«El Estado debe respuestas sobre e feminicidio de Valentina Cocíos Montenegro»

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Por: Jonathan Tamayo V.*

Sofía Valentina Cosíos Montenegro, de 11 años de edad, desapareció el jueves 23 de junio del 2016, en las instalaciones de la Unidad Educativa Global del Ecuador, ubicada en la Av. 6 de Diciembre y Colón, en la ciudad de Quito.

Ese día, Valentina luego de finalizar sus clases debía trasladarse hacia el Conservatorio Nacional de Música donde, tras culminar la jornada, se encontraría con su madre, Ruth Montenegro, para regresar a casa. Pero la niña nunca salió del establecimiento educativo. A la mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado sin vida en el patio delantero de la institución, a pocos metros del ingreso principal.

Eran las últimas clases del ciclo lectivo. Apenas cinco días después Valentina habría aprobado el séptimo año de educación básica. Aquel día rindió su examen de inglés, obtuvo un 10/10 y, orgullosa de su logro, pidió a la profesora que le permitiera llevarse el examen a casa para enseñárselo a su madre. Valentina tenía la determinación y motivación suficiente para obtener buenas calificaciones y dedicar el resto del tiempo a su pasión por el arte, recuerda su madre. Cuando, por falta de tiempo, le tocó escoger entre la música y la danza, su amor por la flauta traversa delineó el camino que quería recorrer. El resultado no fue para nada decepcionante: se convirtió en primera flauta de su clase en el Conservatorio Nacional.

“Era muy amiguera, hacía amistad con otras guaguas e incluso con personas mayores con facilidad. Era muy generosa, sus compañeras me contaban que era como una pequeña profesora, con su deseo de enseñar al resto. En ocasiones, de la nada, me decía: mamá, me siento muy feliz y yo le preguntaba ¿por qué, pasó algo? Y me decía: no sé, siento una alegría en el pecho que me tiene así. Es una de las enseñanzas que Valentina me dejó, pese a todo es importante buscar esos motivos para vivir».

Ruth Montenegro, madre de Valentina

Con motivo del concierto de fin de curso, la tarde del 23 de junio del 2016, el grupo de estudiantes al que pertenecía Valentina se trasladó al sexto piso del Conservatorio, un sector al que los padres de familia no tenían acceso, para continuar con los ensayos. Cuando terminó la clase, Ruth se percató de que su hija no había estado presente en el lugar con sus compañeros e inmediatamente comenzó la búsqueda de Valentina. Lo primero que hizo fue revisar en los alrededores del edificio, pues el inspector de curso aseguró verla con una de sus compañeras en el teatro – la voz de Ruth adopta un tono de resignación –. Cinco años después todavía lamenta que el inspector haya creído verla en el lugar. Es por ese motivo que centró su búsqueda en el conservatorio. Además, en aquel momento descartó buscar en la escuela porque no veía posible que su niña estuviese ahí sin que ninguna autoridad se percatara y alertara a sus padres.

Ruth Montenegro recuerda la desesperación que sintió cuando no encontraba a su hija, la tarde del jueves 23 de junio del 2016. Foto: Óscar Flores / Asfadec

La noche llegó sin noticias de Valentina. Vladimir Cosíos, su padre, acudió a la Casa de la Cultura, punto de encuentro designado por la familia en caso de una emergencia. También buscó en las paradas de la ecovía y en las cercanías del sector. Ninguno tuvo éxito. Fue cuando Ruth optó por regresar a la escuela alrededor de las 20:00 y ver si obtenía una respuesta, pero extrañamente encontró las puertas cerradas, pese a que en las tardes funcionaba el instituto Global English Ecuador y un call center en las mismas instalaciones.

Las antiguas instalaciones de la Unidad Educativa Global del Ecuador se encuentran abandonadas en la actualidad. Foto: Jonathan Tamayo / Asfadec

Vladimir se acercó a la Unidad de Policía Comunitaria cercana a su barrio para solicitar ayuda ante la desaparición de su hija. Ahí le pidieron algunos datos de Valentina, le preguntaron si era la primera vez que desaparecía, se comprometieron a difundir la información con las demás unidades y le recomendaron acudir a la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas​, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased), a primera hora. Entonces regresó a casa con la esperanza de tener noticias.

A la mañana siguiente, Vladimir llegó a las oficinas de la Dinased e informó lo ocurrido con Valentina. Los agentes le indicaron que debía esperar porque en ese momento existían varios casos por revisar. Mientras tanto, Ruth se dirigía al Conservatorio para reiniciar su búsqueda, cuando recibió una llamada de la Unidad Educativa, en donde le indicaron que debía acercarse de inmediato. Apenas cruzó la puerta de ingreso, vio el cuerpo de Valentina en el piso del patio delantero, cerca del área de juegos. Al principio, Ruth pensó que su hija seguía con vida, pero al acercarse se dio cuenta de que estaba cubierta con una sábana. Las autoridades de la escuela le informaron que habían encontrado a Valentina sin vida en horas de la mañana. Recién cuando Vladimir informó lo ocurrido a los policías, ellos priorizaron el caso y se pusieron a disposición.

“Entiendo que la policía tenga mucho trabajo, pero una de las críticas que más hago es que no deberían suponer que una persona desaparecida está bien. Sí, pueden existir 999 de 1000 casos en que la situación se solucione con facilidad. Pero ese caso restante fue el de Valentina y puede ser el caso de otras personas, donde suponen que va a aparecer y no es así”.

Vladimir Cosíos, padre de Valentina

Irregularidades en la investigación

Según Ana Cristina Vera, directora de la organización Surkuna y abogada de Ruth Montenegro, la investigación presentó irregularidades desde el primer momento. En la primera autopsia que se realizó al cuerpo de Valentina, la perito afirmó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento y que existían signos de violencia sexual. Sin embargo, luego se retractó y alegó que había cometido un error. El fiscal Darwin Jaramillo, el primero en llevar el caso, impulsó la teoría de que el asesinato de Valentina había sido producto de un “desafortunado accidente” y quiso cerrar el caso al cabo de un mes.

Las inconsistencias en la investigación llevaron a que el entonces fiscal general del Estado Galo Chiriboga ordenara una segunda autopsia que se llevaría a cabo en la Unidad de Criminalística de Tungurahua, debido a que se trataba de un departamento más completo. Jaramillo desobedeció la orden del fiscal general y programó la pericia en la Unidad de Pichincha para un domingo, algo extraño en el sistema de justicia. Pese a incumplir lo dispuesto por su superior, nunca recibió una sanción y tampoco se conoce por qué actuó de esa forma en el caso de Valentina, explica la abogada.

“Abusó de mi desconocimiento en lo legal – explica Ruth –. Me dijo: llévese a esa niña y déjela que descanse en paz porque fue un accidente. Había una contradicción con lo que manifestó la médica legista. De una agresión sexual a un simple accidente hay un abismo. Sin nada de empatía, respondió que la única capaz de responder qué había ocurrido era mi hija, pero estaba muerta”.

Lo ocurrido permitió que la fiscal Mayra Soria, profesional con perspectiva de género, sea asignada al caso. Pero las inconsistencias en el proceso de investigación llevaron a que se realicen nuevas exhumaciones al cuerpo de Valentina, sin tomar en cuenta lo revictimizante y doloroso que esto puede ser para sus padres.

¿Qué sanciones recibió la Unidad Educativa Global del Ecuador?

El artículo 214 del Código de la Niñez y Adolescencia, vigente desde enero del 2003, señala que “las entidades que brinden servicios de educación y las de salud, públicas y privadas, deberán cumplir con las medidas de protección y resoluciones administrativas y judiciales que emitan las autoridades correspondientes y con los estándares de calidad establecidos”. Además, precisa en su artículo 50 que “las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes”.

Esto implica que las instituciones educativas están en la obligación de garantizar la integridad de una niña, niño o adolescente dentro de sus instalaciones, así como lo establece el artículo 2220 del Código Civil, que dice: “Toda persona es responsable, no solo de sus propias acciones, sino del hecho de los que estuvieren a su cuidado (…) Así, los jefes de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos, mientras están bajo su cuidado”.

En el caso de Valentina, las autoridades docentes y administrativas incumplieron con lo establecido en la normativa y la expusieron a una condición de vulnerabilidad. Ruth se pregunta: ¿Cómo es posible que una maestra o maestro, llamados a velar por la seguridad y vida de esa criatura que ha sido puesta en sus manos, no active ningún protocolo para su cuidado, ni alerte al papá o la mamá de una situación fuera de lo normal?

Otro de los elementos que llamó la atención a las partes fue que, a pesar de que se encontró el cuerpo sin vida de una niña en el patio de la escuela, la jornada de clases transcurrió con normalidad durante el viernes 24 de junio del 2016. Es decir, no se acordonó el lugar ni se cuidó la escena, llegando al punto de que la institución realizó cambios en las instalaciones sin ninguna autorización. Además, el siguiente año lectivo arrancó con normalidad, como si nada hubiese ocurrido y omitiendo la responsabilidad del establecimiento. Recién un año después, el Ministerio de Educación emitió una sentencia de cierre para la institución. No obstante, tanto Ruth como Vladimir señalan que la unidad educativa continúa funcionando con otro nombre en el sector del Valle de Los Chillos. La abogada Ana Cristina Vera asegura que se utilizaron testaferros para abrir la Unidad Educativa Atlantis del Valle, incluso con la misma planta docente y administrativa, pero el ministerio justificó que las pruebas presentadas son insuficientes para comprobar esta información, por lo que no podría tomar ninguna medida sancionatoria.

“Para mí, hablar de instituciones educativas en este país es hablar de acoso, violación y muerte. En el mejor de los casos proceden a reubicar al docente que ha sido denunciado en otro establecimiento. Eso no sirve de nada, te convierte en cómplice para que estos hechos se repitan una y otra vez”.

Ruth Montenegro, madre de Valentina

Vladimir revela que, tras lo ocurrido con su hija, salieron a la luz varias anomalías como la falta de cámaras de seguridad, la ausencia de un organigrama estructural o que el dueño del establecimiento educativo fungía como director. En otras palabras, la escuela Global del Ecuador ofrecía un servicio sin cumplir con ciertos parámetros necesarios para obtener el permiso de funcionamiento. Para él, la lucha diaria para exigir verdad, justicia y reparación en el caso de Valentina también es una forma de evitar que un hecho así se vuelva a repetir y que las autoridades hagan cumplir los requerimientos establecidos en la ley.

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90 días de instrucción fiscal

El pasado 10 de junio, la Fiscalía General del Estado inició una instrucción fiscal en contra de la docente Daiana Paulina M. R. por el delito de homicidio culposo. De acuerdo al boletín de prensa presentado por fiscalía, Daiana M. fue la última persona en ver a Valentina con vida, la tarde del jueves 23 de junio, cuando la encontró en la resbaladera de la escuela, dos horas más tarde del horario de salida. Sin embargo, no informó de este hecho a sus padres ni constató que irían a recogerla, pese a contar con los números telefónicos de ambos. Tampoco notificó a las autoridades de la institución, sino que se marchó del establecimiento y dejó a Valentina en el lugar. Por ello, se determinó que infringió el deber objetivo de cuidado, con base en el artículo 145, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), subsumido en el artículo 27 del mismo cuerpo legal.

“El deber objetivo del cuidado es la atención especial que los profesionales deben tener para no incrementar el riesgo con acciones innecesarias, ilegitimas y peligrosas. Por ello, deben cumplir protocolos y reglamentos y disposiciones, en este caso, de seguridad escolar”.

Fiscalía General del Estado

El juez de Garantías Penales de Pichincha, Máximo Ortega, dio paso a los pedidos de Fiscalía, tanto en medidas cautelares como en las de protección. Entre las medidas dictadas por el juez se encuentra la disposición de que la Red de Salud Pública entregue tratamiento psicológico a los padres y los cuatro hermanos de Valentina, por considerarlas víctimas secundarias en este caso.

La fase de instrucción fiscal o investigación pública durará 90 días, como lo indica la Ley. En ese tiempo, los agentes policiales y la fiscalía deberán recabar más evidencias del caso.

¿Qué implicaciones tiene la audiencia de formulación de cargos que se llevó a cabo y por qué debieron pasar cinco años para iniciar la instrucción fiscal? Ana Cristina Vera responde estas interrogantes:

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El canto y la música se transformaron en resistencia

El amor que Valentina sentía por el arte es una de las motivaciones que encontraron sus padres para exigir justicia. Son varias las canciones que se han compuesto para recordarle al Estado ecuatoriano que a Valentina le arrebataron su vida y la oportunidad de cumplir sus sueños. Desde el primer momento, Ruth Montenegro recibió el acompañamiento y apoyo de la organización feminista Surkuna, reconocida por su lucha en contra de la violencia de género. Durante su proceso de lucha y exigencia de justicia, convirtió al canto y la música en una forma de resistencia frente a la inoperancia del Estado.

“Con mis hijos decidimos retomar esto que amábamos tanto con mi niña, como un homenaje a la alegría que tenía – relata Ruth –. El mayor homenaje que puedo hacerle, pese al dolor de su pérdida, es ser feliz. Me sigo aferrando a la vida, creando nuevas esperanzas, no solo para Valentina, sino también porque un agresor anda libre y puede hacer daño a otros niños”. Ruth tiene claro que, aunque el camino muchas veces sea cuesta arriba, es una necesidad continuar con acciones para visibilizar la negligencia del Estado ecuatoriano y exigir que cese la impunidad para que ninguna niña vuelva a ser agredida y asesinada ni dentro de una institución educativa ni en ningún lugar; y así, ninguna madre sufra lo que ella vivió en los últimos cinco años.

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Por su parte, Vladimir Cosíos se sumó a la movilización social impulsada desde la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador (Asfadec) desde el año anterior para exigir justicia para su hija. El pasado 21 de marzo del 2021, tomó su bombo y se embarcó en la Primera Caravana por las personas desaparecidas y encontradas sin vida en Ecuador que recorrió las ciudades de Guayaquil, Cuenca, Loja, Chillanes y Bucay, en donde se desarrollaron tomas del espacio público y plantones en los exteriores de las entidades estatales.

De esta forma, Vladimir rescata el valor que tiene la organización social y la construcción de colectivos que defiendan los derechos humanos. Para él, es la única forma de lograr cambios en la sociedad, debido a que las acciones individuales son insuficientes para conseguir resultados, a diferencia de los logros que puede obtener un grupo de personas encolumnadas detrás de una misma causa.

Foto principal: Una de las pancartas utilizadas para exigir justicia por Valentina durante el plantón del pasado 25 de noviembre del 2020. Foto: Facebook Justicia Para Valentina Cosíos

*Comunicador Social por la Universidad Central del Ecuador. Voluntario en Asfadec 

Contactos de prensa: 

Lidia Rueda, presidenta de Asfadec – 099 560 1228

Comunicación Asfadec – 099  287 2742

Fuente: ASFADEC

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