Por Mariano Santos N.

El 21 de junio pasado ecuador regresó al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) cuando la embajadora en EE. UU., Ivonne Baki, firmó ese acuerdo, 12 años después de la salida (en julio de 2009) de Ecuador de ese organismo perteneciente al Banco Mundial. El argumento de Ecuador para renunciar al CIADI se fundamentó en una violación constitucional que dispone “no celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales”.

¿La pregunta de rigor es? ¿Es conveniente para el Ecuador este regreso al CIADI?

Para responder a esta interrogante vale hacer una pequeña reflexión con respecto al sistema político que rige en los diferentes países del mundo y, las características de sus respectivos gobiernos.

Es evidente que la casi totalidad de países del mundo están inmersos en el capitalismo; sus gobernantes, son bien sea, empresarios o, sirvientes del gran capital; por tanto, son gobernantes que están al servicio del capital privado, principalmente transnacional y, no al servicio del capital público o estatal.  Con esta primera reflexión podemos entonces entender lo que pasa en estos tribunales de arbitraje, como los del Ciadi, que solamente procesa las demandas de las empresas transnacionales hacia los Estados, pero, no acepta demandas a la inversa, es decir de los Estados contra las transnacionales.

Por eso es que la gran prensa comercial que también están en la misma tesis de servir al gran capital y los «analistas» burgueses hablan de firmar estos acuerdos para promover un ambiente seguro y confiable a la inversión extranjera, que, de paso, dicen…»nos va a sacar de la pobreza…» y un poco más de sandeces

Seguridad jurídica para las empresas; y,? para los Estados, sus  comunidades?

Dicho de otra manera, estos tratados o acuerdos no son otra cosa que instrumentos, herramientas de imposición que permiten el saqueo, el robo a los Estados

Veamos entonces si es cierto o no, lo de los gobernantes, sus altos funcionarios y, a quién sirven, con unos ejemplos:

1.Caso Perenco

En estos últimos días el Ecuador se ha desayunado con una infausta noticia el tener que pagar una multimillonaria suma de dinero ($412 millones) a una empresa petrolera. Se trata de la petrolera Perenco que, cuando se instaló en el país engañó a todo el mundo, diciendo que era una empresa franco – británica…pero, resulta que era (es) una compañía MEDIO FANTASMA, constituida en un paraíso fiscal, en las Bahamas y con capital de dudoso origen, pues  uno de ellos es de un país africano…

Con los precios del petróleo que habían subido notablemente en el 2007 (a diferencia del precio bajo del año en que se firmó el contrato), en el gobierno de entonces, el de Correa, decidió  mediante decreto ejecutivo 662, expedido en octubre de ese año, cobrar a las compañías el 99% de los excedentes (por los altos precios) que se generaban, pero Correa dos meses más tarde reculó…en diciembre, le bajó al 70% de los excedentes, aunque con una trampita, pues daba la posibilidad a las petroleras de deducir esas ganancias extraordinarias en el impuesto a la renta; es decir que, lo que hizo con la mano, lo borró con el codo…

Fue este el pretexto de Perenco para salir del Ecuador y lo hizo en una actitud por demás arrogante y prepotente, pues dejó botando en forma irresponsable las instalaciones, los pozos, etc., en julio del 2009, acusando al Estado de expropiación, argumento esgrimido precisamente por el propio Ciadi, ante quien presentó la queja para el arbitraje; ni siquiera intentó renegociar el contrato como lo sí lo hicieron otras petroleras.

Es la época en que Correa manifestaba ciertas posiciones patrióticas, aunque algunas como ésta dejaron muchas dudas pues, el  trataba de presionar a las petroleras para que cambien el tipo de contrato de participación en que estaban, a prestación de servicios. Es precisamente, con este cambio del tipo de contratos que comienza el viraje de 180 grados de Correa, pues esos contratos de prestación significaron el inicio de la privatización de la extracción o producción petrolera en el Ecuador.

En esa línea, Ecuador decidió en julio del 2009, retirarse del CIADI. El entonces jefe de Estado dijo que era inconstitucional que la nación ceda jurisdicción a tribunales arbitrales internacionales.

Claro, es que ya estaba aprobada la nueva Constitución del año 2008, fruto de la activa movilización de diferentes sectores sociales y gremiales en el país y, Correa repetía el mandato del artículo 422 de ella, que claramente disponía(dispone):

«No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas«.

¡Quién es el abogado defensor del Ecuador ante el CIADI? Se supone que es el Procurador General del Estado…En el 2018, Lenin Moreno envió la terna al CPCCS transitorio para que éste elija al primero de la misma como Procurador General del Estado, al Dr. Iñigo Salvador.

Salvador no tenía buenos antecedentes, ya que trabajó en la tristemente célebre refinería invisible del Pacífico o de Manabí, en la cual emitió varios informes favorables precisamente a aquellas empresas que habían cometido fraude contra el país, acciones legales que, suponemos, están en curso.  Es decir que Salvador trabajó para favorecer a esas empresas, con capitales extranjeros y nacionales, que hoy están por decir lo menos, en litigio con el Estado ecuatoriano.

Fue precisamente él quien entregó informe favorable para contratar con el consorcio Worley Parsons – AZUL, COINCIDENTEMENTE la fiscalizadora de la Refinería de Esmeraldas y la del Pacífico, en donde se botaron a la basura $2369 millones y $1528 millones, respectivamente…

Hay nada menos que 8 informes con responsabilidad penal contra este consorcio australiano-ecuatoriano, que «fiscalizó» la Refinería de Esmeraldas y del Pacífico.

Para variar, vale decir sin embargo, que los actuales ministros de energía y gerente de Petroecuador fueron importantes ejecutivos en ese grupo Azul…

En esos llamados juicios de estos tribunales, los países, las partes, ponen testigos que evidentemente tienen que testificar en favor de la respectiva parte. Hay denuncias gravísimas de que uno de los testigos de Ecuador, testimonió precisamente en contra del Ecuador (¿quién lo puso?), este es un tema  que debe ser investigado.

Ahora, con este laudo en contra, el Procurador está muy preocupado para tratar de pagar a como dé lugar y, ¡rápido! los más de $400 millones a Perenco. Lo grave estriba en que un nuevo acuerdo con el CIADI significaría legalizar, legitimar el paso de esos más de $400 millones a Perenco…

2.Caso Oxy y Palo Azul

En el año 2006, durante el gobierno de Alfredo Palacio, el Estado declaró la caducidad del contrato con la compañía norteamericana Occidental (Oxy), en razón de varias irregularidades cometidas por esta transnacional, pero, principalmente por el traspaso de acciones a otra empresa llamada Encana (hoy Andes Petroleum), sin la autorización del Estado, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Hidrocarburos.

Los árbitros que integraron el Tribunal del CIADI aceptaron que Ecuador tenía la razón, pero consideraron que la sanción de caducidad era desmesurada, aunque hay otras cositas y cosotas en esa decisión, que veremos luego. A la final de cuentas, el Ciadi, en el 2016 sancionó al Ecuador con el pago de $980 millones de indemnización a la Oxy.

Sin embargo, vale la pena recordar algunos hechos que dieron argumentos a ese Tribunal del Ciadi.

A inicios del gobierno de Rafael Correa, el entonces ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, conformó una comisión  interdisciplinaria, entre geólogos, geofísicos, ingenieros de perforación, economistas y abogados de prestigio, para investigar varias irregularidades en el bloque 18, campo Palo Azul (en realidad Palo Rojo) y el accionar de la petrolera Petrobras, comisión que se creó vía acuerdo ministerial.  Esta comisión determinó la existencia de una cantidad impresionante de irregularidades, ilegalidades, etc.

Una de las acciones ilegales detectadas fue cometida el 24 de enero de 2005, cuando PETROBRÁS y TEIKOKU OIL CO. LTD Casa Matriz, suscriben el “Acuerdo de Venta y Asociación” para la transferencia del 40% de derechos y obligaciones del Bloque 18 y Campo Palo Azul de la primera a la segunda, sin la autorización correspondiente del ministerio, como exige la ley; es decir, la misma acción ilegal de Oxy que culminó con la caducidad de su contrato en el 2006.

Vale resaltar, sin embargo, como decimos en líneas anteriores, en este famoso bloque 18 se cometieron varias irregularidades; por ejemplo, este bloque tuvo el récord de haber pasado de mano en mano como el florón, pues, tuvo nada menos que 9 cesiones de derechos y acciones (en algunos casos con empresas de papel), destacándose entre otras, varias de los banqueros hermanos Isaías a través de una empresa que crearon denominada PetroManabí.

En una comunicación de junio 13 de 2007, entregada a Correa, el Ministro indicó la necesidad de iniciar de inmediato la caducidad, caso contrario se podía perder la demanda que Occidental había planteado al Estado en el CIADI por trato discriminatorio. El procurador de entonces, Xavier Garaicoa, también solicitó en febrero de 2008 iniciar la caducidad bajo las mismas causales aplicadas a Occidental. Igualmente, el entonces presidente de Petroecuador, Fernando Zurita, notificó a la compañía con el expediente de caducidad, pero cuando iba a firmar el documento

pidiendo al ministro la caducidad, ¡Oh sorpresa! Fue separado del cargo, pues Correa no autorizaba y, poco después el Procurador renunció.

Es decir, que hubo una tremenda confabulación, bien orquestada, dirigida por el propio Rafael Correa para beneficiar a Petrobras, perjudicar al Estado y congratularse con su ¿socio? Lula.

Fue este precisamente uno de los argumentos que utilizó el Tribunal del CIADI, trato discriminatorio en dos contratos con igualdad de acciones no permitidas (venta de acciones sin consentimiento del Estado), para condenar al ecuador al pago de los $980 millones mencionados.

Claro, había una gran amistad entre Correa y el presidente de Brasil, Lula…Es decir, Lula hizo lobby para que Petrobras no sea sancionada. El mismo Lula hizo también lobby para permitir el regreso de Odebrecht al Ecuador, luego de ser echada del Ecuador, y lo hizo con muchas ínfulas «ganando» más contratos que antes, contratos a dedo y por varios centenares de millones, varios de los cuales tienen una acción legal por sobreprecios, corrupción y algunos ya tienen sentencia.

Vale precisar que Petrobras no es una empresa 100% estatal pues apenas el 39,8%  pertenece al Estado brasileño, el resto es de capital privado trasnacional, principalmente norteamericano; por esto es que se acusa a Petrobras de ser una empresa gringa con fachada brasileira…empresa que, en el mismo Brasil, a través de varios de sus ejecutivos, al igual que en el Ecuador, ha estado involucrada en numerosos actos de corrupción.

Para colmo como los pájaros comenzaron a disparar contra las escopetas, Petrobras planteó una demanda al CIADI, la cual fue luego retirada, pero, previo a un arreglo extremadamente turbulento en que el Ecuador le pagó nada menos que $217 millones el 2012.

3.Caso Chevron (Texaco)

Si bien este caso no fue tratado en el CIADI sino, en una corte de La Haya (más bien en un Panel de árbitros de La Haya), el mismo revela cómo a través de estos mecanismos de arbitraje se cometen actos fraudulentos, prepotentes contra los países dependientes, con el contubernio de sus propias autoridades.

Este panel en agosto del 2018 emitió un laudo en contra del Ecuador, con una sanción económica no determinada aún, que puede ser mayor que la “sanción” del Ciadi por el caso Oxy, pero, ¿con unas “disposiciones”? ¿Órdenes? Verdaderamente inauditas como aquella que le impone al Ecuador de no hacer juicios ni tampoco demandas en otros países en donde Chevron tiene activos, es decir yéndose contra las leyes internas del País.

Ecuador, a través de la Unión de afectados por Texaco ya presentó un recurso de nulidad, pero, no frente al mismo «tribunal» de La Haya si no ante una corte interna de Los Países Bajos. En esta demanda contra el Ecuador, estuvo también presente como abogado del país, el doctor Iñigo Salvador, pero según Pablo Fajardo, abogado de los demandantes amazónicos, su actuación ha sido verdaderamente desastrosa.

En contrapartida, en el Ecuador, este caso ya atravesó (y ganó) tres instancias legales, estuvo en el Juzgado de lo Civil de Lago Agrio, en la sala provincial de Sucumbíos, y en la Corte Nacional de Justicia— y una cuarta, la Constitucional que la ratificó el 10 de julio del 2018, que le impone una sanción económica a Chevron por el valor de $9 500 millones.

Según el tribunal de La Haya, se determinó que la sentencia contra Chevron «fue obtenida a través de fraude, sobornos y corrupción». El sustento básico es una declaración juramentada de uno de los exjueces de Sucumbíos, llamado Alberto Guerra, quien asegura que el fallo de la Corte de Sucumbíos fue preparada y redactada por los demandantes, previo al pago de coimas a los jueces, entre otros él mismo. Pero, lo inverosímil es que este exjuez, sin ninguna calidad moral, que se fue a vivir junto con su esposa e hijos a los EE.UU. dijo después exactamente lo contrario, pues recibe un suculento salario por parte de Chevron desde el año 2013, según el portal estadounidense CRS Wire que señaló…«…Los pagos de Chevron a Guerra, que datan de 2013 a enero de 2015 (primer contrato), alcanzarían los $ 2 millones. El nuevo contrato continuaría…»

Pero, hay otros «notables ecuatorianos» que ayudaron a Chevron:

Alberto Dahik, como vicepresidente de Durán Ballén, fue quien lideró directa y personalmente la negociación del contrato de remediación ambiental suscrito el 4 de mayo de 1995 en la que textualmente deciden…

“el Gobierno y PETROECUADOR liberarán, absolverán y descargarán para siempre a TEXPET, Texas Petroleun Company, Compañía Texaco de Petróleos del Ecuador S.A., Texaco Inc…y a todos sus respectivos agentes, sirvientes, empleados, funcionarios, directores,

representantes legales, aseguradores, abogados, indemnizadores, garantes, herederos, administradores, ejecutores…»

Sin embargo, no son estas las únicas “travesuras” de Dahik, hay otra, como por ejemplo el haber implementado con Durán-Ballén los famosos tratados bilaterales de inversiones (TBI) con EE.UU.

¡Qué “coincidencia” !,pues firman en 1993 este TBI (1.993) antes del contrato de remediación (1.995), para precisamente proteger a Texaco

Sí, liberan totalmente a Texaco de su responsabilidad. Más aún, allí decidieron que el Ecuador ya no iba a presentar absolutamente ningún reclamo contra la Texaco, claro, si ya la habían legitimado como libre de todo pecado lo otro estaba por demás. Sin embargo, hay otros «ecuatorianos», que también participaron (como suscriptores del contrato) en este hecho ANTIPATRIA,  Galo Abril, ministro de energía y Federico Veintimilla, presidente ejecutivo de Petroecuador…Jamil Mahuad, un ex vice alcalde de Quito(Jorge Albán) y otros… En septiembre de 1.998     firmaron un acuerdo de finiquito con TEXACO, con la misma conclusión de la de tres años antes (1.995), liberando de toda responsabilidad a la Texaco, es decir decretar que todo estaba arreglado y no había pasado absolutamente nada. Este es otro de los argumentos que utiliza La Haya para castigar al Ecuador. Para ese año Texaco ya había “remediado” el 32% de las casi 1.000 piscinas tóxicas; pero, ¿los enfermos y muertos por cáncer?, ¿la desaparición de los Sionas, Siekopai, Kofanes, Tetetes y Sansahuari ?, ¿la enorme cantidad de esteros, ríos, lagunas, etc. contaminados?, ¿los miles de millones de metros cúbicos de gas echados a la atmósfera? Y otras tantas fechorías ¿no cuentan?: ¡un verdadero genocidio!

Este último término (genocidio) es precisamente el que utilizó la artista norteamericana Trudie Styler, cuando aterrorizada por lo que vio, al visitar la amazonia, declaraba hace unos años:  «Esto va más allá de un juicio, es un genocidio».  Tengo mucha rabia con Texaco. Puedo decir, con confianza que, si Texaco hubiera hecho en Estados Unidos lo que hizo en Ecuador, sus jefes estarían encarcelados, «quizá bajo pena de muerte» …

Como se puede ver muy claramente, ex presidentes, exvicepresidentes del Ecuador, ministros, gerentes de Petroecuador, etc. han trabajado para favorecer a compañías extranjeras, a las transnacionales y, los “tribunales” se encargaron del resto, razones más que suficiente para no regresar a esos centros del despojo, del robo,  con el contubernio de unos traidores a la patria.

¿Por qué no se elabora un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos, para proteger a las naciones y sus pueblos? En el 2003 el mismísimo Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró que dichos tratados son atentatorios a los derechos humanos…

Entonces, Lasso dejó de ser el hombre bonachón, el de consensos, el del diálogo; pura demagogia, pues su pasado y presente lo delata: está al servicio del gran capital, del cual el forma parte.

Prohibido olvidar: Guillermo Lasso es un presidente ilegítimo…