Por Guido Proaño Andrade
La democracia, idealizada como el gobierno del pueblo y para el pueblo, opera en la práctica como una elaborada coreografía de apariencias que dista mucho de su definición teórica. Lejos de ser ese mecanismo «equilibrado de representación ciudadana», se manifiesta como una estructura profundamente condicionada y arrastrada por las agendas de los sectores económicamente dominantes. No solo está llena de imperfecciones, sino que está estructurada para garantizar a los grupos oligárquicos su permanencia en el poder.
En el país estamos viviendo un nuevo y escandaloso episodio del funcionamiento del sistema «democrático». La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, y un vocal segundón y, sobre todo, intelectualmente muy limitado, de nombre José Merino, pisotean normas y procedimientos legales con el obsesivo propósito de descalificar a Unidad Popular. Han fracasado en tres o cuatro ocasiones en el intento, pero no lo abandonan. ¿Qué grado de compromiso tienen esos personajes con el gobierno —o qué tipo de chantajes enfrentan— para insistir en algo que la opinión pública, de manera generalizada, señala como ilegal y, por ese motivo, rechaza?
El interés de eliminar o poner cortapisas a la actuación de organizaciones políticas de oposición forma parte de un proyecto gubernamental que busca instituir un régimen unipartidista —o bipartidista—, para lo cual la Asamblea Nacional introdujo reformas en el Código de la Democracia en julio del año pasado. Estas permitirían que la representación electoral se concentre en uno o dos partidos; la mayoría de los que queden fuera correrían el riesgo de ser, automáticamente, eliminados del registro de organizaciones políticas.
Se supone que en un régimen democrático no solo deben respetarse las diversas opiniones existentes, sino que deben garantizarse los canales necesarios para que estas se expresen; pero Noboa y Atamaint pretenden eliminar esos canales de expresión y participación política.
Podría pensarse que estas son cosas que solo ocurren en nuestro país, pero no es cierto. Hacia cualquier lado que miremos encontraremos maniobras y subterfugios que se mueven en ese sentido. Pongamos nuestra mirada en Estados Unidos, calificado por muchos como ejemplo de la democracia occidental.
Se trata de una democracia que apenas en 1965 reconoció el derecho efectivo al voto a la población negra, a través de la Ley del Derecho al Voto (Voting Rights Act), puesto que este ejercicio estaba, en los hechos, anulado por una serie de prohibiciones y prácticas discriminatorias. Fueron necesarias décadas de lucha y protestas que costaron muchas vidas para que la famosa «democracia estadounidense» aprobara una ley que «establece reglas uniformes para el registro de votantes y prohíbe aplicar requisitos distintos según raza o color». Isabel Wilkerson, en su libro titulado «Casta: El origen de lo que nos divide», realiza un relato estremecedor y un análisis muy bien argumentado sobre la discriminación y la lucha que debieron emprender los afroamericanos en EE. UU. para que sus derechos fueran reconocidos.
En noviembre de 2008, Barack Obama ganó por primera vez las elecciones presidenciales en Estados Unidos y lo hizo por segunda ocasión en 2012. En respuesta, los republicanos —en los estados bajo su control— introdujeron cambios en las leyes electorales, creando dificultades a los votantes. Entre 2014 y 2016, los estados eliminaron a casi dieciséis millones de personas de los censos electorales, según el Brennan Center for Justice. Wilkerson relata que «aprobaron nuevas leyes de identificación del votante, a la vez que creaban más barreras para obtener esa nueva identificación. Estas acciones tuvieron el efecto acumulativo de reducir la participación electoral de los inmigrantes y la población marginada, sectores que se consideraban más proclives al voto demócrata».
De cara a las próximas elecciones de medio mandato, y ante la caída de popularidad de Donald Trump por lo que ha sido su gestión en la Casa Blanca, los republicanos trabajan en una nueva maniobra que consiste en rediseñar el mapa electoral en los estados del sur de EE. UU. y eliminar los distritos que cuentan con mayoría de población negra, para garantizar un mayor número de representantes que mantengan la mayoría en el Congreso.
Así se manejan las cosas en la democracia burguesa, sea en Ecuador o en los Estados Unidos. Esto me recuerda una frase dicha por un viejo alemán: «El derecho es la voluntad de la clase dominante elevada al rango de ley». Ese señor se llamó Carlos Marx.