Por Jaime Chuchuca Serrano
Las lecturas históricas sobre el terrorismo dan cuenta de graves incoherencias de sus políticas. Algunas leyes secundarias han tenido más un cariz de persecución que la de solucionar problemas. Para lo cual la administración estatal y de justicia tiene varios riesgos de aplicación. La visión legalista ha criticado al terrorismo por marcar indiscriminadamente varios delitos que ya se encuentran en el catálogo penal. El terrorismo como concepto del gobierno de Lasso, está vacío de creatividad, pero es abundante en las cargas ideológicas que dominan el debate.
Al igual que el Estado de Emergencia recurrente se ha convertido en una declaración más, las políticas para el control de la criminalidad han seguido el mismo camino. La interpelación estatal, para señalar quién es el terrorista no cambia la estructura social de la inseguridad, pero sí altera el discurso político público. El Estado, al centralizar los recursos de la violencia, también se circunscribe a ser uno de los actores en el fenómeno terrorista, a veces de modo directo y otras indirecto. Para pensar de otro modo la política pública criminal, el problema central sobre el terrorismo no es este como tal, sino el Estado y sus mecanismos que se desenvuelven en la sociedad. Por ejemplo, el gobierno no tendría que radicalizar la estructura de la violencia, si hubiera resuelto el desempleo, la crisis económica, las restricciones educativas, etc.
La predominancia de la violencia delincuencial marcha al mismo paso que la ausencia del Estado en los sectores periféricos, donde aumenta la pobreza y el hambre. El ataque a los soldados de la armada en Posorja es un ejemplo de esto, sector que ha sido tomado como sitio estratégico de operaciones. Los grupos criminales al mismo tiempo que se incrustan en las instituciones estatales, también presionan por desterritorializar a sus comunidades. El conflicto ha alterado las formas cotidianas, llegando hasta al abandono habitacional, en lugares que disminuyen las opciones de vivienda. El modelo de derechos humanos no se puede irradiar en sociedades en que el Estado es el primero en incumplirlo. El crecimiento exponencial de la delincuencia no se puede solucionar con meras declaraciones.