Por Guido Proaño Andrade
Todos estamos familiarizados con el término recesión económica: ese frío diagnóstico que describe una caída generalizada del crecimiento y desata un efecto dominó de desempleo, falta de inversión y parálisis productiva. Es un concepto que genera pánico inmediato. Sin embargo, existe un fenómeno igual de peligroso, aunque más silencioso, que hoy empieza a ganar terreno en el debate público: la recesión democrática.
Leí el concepto hace poco en un informe que lo define como el debilitamiento gradual y sistemático de las instituciones, normas y libertades. Lo alarmante es que este deterioro suele ser impulsado desde adentro, por jefes de estado electos que utilizan la propia institucionalidad para socavarla. Este proceso, que ya afecta a más de la mitad de los países del mundo, consolida tendencias autoritarias sin la necesidad de un golpe de Estado.
Estoy seguro de que a muchos de ustedes se les vino a la mente el nombre de Daniel Noboa. También podrían pensar en Milei, Bukele, Modi, Orbán o en el propio Donald Trump.
En marzo de este año, Freedom House publicó un informe titulado “La libertad en el mundo 2026: El umbral de la resistencia”. Quienes analizan estos temas lo califican como uno de los más alarmantes de la última década. No soy admirador de esa organización, particularmente por el rol que ha cumplido desde la posguerra como instrumento de la política estadounidense. Aunque se presenta como independiente, la mayoría de sus recursos provienen del gobierno de EE. UU., lo que otorga a sus informes un sesgo político que prioriza la crítica hacia sus adversarios geopolíticos. No obstante, hay fenómenos político-sociales imposibles de ocultar, y este es uno de ellos. La denominación de «gran recesión» obedece a que 2025 marcó el vigésimo año consecutivo de declive de las libertades globales.
El informe también introduce con fuerza el término “autocracia por diseño”: cuando un gobierno, aprovechándose de herramientas democráticas como elecciones, consultas populares, reformas legislativas o decretos, desmantela la democracia desde sus cimientos. De esta manera, el gobernante autoritario ya no necesita los tanques en las calles.
Sí, lo imagino: nuevamente piensan en Daniel Noboa.
Esta administración ha puesto en marcha un plan sistemático orientado a centralizar el poder y subordinar las demás funciones del Estado. No obstante, esta estrategia ha encontrado una resistencia articulada por diversas organizaciones sociales y políticas. Mediante una combinación de recursos legales ante la Corte Constitucional, movilizaciones y una firme respuesta política en la consulta popular del año pasado —en la que Noboa recibió un contundente «cuatro a cero»— se ha logrado frenar parte de sus pretensiones.
Forma parte de esta estrategia oficial el ataque al movimiento popular organizado y a la oposición. Está en marcha un plan de criminalización de la protesta social, judicialización de líderes y el uso de las Fuerzas Armadas para contener el descontento. Es la respuesta violenta de un gobierno que se debilita; el temor al ascenso de la lucha de masas es uno de los motivos que lo empuja a actuar de esa manera.
Preocupa que el país experimente un proceso de esta naturaleza. La inquietud crece al ver que el número de países que en 2025 sufrieron retrocesos democráticos superó por amplio margen a aquellos que registraron avances. La lucha en defensa de los derechos y las libertades tiene hoy más vigencia que nunca; enfrentarla requiere unir las fuerzas de los más amplios sectores sociales y políticos.