RV.