Por Ramiro Beltrán
La seguridad social no es una concesión del Estado: es el resultado del trabajo de millones de afiliados, de históricas luchas por los derechos humanos y de la construcción de un ahorro colectivo basado en la solidaridad. Son los trabajadores quienes la sostienen; los jóvenes garantizan la protección de los adultos mayores; los sanos respaldan a los enfermos; y quienes perciben mayores ingresos contribuyen a equilibrar las desigualdades frente a quienes reciben menores remuneraciones. Este principio de solidaridad constituye la base de un derecho fundamental, expresión de justicia social y respeto a la dignidad humana, que hoy se encuentra seriamente amenazado.
Mientras la defensa de este sistema permanece fragmentada, los sectores privatizadores avanzan con disciplina y claridad estratégica. Apelan a un discurso de supuesta “neutralidad técnica” para encubrir su verdadero propósito: transformar un derecho en mercancía. Más grave aún es el papel del propio Estado que, en lugar de garantizar y fortalecer la seguridad social, ha recurrido de forma sistemática a sus recursos, debilitando su sostenibilidad y traicionando a quienes la financian. La deuda estatal alcanza cifras alarmantes —superiores a los 32 mil millones de dólares—, a lo que se suma una mora patronal superior a los 3 mil millones, configurando un escenario de asfixia financiera.
A ello se agrega un nuevo intento de desvío de recursos, al pretender que la seguridad social financie programas ajenos a su naturaleza, como los del SECAP, amparados en la denominada “Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia”, ley que pone en peligro los recursos de los trabajadores. Estas decisiones no solo vulneran la autonomía del sistema, sino que profundizan su deterioro estructural.
Posteriormente, ese mismo debilitamiento —expresado en la reducción progresiva de derechos y en el deterioro de las prestaciones— es utilizado como argumento para justificar la privatización. Se trata de una operación política evidente: erosionar lo público para imponer lo privado.
Frente a este escenario, no hay espacio para la ingenuidad ni la división. La fragmentación es la principal debilidad de quienes defienden la seguridad social. Su protección no se logrará mediante esfuerzos aislados, sino a través de la unidad, la organización y la acción colectiva.
– Defender la seguridad social es defender el trabajo, la solidaridad y el derecho a una vida digna- Porque lo que construyen los trabajadores no puede, ni debe, convertirse en botín del poder.
Ramiro Beltrán. Docente universitario jubilado, ex miembro de organismos nacional e internacionales de Seguridad Social, Miembro de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social, Miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción.